El decreto bolivariano de 1824, por Beltrán Vallejo
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La pelea de clanes en el poder chavomadurista reventó recientemente con carcelazos y renuncia de un superministro petrolero y se está alargando la caravana de presos en una razzia de supuesta lucha contra la corrupción, donde caen jueces, diputados, alcaldes y no sé si vienen más detenciones después de este instante de escritura.
Y digo supuesta lucha contra la corrupción porque no es factible una investigación sobre esta desaparición de 3.000 millones de dólares(algunos voceros del PSUV mismo hablan de más de 20.000 millones de dólares), que fueron saqueados de Pdvsa, cuando todo el Estado de este país está bajó el control de un solo partido; cuando la justicia del PSUV judicializó la política; cuando la opacidad administrativa tiene primacía en todo el entramado de ese Estado donde los jueces son alguaciles del PSUV, donde la Contraloría General de la República es una cueva del PSUV, donde la Fiscalía es un cuchitril del PSUV, donde el TSJ es un perol del PSUV, donde la Ley Contra la Corrupción es papel toilette cuando se trata de elecciones de cualquier tipo. Donde hay una Venezuela sin separación de poderes en su entramado estatal jamás se efectuará una investigación judicial contra la corrupción que sea confiable, verdadera.
Y hablando de opacidad, por las primeras declaraciones parece que el atraco fue por el lado de las criptomonedas. Desde el anuncio de Maduro hace 4 años sobre el nacimiento del petro, y el inicio de la promoción de las criptomonedas como política de Gobierno, siempre supimos que allí se desataría una «mara y un cestón» de robos, corruptelas y desfalcos de todo tipo en un ámbito donde deambula el «internet oscuro» de delincuentes, pedófilos, proxenetas, vendedores de armas, vendedores de drogas, terroristas y demás criptoactivos fantasmagóricos.
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Esa Pdvsa, según las voces del régimen, no produce lo que debe producir debido a las sanciones; pero lo del espectáculo de detenciones evidencia que a esa industria se la está comiendo una zamurada. ¡Qué sanciones y qué sanciones! Aquí lo que hay es el pillo a piedra. La fauna y flora de Pdvsa y demás organismos del régimen madurista jamás permitirán que algo en este país funcione como debe ser, porque la corrupción parasita, enferma, obstaculiza.
Recalco que no me anoto en eso de chuparme el dedo y creer que estoy ante una mera cruzada moral capitaneada por Nicolás Maduro y su combo; no soy idiota. Claro que hay corrupción, pero «a ese cuento le falta un pedazo». Más bien esto tiene forma de una «purga» propia de cualquiera de esas tiranías que se quieren dar de impolutas y que dirime sus contradicciones internas con calabozos, como hacen en China o en Cuba.
El tema de la corrupción es un tema complejo en esta Venezuela también carcomida por una crisis moral de arriba abajo, donde hay deshonestidad y malas prácticas desde Miraflores y Pdvsa hasta en el más humilde Concejo Comunal con reales del Consejo Federal de Gobierno. Por eso es que no se puede ser cínico con el fundamento de toda nuestra debacle como nación.
Ante todo esto, mejor me refugio en mi héroe favorito; me refugio en Simón Bolívar, quien desde Lima en el año de 1824, con toda la fortaleza moral que transmitió este hombre que aportó su cuantiosa fortuna personal para la causa independentista, escribió con fiereza algo parecido a aquel decreto de «guerra a muerte» en el año de 1813. Se trata del siguiente articulado normativo para combatir la corrupción y extirparla desde la raíz.
Decretó lo siguiente:
Teniendo Presente:
1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y
Decreto:
Artículo 1°–Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3°–Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1°.
Artículo 4°–Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos.
Imprímase, publíquese y circúlese.
¡Qué viva el Libertador Simón Bolívar!
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