El cuento del gallo pelón de la «cédula electrónica» se actualiza en 2023
El director del Saime, Gustavo Vizcaíno, mencionó que se avanza en el proyecto de una nueva cédula de identidad, una promesa que se acumula desde hace 22 años en Venezuela. Dos décadas de anuncios incumplidos, retrasos, millones invertidos que no terminaron en resultados prometidos, preocupaciones sobre privacidad y desarrollos de sistemas paralelos de control social. Muchos de los anuncios a lo largo de los años han sido alrededor de eventos electorales
En medio de las informaciones que tienen que ver con la nueva plataform digital del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), su director Gustavo Vizcaíno volvió a mencionar un retrasadísimo proyecto de modernización de las cédulas de identidad: la «cédula de identidad electrónica».
En una reciente entrevista en un portal oficialista, el funcionario dijo que los cambios del sitio web permitirán avanzar en el desarrollo de un nuevo documento: «podremos tener una cédula, bien sea inteligente, bien sea digital, ya los equipos están tratando para presentarle al ciudadano presidente de la República el documento requerido para su aprobación. Eso está en fase de análisis, de estudio, si va llevar un chip, si será con código QR, si será con código de barra, este sistema estará preparado inclusive para toda esa nueva modalidad».
La declaración del director del Saime recupera una vieja promesa oficial, a la que él mismo ha contribuido pues en abril de 2022 decía que la nueva cédula «almacenará entre los datos personales, además de nombres y apellidos, el número de licencia de conducir, datos como el tipo de sangre, enfermedades preexistentes, medicamentos que se consumen y contactos de emergencia» en un chip. Eso sí, no dijo cuándo saldría a diferencia de varios de sus antecesores.
En cualquier caso, la «cédula electronica» es un viejo proyecto que ha cambiado de manos, que ha sido alimentado con millonarias inversiones que no mostraron resultados, y que incluso terminó sirviendo para el control social a través del carnet de la patria, no sin pocas procupaciones de privacidad de datos.
Viaje al pasado
Es una historia que comienza en 2001 con la licitación convocada por el entonces ministro de Interior, Luis Alfonso Dávila. En aquel momento la ganó la empresa coreana Hyundai, que se proponía «recedular», en 48 meses, a todos los venezolanos con la nueva “cédula electrónica” para solventar millones de fallas del registro que se habían detectado en el Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) y el Archivo de Extranjeros Cedulados (AEC) desde finales de los años 90 en el registro de cedulados.
Ese mismo año, el ministerio pasó a manos de Luis Miquilena y se paralizó el proyecto atendiendo observaciones de la Asamblea Nacional, según consta en la Gaceta Oficial número 37.272, del jueves 30 de agosto de 2001. El silencio duró dos años.
En 2003 un informe técnico respondía y anulaba las observaciones y preocupaciones del parlamento, y abría camino para retomar el desarrollo de la nueva cédula de identidad. Pero el ministro de Interior ya era otro: Lucas Rincón Romero. Entonces se comenzó un nuevo plan desde cero, y se paralizó la auditoría de Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) y el Archivo de Extranjeros Cedulados (AEC) que, según fuentes periodísticas, no se ha hecho desde entonces.
En 2004, y frente a la amenaza del referendo revocatorio que pretendía desalojar a Hugo Chávez del poder, comenzó la Mision Identidad. Aquel programa aumentó la cantidad de cedulados en operativos rápidos entre abril y junio de aquel año, atendiendo a una «deuda» que argumentaba el Estado venezolano. En esos tres meses y justo antes de las votaciones convocadas para agosto, fueron cedulados 5.076.660 venezolanos, incluyendo 675.398 personas que no tenían cédula.
Al mismo tiempo, fueron inscritos 1.343.976 nuevos electores en el Registro Electoral, mientras que por la vía ordinaria se inscribieron 629.078, para un total de 1.973.054 nuevos electores que pudieron participar en el referendo. Hugo Cabezas había asumido la dirección de la entonces Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).
En 2005, el ministro de Interior era Jesse Chacón y se anunció un nuevo sistema de identificación que traería, ahora sí, la cédula electrónica, en el marco del Proyecto para la Transformación del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería. Fue cuando se decidió la compra de la torre ACO en Las Mercedes, que estaba en manos de Fogade para convertirla en la nueva sede de la Onidex, algo que nunca terminó de concretarse pues la infraestructura está en uso por ese organismo pero no como oficinal central. En todo caso, la nueva cédula se anunció que comenzaría a distribuirse entre 2006 y 2008 por un costo de unos 200 millones de dólares.
El año siguiente fue electoral, y el de la primera derrota electoral de Hugo Chávez. Luego de perder aquel referendo por una refoma constitucional, el presidente mandó a un alto funcionariodel Ministerio de Interior a China para conocer las «tarjetas inteligentes de ciudadanos» que producía la compañía ZTE y que formaban parte del Sistema de Crédito Social de China.
Antony Daquin, asesor de exasesor en asuntos de seguridad del Ministerio de Interior Justicia de Venezuela aprendió que en el país asiático el sistema registraba identidad de la persona, datos bancarios y hasta comportamiento político. Ello podía usarse para determinar una escala de «buen comportamiento» que traía beneficios sociales.
Los resultados de aquella gira resultaron en el abandono del proyecto de nueva cédula que se había anunciado en 2005, para iniciar otro acompañado por aliados ideológicos. Ya no se haría por licitación internacional, que solo se usó en 2001. Así llegaron los cubanos.
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¿Cédula para el control político?
En 2008 se firmó un nuevo contrato, con extensas condiciones de confidencialidad, con una empresa estatal cubana que daría, ahora sí, la cédula electrónica con chip. El acuerdo fue por 177 millones de dólares. En julio de ese año el entonces ministro de Interior Pedro Carreño dijo que los nuevos documentos saldrían durante ese mismo 2008, pero la promesa se fue quedando fría y en octubre el entonces director de Onidex, coronel Baudelio Medrano, dijo que quedaría para el primer semestre de 2009, año en que la Onidex dio paso al Saime.
Entretanto, las preocupaciones por la privacidad de los datos y el uso para el control político comenzaban a rodar dentro del gobierno. Daquin había planteado sus críticas puertas adentro de la revolución, y fue castigado por ello. En noviembre de 2009 aquel alto funcionario del MIJ huyó a Estados Unidos y pidió asilo luego de denunciar que por haber mostrado sus reservas a los altos mandos políticos fue secuestrado, golpeado y extorsionado por cuerpos de inteligencia. “¿Por qué traicionas a la revolución?”, afirma que le dijeron los captores.
Un mes más tarde, en diciembre 2009, el de nuevo director del Saime, Dante Rivas, dijo que en el primer trimestre de 2010 sí darían la cédula “más segura del mundo”. Pero tampoco llegó. No se dijo nada más hasta que en 2014 hubo un nuevo anuncio, esta vez a manos de quien ocupaba el ministerio de Interior, el general Miguel Rodríguez Torres, quien afirmó que el nuevo documento se concretaría a finales de ese año. Ya entonces era una promesa muy repetida y recibida con excepticismo.
La promesa de la cédula electrónica -que pasaron a llamar “digital”- fue repetida en 2016. En mayo de ese año Dante Rivas, director del Saime, dijo que empezarían a expedirla en junio de ese año. Pero lo avanzado hasta el momento se aprovechó para otra cosa.
En 2016 nacieron los CLAP y el gobierno contrató a la empresa Soltein registrada en Mexico, dirigida por exfuncionarios cubanos, para diseñar una plataforma que le sirviera para rastrear las entregas de los combos de alimentos, según publicó Reuters en 2018. Era la primera piedra de la base de datos del carnet de la patria.
El carnet de la patria aprovechó lo aprendido en China desde una década antes
Entonces el Estado volvió a buscar servicios de la china ZTE para retomar el proceso de un carnet de identidad. Se decidió que la tecnología china era muy cara -reveló Reuters- y se optó por la más económica del código QR. El carnet de la patria fue lanzado en enero 2017, desarrollado por ZTE y conectado a la base de datos de Soltein, la misma que fue hackeada poco después.
Aquel ataque informático motivó la firma de un nuevo contrato de Cantv por 70 millones de dólares del Fondo Chino Venezuela para crear una nueva “base centralizada de la patria”, a cargo de la misma empresa china ZTE.
Quienes intervinieron la plataforma, aseguraron posteriormente que las fichas de las personas supuestamente incluían números de teléfono, correos electrónicos, direcciones de domicilios, participación en eventos del PSUV e, incluso, si una persona tiene una mascota. Reuters valoró con terceros la autenticidad de lo mostrado. En cualquier caso, desde 2018 el carnet de la patria ha pasado a ser el centro de la identidad de mucha gente y allí se registran datos personales, teléfonos, modelo y placas de vehículos, qué bancos usa la persona, información de consumo de servicios públicos, si es beneficiario de programas sociales y demás. No está claro si el gobierno maneja otros datos que no son de acceso público para los usuarios.
Vizcaíno: ahora sí
Según la constitución, el documento legal de identidad en Venezuela es la cédula. Y en ese sentido, en 2018 el Saime anunció que el diseño de una nueva cédula electrónica estaba «bastante avanzado», según afirmó Vizcaino.
Tres años después, en 2022, insistió en que el proyecto estaba «muy avanzado» y que la nueva cédula sería con chip o con código QR. Afirmó además que yase estaban haciendo pruebas piloto. «Hemos tenido conversaciones con la gente del carnet del Patria, que tienen una data muy importante», agregaba.
Un año después, ahora en marzo de 2023, Vizcaino ha dicho al mismo portal que la nueva cédula está “en fase de análisis, de estudio, si va llevar un chip, si será con código QR, si será con código de barra”. Y que pronto será presentada para aprobación de Maduro.
El comentario del director del Saime llega en tiempos en que el país se encamina a una nueva elección presidencial, en 2024, cuya participación electoral depende de que los electores estén cedulados y con el documento disponible para ser mostrado. Una coincidencia con momentos anteriores de anuncios sobre el sistema de identidad que ocurrieron alrededor del referendo revocatorio (Misión Identidad), luego del referendo de la reforma constitucional la nueva «cédula electrónica» y antes de las presidenciales de 2018 (lanzamiento del carnet de la patria en 2017).
