El dilema del petróleo y la libertad, por Jesús Armas
Twitter: @jesusarmasccs
Las primarias poco a poco han reavivado algo que desde hace tiempo se había perdido en Venezuela: el debate de políticas públicas y visiones acerca del futuro del país. Por ser Venezuela un petroestado, la discusión central pasa por la política energética, en especial por decidir quién debe ser el dueño de los medios de producción del petróleo. Nuestra constitución es clara al decir que el subsuelo pertenece al Estado, pero el debate está en quién extrae, refina y comercializa el producto de ese subsuelo.
Aquellos cuya filosofía política tiene raíces en el marxismo defienden la propiedad estatal total o parcial de la producción petrolera (Pdvsa). Los que venimos de los valores arraigados en el liberalismo creemos en la propiedad privada de los medios de producción, en especial de aquellos que representan la mayoría del ingreso de la nación.
Sin embargo, creo que antes de ahondar en este tema, la discusión venezolana debe estar fundamentada en los tres objetivos fundamentales que debe tener cualquier nación: el primero (y más importante), establecer un sistema democrático sólido donde las libertades y los derechos humanos de cada ciudadano sean respetados; el segundo, tener una economía productiva que permita el desarrollo y las oportunidades para cada ciudadano; y finalmente la protección del medio ambiente (nunca olvidar el estado del Lago de Maracaibo).
Trazados estos objetivos, que seguramente compartimos la gran mayoría de los venezolanos, tenemos que entender que debido a las características propias de un país abundante en recursos energéticos como lo es Venezuela, es clave tener en cuenta la relación que tiene el petróleo con las instituciones (democráticas o no) y con el medio ambiente.
Es necesario crear una industria energética (no solo petrolera) que maximice los ingresos (¿renta?) del país, para poder invertir en educación, salud y la infraestructura clave para el desarrollo humano (agua, electricidad, entre otros). Debemos hacerlo rápido para aprovechar las últimas décadas de relevancia del petróleo como commodity de especial relevancia y debemos hacerlo bien para proteger nuestro medio ambiente.
Venezuela es un país con instituciones débiles, bajo un régimen no democrático, con un estado inmenso, pero con poca capacidad para lo importante y con un sector privado pequeño y agotado tras años de persecución y muchos controles. La industria petrolera venezolana está destruida, endeudada a niveles altos, sancionada y con serios cuestionamientos reputacionales. Esto es el resultado de una combinación entre autoritarismo y la exacerbación de las características típicas de un Petroestado, que en general tienen el efecto de debilitar al empresariado local (algunos dirían la burguesía) y llevar al Estado al escenario central, haciendo que su expansión ahogue a la sociedad y la sumerja en las dinámicas de la captación de rentas, de dependencia de un recurso y de control político.
Dicho esto, una vez conseguida la democracia, nuestro reto va a pasar por mitigar los efectos del petroestado y convertirlos en una posibilidad. Para ello, debemos limitar a través de las instituciones la expansión del estado, el uso discrecional de la renta petrolera por parte de los gobernantes, crear un ambiente de posibilidades para el sector privado del país y crear confianza para atraer la inversión extranjera.
Mi visión es que la mejor forma de avanzar en esta dirección es acabar con el control del Estado sobre la producción petrolera. Pdvsa no es recuperable y nada garantiza que quienes asuman el poder puedan crear una empresa autónoma, eficiente y transparente, en especial cuando hemos visto casos como los de Monómeros. Por tanto, el motor del desarrollo del sector energético debe ser el sector privado nacional e internacional, que sea capaz de producir petróleo (y sus derivados), gas, entre otras energías, en un ambiente de confianza, respeto a la propiedad privada y libertad económica.
El Estado Venezolano debe asumir un rol muy importante: el de regulador, que sea capaz de asignar concesiones de manera pública y transparente, que pueda hacer contraloría a las empresas privadas, que pueda proteger a los trabajadores de los posibles abusos, que pueda crear y hacer respetar reglas que protejan el medio ambiente y que pueda cobrar de manera efectiva los royalties generados por la producción. Es decir, este equilibrio entre Estado y mercado debe garantizar que no existan los abusos de las petroleras de la era gomecista, ni los excesos del Estado de la primera era democrática ni del chavismo.
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Pero esto no es suficiente. El petroestado puede seguir representando algunos de los mismos males, un tanto más limitado porque la propiedad de los medios de producción no estaría bajo su control, pero de igual manera los ingresos que tendría el país serían de igual manera muy altos, tentando a los gobernantes. Acá es donde entran dos elementos claves: lo primero, un diseño institucional que pueda estar inspirado en modelos como el noruego de los fondos de pensión, pero que pueda ser más amplio para que podamos subsanar los males de la crisis humanitaria, sin descuidar el protegernos de la volatilidad de los precios del petróleo, poner el dinero en los temas importantes para el desarrollo, financiando la demanda y limitando la posibilidad de los gobernantes de controlar los recursos.
Por otro lado, el mayor reto que impone un petroestado es poder cambiar los comportamientos que suelen tener los empresarios, los políticos, las clases medias y los sindicatos al intentar influenciar al Estado para captar rentas. Es decir, pensar en cómo hacer aquello de «sembrar el petróleo«, sin que se piense desde el Estado sino desde la iniciativa individual.
Debemos diseñar políticas para acabar con los intereses de crear barreras arancelarias, subsidios excesivos y malas prácticas sindicales. No podemos volver a un modelo de sustitución de importaciones y menos al modelo socialista del chavismo. Necesitamos tener una economía con una moneda que pueda hacer que las exportaciones sean competitivas, con bajos impuestos y sin que nadie pueda aprovechar sus influencias políticas para vetar u obstaculizar a otro sector, con grandes facilidades para la inversión extranjera, con acuerdos comerciales que vayan más allá del sector energético, con una sociedad que se fortalezca con educación y con mucha libertad económica.
En definitiva, cada uno de los temas aquí tocados da para mucha discusión. Este artículo es una sobresimplificación de algo muy complejo, pero mi mensaje central es que para que podamos reconstruir un Estado democrático, debemos resolver el dilema del petróleo y la libertad y eso pasa por aceptar que se necesita privatizar el negocio de la energía en el país.
Jesús Armas es Ingeniero Industrial (UCAB). Master en Políticas Públicas, Universidad de Bristol, Reino Unido. Concejal del Municipio Libertador 2013-2018. Activista del partido Primero Justicia.
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