CNE, TSJ y ANC recompusieron el mapa político a conveniencia del Gobierno
Francisco Castro, coordinador de investigación de Súmate, advierte que pareciera que el Ejecutivo usa al Poder Electoral para avanzar hacia el partido único
Ascensión Reyes R.
El Consejo Nacional Electoral junto con el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente han convertido en una degollina las convocatorias para renovar las nóminas de los partidos. Con cada proceso van cayendo en el terreno de la ilegalidad las organizaciones políticas tradicionales de oposición.
Mientras que aquellas que han surgido en la disidencia del chavismo y han pretendido su validación ante el Poder Electoral “mueren en el intento”.
La ilegalización de las organizaciones políticas arrancó en 2015, luego del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias en enero de 2016 la Sala Constitucional del TSJ hizo una interpretación sui generis del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos que obligó a la renovar la nómina de militancia. Fue una especie de castigo porque los partidos de oposición concurrieron a las parlamentarias bajo el paraguas de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que resultó la tarjeta más votada de la historia.
Para las elecciones regionales, el CNE impidió a la MUD postular candidatos en algunos estados debido a las denuncias de presuntas irregularidades cometidas en referéndum revocatorio.
En diciembre del año pasado la ANC dicta el decreto constituyente para la participación en procesos electorales, publicado en Gaceta Oficial, número 41.308 de fecha 27 de diciembre de 2017.
Este fue un fundamento para que el Poder Electoral ordenara repetir algunas de estas convocatorias. Se alegó que los partidos que no postularon candidatos a las elecciones nacionales, regionales o municipales anteriores debían legalizarse y además, que no podían postular candidatos hasta tanto no cumplieran con el proceso.
A la larga ese criterio también privó para las elecciones presidenciales de 2018.
En julio pasado el CNE convocó para dos tandas la legalización de las organizaciones. El 8 de ese mes informó que se abría el periodo de inscripción para 30 organizaciones unas nuevas y otras que no habían pasado el examen en 2017 y 20 días después, convocó a Acción Democrática (AD), Generación Democrática (Gente), Nueva Visión para mi País (Nuvipa) y Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT) a validarse otra vez, entre el 13 y 15 de agosto.
De las 30 que fueron llamadas, el 8 de julio, al final el 25 de agosto acudieron a formalizar la validación con las captahuellas: Cambiemos Movimiento Ciudadano, Soluciones Por Venezuela, Lápiz Procomunidad, Independientes por la Comunidad Nacional, Fuerza del Cambio, Acción Ciudadana en Positivo y Partido Independiente de Venezuela. Liberal Prociudadanos no acudió a la biométrica por considerarla ilegal, por lo tanto, no será legalizado.
Es así como está instancias fueron tejiendo el nuevo mapa político de Venezuela en su mayoría con partidos u organizaciones políticas, cuyo músculo está por verse.
En enero de 2018, el Poder Electoral hizo un proceso de renovación de nómina de militantes ahí quedaron por fuera Voluntad Popular porque rechazó la convocatoria y Primero Justicia, que no recogió las firmas y luego, no le permitieron el reparo.
El miércoles 8 de agosto AD y UNT introdujeron un escrito ante el CNE. En primer lugar destacaron que no tienen constancia de que la convocatoria “obedezca a una decisión formal del directorio del CNE”.
También, le señalan al organismo comicial que en 2017 realizaron el proceso,
el cual no ha sido objetado por ninguna autoridad jurisdiccional competente y además, que ambos partidos han actuado apegados a sus derechos políticos y constitucionales por lo tanto, decidieron notificar al CNE que no participarán en la convocatoria que “no está ajustada a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos vigente en preservación de nuestros derechos políticos y constitucionales”.
Pese a su argumentación AD y UNT quedaron invalidadas por no entregar los recaudos en el organismo comicial. Igual suerte corrieron Nuvipa y Gente.
De la ilegalidad
Vicente Bello, técnico electoral de la UNT, destacó que la ANC no tiene competencia para dictar decretos en el ámbito de los partidos y el CNE para suspender a una organización tiene que cumplir con la Ley de Partidos Políticos.
Explicó que de acuerdo con la ley y dos sentencias del TSJ, una vez que los partidos tienen renovada su nómina y si el CNE no hubiese presentado ninguna objeción, como no lo hizo en 2017, esas organizaciones están vigentes hasta que se realizase elecciones en dos periodos constitucionales, y en caso de que se abstengan de manera consecutiva quedan ilegalizados.
Dejó en claro que en Venezuela no se han realizado dos elecciones nacionales de periodos constitucionales, por lo tanto deberían estar vigentes todos los partidos que renovaron su plantel en 2017. Entre ellos se incluyen: AD, Voluntad Popular, Primero Justicia y UNT, entre otros.
Sin embargo, el CNE basándose en el decreto de la ANC de diciembre de 2017 está convocó a los partidos a que renovaran su nómina.
“Eso es totalmente ilegal. Además, esa convocatoria no fue aprobada por el directorio del CNE, sino que surgió de la rectora Tania D’Amelio en una diario de circulación nacional”.
Para Bello el gobierno está reconfigurando el mapa político venezolano. Recordó además que el CNE con una interpretación sui generis de la ley permitió al MAS, PPT y PCV validarse pese a que no alcanzaron 1% del RE en algunos estados en las elecciones parlamentarias de 2015.
Félix Arroyo, consultor electoral, coincidió con Bello al afirmar que esos procesos son ilegales. Puso de relieve la incongruencia de que prácticamente estén vigentes dos leyes de Partidos Políticos. En la última que data de 2010 se estableció que las organizaciones que no participaron en dos periodos para las elecciones de la Asamblea Nacional deben volver a validarse.
Destacó que es con estos comicios que se mide la fuerza de los partidos y que el CNE le sigue el juego a la constituyente.
De interpretación a interpretación
Francisco Castro, coordinador de investigación de Súmate, destacó que el CNE realiza desde 2017 unos procesos de renovación de partidos que son ilegales desde el principio. “Originalmente introdujeron ante el TSJ unas consideraciones sobre lo que dice la Ley de Partidos, que deben acudir a renovación tras no participar en dos periodos constitucionales. Ahora, el TSJ interpretó en sentencias que esto significaba la no participación en dos elecciones bajo esa premisa sometió al proceso de validación a un número importantes de organizaciones en 2017 fueron más de 40. En esa oportunidad acudieron al proceso AD, VP, PJ, UNT y AP. Posteriormente, hicieron una enmienda para validar a otras organizaciones aduciendo que no necesitaban renovar nóminas. Eso permitió la legalización de Podemos, el MAS y el PPT, entre otros”.
Relata que en 2018 el CNE violando sus propios reglamentos, la ley y las sentencias del TSJ canceló las organizaciones políticas por no participar en las elecciones presidenciales y no les permitió la inscripción de candidatos para la elección de los consejos legislativos.
Las organizaciones no participaron en diciembre en la elección de alcaldes fueron: AD, VP y PJ, entre otras y cuando se convocaron las presidenciales para el 20 de mayo de este año se llamó a que validaran cuando se abstuvieron en comicios locales y no nacionales.
En las presidenciales estas tres toldas tampoco inscribieron candidatos y les cancelaron el partido.
“Interpretaron elecciones nacionales consecutivas. Eso es claramente una retaliación política y es contrario a los principios de imparcialidad y transparencia con los cuales debe operar el CNE y además, violan la Ley de Procedimientos Electorales, el derecho a la participación política, de asociación de elegir y ser elegido. Violan los derechos políticos de millones de ciudadanos a la libre asociación política al no permitir la participación de las agrupaciones políticas”.
Destacó que se han cancelado más de 50 organizaciones políticas desde 2017 y entre ellos, los partidos de la MUD.
“Sin duda tenemos menos organizaciones, es una restricción de las libertades y de los derechos políticos de los ciudadanos. Estamos hablando de la eliminación o cancelación de los partidos de oposición más grandes. Estamos hablando de la cancelación del partido MUD, que es la tarjeta mas votada en la historia republicana de Venezuela. La Carta Magna lo establece que los periodos constitucionales, son los legislativos. Ahora hay diputados electos, cuyos partidos fueron cancelados por no participar en unos comicios que no son ni siquiera elecciones parlamentarias y se quedaron sin partido en términos reales en el ejercicio de su actividad legislativa”.
Castro subrayó que los partidos son importantes en el ejercicio de la actividad parlamentaria, porque representan el enlace entre los ciudadanos y el aparato político.
“Pareciera que no solo se le aplica a la oposición, sino que el Ejecutivo está usando al Poder Electoral como herramienta para avanzar a un sistema de partido único y el único validado ser el PSUV. Se avanza hacia el partido único como en Cuba y en otras dictaduras clásicas”.
