Podcast | A 33 años del Caracazo, «el fin de la ilusión democrática»
La exministra Paulina Gamus recuerda que el expresidente Carlos Andrés Pérez intentó imponer un paquete de medidas económicas sin consenso de los partidos, siquiera el propio (Acción Democrática), lo que derivó en una serie de protestas y uno de los episodios masivos de violaciones a derechos humanos de la Venezuela contemporánea: el Caracazo. «Carlos Andrés Pérez no lo entendió, nunca pensó que le iba a pasar a él»
El Caracazo (27 de febrero de 1989) todavía se mantiene en la memoria colectiva como uno de los episodios de protestas venezolanas, donde los saqueos por parte de la población y la masiva violación de derechos humanos rompieron con el equilibrio de un país golpeado por la crisis económica. La exministra y excongresista Paulina Gamus aseguró que, además, el Caracazo debe ser visto como «el fin de la ilusión democrática».
«Había un caldo de cultivo. Había escasez en los últimos años de Jaime Lusinchi y corrió la arruga para hacer las reformas necesarias (…) La gente estaba preparándose para la catástrofe, para lo que iba a suceder», recordó la exministra durante un foro organizado por la Fundación Friedrich Ebert y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, que se realizó este jueves 3 de marzo en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela.
Ese «caldo» se aderezó con la decisión de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) de imponer un paquete de medidas económicas sin consenso de los partidos, siquiera el propio (Acción Democrática, donde también militaba Gamus), «por su arrogancia basada en los votos que obtuvo».
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En este punto coincidió la historiadora Margarita López Maya, quien explicó que ya Venezuela estaba en una crisis bastante seria que se expresó en una crisis social muy profunda.
«No creo que de fortuito tuviera algo (El Caracazo), faltaba el fósforo prendido en la masa explosiva de la sociedad venezolana y el detonante fue el aumento del pasaje de transporte público de un 100%. Lo que hay antes de eso son una serie de procesos y de decadencia de la economía venezolana, que no podía seguir dependiendo del ingreso petrolero para ser una economía sólida, necesitaba instituciones capaces de hacer puente con la sociedad civil y un sistema político anquilosado y reticente a las reformas”, reiteró López Maya.
La historiadora señaló que en Venezuela se intentó empezar a hacer el cambio de modelo de desarrollo en la época de Jaime Lusinchi con el VII Plan de la Nación, «allí hay un diagnóstico de que el modelo rentista está acabado y hay una propuesta para un modelo diferente. Pero había un sector para privatizar empresas públicas y que los trabajadores fueran propietarios de esas empresas y Fedecámaras se negó».
También considera que no había posibilidad de respuesta de la élite política para responder a los problemas del país. «Los pactos de la democracia venezolana se estaban deshaciendo pero la élite política estaba ciega y sorda, reticente a los cambios y las reformas que el país estaba pidiendo».
Por ello, considera necesarios canales de resolución de conflictos sociales con las instituciones democráticas para evitar que hechos como el Caracazo se repitan.
El Caracazo, un «accidente histórico»
Alonso Moleiro, periodista y escritor de La nación incivil, que analiza estos sucesos, sostuvo la tesis de que el Caracazo fue un «accidente histórico» porque las circunstancias tuvieron muchas protestas de momento.
«La sociedad venezolana no lo tenía planteado. Cuando el Caracazo se concreta, la gente debatía cuándo sería el próximo y no se ha vuelto a concretar por muchos motivos. El gobierno de Carlos Andrés Pérez se tomó mucho tiempo para tomar decisiones respecto a las protestas y la televisión, sin querer, multiplicó la sensación de los saqueos», explicó Moleiro.
Ese «accidente» fue aprovechado, a juicio del periodista, por algunos grupos de ultraizquierda «que se montaron en el proceso. A pesar de que había grupos trabajando, pero un poco disímiles entre sí, no significa que no estuvieran trabajando, sobre todo como se desarrolló la situación. Ya los grupos guerrilleros en ese momento estaban bastante disminuidos».
Moleiro coincide con Paulina Gamus y Margarita López Maya en afirmar que ese evento «forjó el ocaso de la democracia ante las masas. Acabó con la idea de pactos políticos, de límites, de contención. La democracia no se supo defender a sí misma, no hubo procesos. La televisión activó un discurso antipolítico, surge una especie de nostalgia perezjimenista, aunado a la crisis económica».
Todos estos escenarios, a su juicio, fueron interpretados «con mucha habilidad e inteligencia por Hugo Chávez para lograr su proyecto político e imponer su narrativa. El Gobierno chavista convierte el Caracazo en su tesis para utilizar los barrios (…) Luego de su llegada al poder, se empezó a relativizar a los propietarios, no solo el gran empresariado, bajo la justificación del hambre de los pueblos; además del empuje en la división de clases, el aumento de la delincuencia».
El saldo del Caracazo en derechos humanos
A la exministra Paulina Gamus, como congresista, le tocó presidir la comisión especial para investigar esos hechos, y lo rememora como «un torneo de demagogia» de las distintas fracciones políticas para imponer sus narrativas.
En particular, reconoció el impulso de defensores de derechos humanos como Liliana Ortega, una de las fundadoras de Cofavic, pues «se mantuvo perseverante en la defensa de los derechos humanos. Hicimos la exhumación de los cadáveres, es muy triste hablar de cifras de muertos como si no fuese cada uno importante. La destrucción fue espantosa. Carlos Andrés Pérez no lo entendió, nunca pensó que le iba a pasar a él como nunca entendió otras cuestiones como el golpe de Estado».
La exministra también considera que el Caracazo «quedó en la memoria para que más nunca haya un Caracazo, esos grandes saqueos, los muertos, la violación de derechos humanos».
Por su parte la socióloga y coordinadora de monitoreo de Provea, Lisseth González, dijo que violaciones de derechos humanos hubo muchas y muy graves durante la democracia contemporánea, «pero, probablemente, no son comparables a eventos tan masivos y mediáticos como la masacre de El Amparo y el Caracazo, que interpelaron a la opinión pública».
Con estos empezó un movimiento de búsqueda y lucha contra la impunidad que no estaba vinculado a la política, sea quien sea la víctima, señaló González, al tiempo que mencionó que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que impulsaron el 27 de febrero como un día nacional, no ha cumplido las reparaciones o rendido cuentas como Estado de esos hechos.
«Solo se cumplieron las reparaciones económicas de la Corte Interamericana, pero la identificación de todos los muertos o el procesamiento judicial de policías no se hizo (…) Esto ha llevado a un ciclo de reproducción de violencia política, donde las víctimas de ayer son los victimarios del mañana”.
Para la periodista Vanessa Davies, la suspensión de garantías constitucionales significaron «la violación y el desmadre. Los políticos no midieron el darle carta blanca a la Fuerza Armada». Considera, además, que la sociedad necesita saber que hubo gente presa, torturada, y evitar su repetición.
«Probablemente el liderazgo político y económico se está reencontrando para la economía bodegónica, pero la sociedad se está reencontrando de otras formas (…) La sociedad necesita escuchar que aquellos que reprimieron pidan perdón, que digan que se equivocaron», dijo.
Historia para escuchar
Esta serie de cuatro podcasts titulada El Caracazo: los restos de la democracia, es un esfuerzo del ILDIS-FES Venezuela por problematizar la historia contemporánea de Venezuela y las políticas de memoria que se han establecido en los últimos años.
A través de una conversación entre Margarita López Maya, historiadora y vicepresidenta del Latin American Studies Association (LASA), y Neller Ochoa, historiador y asistente de proyectos del ILDIS-FES Venezuela, se busca reconstruir y poner en escena los principales acontecimientos, debates, opiniones y consecuencias de este estallido social ocurrido en Caracas y las principales ciudades del país entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.