El caso Conoco-Phillips, por José Guerra
Twitter: @JoseAGuerra
Tras la apertura petrolera que comenzó a hacer Venezuela desde inicios de los años 90, encaminada a aumentar la producción debido a la tendencia declinante de la extracción de hidrocarburos, se suscribieron un conjunto de convenios y asociaciones entre empresas transnacionales y el Gobierno de Venezuela para la explotación de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Ello permitió incrementar la producción de petróleo en al menos 400.000 barriles diarios desde finales de los años 90.
En la onda estatizadora de la economía emprendida por Hugo Chávez a partir de febrero de 2007, el 26 de junio de ese año se decretó la expropiación del proyecto Petrozuata que tenía 50,1% del capital en manos de Conoco-Phillips (CP) y el 49,9% por parte de Pdvsa y del Proyecto Hamaca donde CP tenía 40%, Chevron 30% y Pdvsa 30%.
Conoco-Phillips recurrió al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) para solicitar la compensación por sus activos expropiados, por valor significativamente exagerado de US$ 30.300 millones, mayor a todas las reservas internaciones de la nación de ese año.
De los tres árbitros nombrados por el Ciadi para resolver el caso, el que representaba a Venezuela, el doctor Georges Abi‐Saab, tuvo que renunciar por motivos de salud, de manera tal que desde febrero de 2015 Venezuela no tenía quien lo defendiera en el litigio.
El laudo del Ciadi de febrero de 2019 indicó que Venezuela debía pagar US$ 7.813 millones a CP por la suma de sus activos en los proyectos Petrozuata y Hamaca. Aunque esos laudos son inapelables sí se puede solicitar su anulación, y eso hizo Venezuela en julio de 2019, bajo argumentos sólidos según los cuales los precios del petróleo referenciales de los proyectos eran exagerados, que la expropiación no fue ilegal, como argumentaba CP, porque se mostró voluntad de pagar y se trató de una acción general, no específica contra CP y, además, porque Venezuela no tuvo derecho a nombrar un árbitro.
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Actualmente hay que seguir con el juicio de anulación del laudo en el contexto de la complejidad que significa el Gobierno de Maduro y el Gobierno Interino.
Para Maduro, perder ese juicio no es relevante, porque ello sería un argumento contra la oposición y por el hecho que ha sido absolutamente irresponsable en el manejo de la deuda pública; pero para la oposición venezolana avanzar en la anulación del laudo es fundamental para preservar los activos nacionales y, por esa razón, es que hay que tratar esta disputa con una política nacional que esté más allá de la controversia política coyuntural, para lo cual hay que proveer los recursos para la defensa y protección de los activos de la república y de los venezolanos.
Por mi parte, cumplo con el deber de alertar sobre el peligro de que se pierda el juicio por la falta de defensa y lo que ello significa para el interés nacional.
José Guerra es diputado por Caracas electo en 2015. Profesor asociado de la Escuela de Economía UCV
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