El contexto social de la crisis del gobierno en Perú, por Marino J. González R.
Twitter: @marinojgonzalez
Dentro de las primeras obligaciones de un gobierno democrático está la generación de confianza para los ciudadanos. De manera que las múltiples políticas públicas que se deben poner en marcha, se desenvuelvan en un ambiente de estabilidad institucional. Cuando el origen de la inestabilidad está en el propio desempeño del gobierno, la gestión de las políticas públicas alcanza mayores niveles de dificultad. En el último año, los ciudadanos de Perú han experimentado las negativas consecuencias de que sea el gobierno el principal factor de distorsión de la vida social.
En los 14 meses transcurridos desde el inicio de la gestión del presidente Castillo, se han producido 72 cambios de ministros, incluyendo los que fueron censurados por el Congreso. A esta fuente de inestabilidad, hay que agregar las acusaciones contra el propio presidente Castillo.
En un ambiente de estas características, es fácil entender que según datos de la encuesta de Ipsos realizada para Transparencia Internacional en Perú en agosto de 2022, el 37% de la población consideraba que el tercer problema del país era la «crisis política». Este porcentaje representa casi cuatro veces más que lo que se había reportado en 2008.
Los datos más recientes sobre la evaluación de la gestión del presidente Castillo (de septiembre de 2022), indican que su gestión es reprobada por el 67% de la población. En otra encuesta de julio de 2022, al cumplirse el primer año de gestión, la reprobación del gobierno se produjo en las ocho áreas de políticas consultadas. Los mayores porcentajes de reprobación correspondieron con las siguientes áreas de políticas públicas: lucha contra la delincuencia (81% de reprobación), control de la inflación (80% de reprobación), y reducción de la pobreza (78% de reprobación).
Estas opiniones de los ciudadanos son bastante consistentes con la evolución de la situación social y económica de los dos últimos años en Perú (años relacionados con la gestión del presidente Castillo). De acuerdo con las últimas estimaciones del FMI (publicadas la semana pasada), la tasa de inflación de Perú en 2022 puede ser la más alta desde 1997 (hace 25 años), esto es, 7,4%, cinco veces más que la tasa de inflación de 2018.
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También de acuerdo con el FMI, la tasa de crecimiento de la economía en 2022 será 2,7%, distante del 4% registrado en 2018. El FMI estima que hasta el año 2027 (último año de estimación), la tasa de crecimiento anual no superará 3,2%. En la práctica, esto significa que el PIB per cápita (en términos del poder de compra) dejará de aumentar, al menos comparado con el resto de los países de América Latina. Por otra parte, la tasa de desempleo estimada por el FMI para 2022 es 7,6%, la más alta del país desde 2012. De acuerdo con estas estimaciones, la tasa de desempleo será mayor a 7% hasta 2027.
Los ciudadanos de Perú están percibiendo en sus ámbitos cotidianos el impacto de la inflación y las dificultades para la generación de empleos. Ello es evidente por el nivel de insatisfacción que expresan sobre estas políticas. Dados los escenarios restrictivos previstos en los próximos años, tanto en el crecimiento económico como en el mercado de trabajo, es bastante probable que, de continuar las grandes debilidades de la gestión del gobierno nacional, se afectará aún más el nivel de bienestar de la población. Lamentablemente, los efectivos negativos de la inestabilidad de gestión en la calidad de las políticas públicas es ya un tema preponderante en la evolución institucional en Perú.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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