El desafío de las tecnologías digitales invasivas, por Bruno Nathansohn
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En las primeras décadas del siglo XXI, la tecnología digital está mostrando su cara más invasiva en diversos sectores de la vida humana. El uso de sistemas biométricos para la identificación forma parte de una nueva determinación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como uno de los recursos para la gestión de los servicios a los migrantes refugiados.
En América Latina, una iniciativa que implica el uso de herramientas tecnológicas es la Red Regional de Espacios Seguros en las Américas, que desarrollo e implementa una estrategia de protección regional para atender las necesidades de personas desplazadas. Pero si bien se reconoce la eficacia de las tecnologías digitales para responder a problemas sociales urgentes, también se plantea el dilema ético de los riesgos para la privacidad de las personas.
Entre las tecnologías digitales con fines humanitarios en sectores como los servicios gubernamentales, la inclusión financiera, la salud y la protección social, está el blockchain. Este sistema permite un almacenamiento distribuido por varias bases de datos en la nube, protegido por varias capas de claves criptográficas y que permite compartir grandes cantidades de datos mediante la recogida biométrica.
Estos pueden recogerse mediante la identificación del iris, la cartografía facial, las huellas dactilares, el ácido desoxirribonucleico (ADN), la voz y la firma. En Bolivia, estas tecnologías se concentran en los sistemas de pago para el acceso a los alimentos. En el caso de México, por su parte, las tecnologías se centran en la producción de identidades electrónicas.
Mediante el despliegue y la gestión de blockchain en los campos de refugiados, se hace posible, por ejemplo, la compra de alimentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Blockchain funciona como un registro electrónico en el que los datos personales se registran y son identificables sólo en el momento en que el usuario accede al sistema, sustituyendo las transacciones en efectivo por flujos de información.
Convergencia entre tecnología y protección de los derechos humanos
El marco jurídico relacionado con la protección de datos personales garantiza una convergencia entre la tecnología y la protección de los derechos humanos en el ámbito de la asistencia a los refugiados, de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de las Personas de Interés para Acnur. Esta convergencia puede demostrarse por la propia composición de las instituciones que están al frente de la aplicación de la guía de implementación del sistema para la asistencia humanitaria, denominada Manual de Protección de Datos en la Acción Humanitaria.
Para la ayuda humanitaria, blockchain funciona, en cierto modo, como contrapunto al uso de sistemas de seguridad dedicados a la vigilancia. Por otra parte, el despliegue de esta tecnología puede servir para diversos fines, lo que plantea importantes cuestiones éticas si no se hace con transparencia.
Los recursos utilizados por los organismos públicos y privados producen efectos cada vez más profundos en relación con la intimidad de las personas, sirviendo a menudo a un discurso con sesgo de seguridad. Los especialistas Zwitter y Boisse-Despiaux advierten de los problemas relativos a la protección de la intimidad, y de la falta de convergencia que debería tener cualquier aplicación tecnológica, desde los «principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia».
En América Latina, los recursos de recolección biométrica se materializan de diferentes maneras para lograr diversos objetivos: satélites, cámaras de televisión integradas (CCTV), vehículos aéreos no tripulados (UAV), cámaras de reconocimiento facial, cámaras térmicas, dirigibles de vigilancia (globos) y torres de control. Se instalan en los puntos de entrada y salida de los territorios nacionales, como puertos y aeropuertos, con centros de control y mando en los principales centros urbanos. En este caso, se valoran más las infraestructuras de control y vigilancia de la movilidad en las fronteras internacionales, en las zonas de pobreza y exclusión social (barrios marginales, etc.) o en los grandes eventos.
En cualquier caso, es importante preguntarse por la legitimidad en la obtención de datos personales con fines humanitarios, dado que no hay posibilidad de elección para el individuo.
La ausencia de un consentimiento basado en una «manifestación libre, informada e inequívoca por la que el interesado acepta el tratamiento de sus datos personales para una finalidad determinada», como prevé, por ejemplo, la ley brasileña 13.709/18.
Se siguen levantando muros en las fronteras
En este periodo pandémico, se siguen levantando muros y vallas que forman parte del paisaje en varias fronteras del mundo, como por ejemplo en la frontera de la República Dominicana con Haití. En ambos casos, está incrustada la lógica de un régimen de información discriminatorio, en el que el control sobre los medios de producción de información determina el grado de control sobre la movilidad humana rastreada por los flujos algorítmicos.
En México, por ejemplo, el Plan Sur en 2001, el Plan Mérida en 2003, el Programa Integral Frontera Sur en 2014, así como los memorandos de entendimiento con Honduras, Guatemala y El Salvador se desarrollaron con el objetivo de controlar la movilidad y efectuar posibles deportaciones. El informe de la organización Access Now, que trabaja en la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, destaca otras iniciativas. En este documento, afirma que el peligro radica en defender un discurso que se basa en un determinismo tecnológico, por encima de los derechos fundamentales.
Las tecnologías digitales surgen en un contexto de mayor acumulación de ingresos y de crecimiento de la explotación de mano de obra barata, especialmente en los países subdesarrollados. Los indicadores señalan un aumento de la concentración de la renta y de la desigualdad socioeconómica, el crecimiento del tráfico de seres humanos, los golpes de Estado, además de la permanencia de altas tasas de trabajo esclavo y análogo al esclavo.
Estas tendencias van acompañadas de altas tasas de desempleo, caída de los ingresos de la población, aumento de las enfermedades, hambre e intensas inversiones en infraestructuras dedicadas a la vigilancia y control de la movilidad humana. Está claro que la tecnología es vista como un recurso realmente salvador por aquellos que experimentan las necesidades más básicas.
Al tener estos recursos un carácter digital, potencian acciones ilegales difíciles de identificar por su ubicuidad. Sin embargo, no hay duda de que la tecnología puede ser un aliado para encontrar soluciones que transformen la realidad social, y así debe ser. El marco legal recientemente establecido en varios países, como las leyes de protección de datos personales, ofrece ciertas garantías que cumplen los objetivos de los servicios humanitarios, además de regular las formas de uso de las tecnologías digitales, que son cada vez más importantes en un escenario de incertidumbre social, política y económica. También ofrece una cierta garantía de que las tecnologías digitales utilizadas con fines humanitarios no se desvirtúen y acaben formando parte de la infraestructura de vigilancia con fines exclusivamente de seguridad.
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Bruno Nathansohn es sociologo y gestor de documentos. Doctor en Ciencias de la Información por el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) – Univ. Fed. de Río de Janeiro (UFRJ). Investigador de los grupos Estudios Críticos en Información, Tecnología y Organización Social y Perspectivas Filosóficas de la Información (Perfil-i), ambos del IBICT.
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