El drama de las pensiones venezolanas en el exterior, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
La capacidad adquisitiva de las pensiones venezolanas dentro y fuera del país, depende de la paridad de la moneda nacional respecto al dólar. Por ello, mientras no mejore el tipo de cambio monetario, tampoco habrá un mejor ingreso real para la población pensionada o jubilada. Ahora bien, quien vive en el exterior sufre esta situación con una crudeza enorme pues fuera de Venezuela, la pensión anual es, en algunos países, menor al costo de tramitar la fe de vida anual.
Aunque el gobierno transforme en remuneración del trabajo los bonos que paga en algunos organismos públicos, aumente el sueldo mínimo nacional o reconozca el carácter salarial de asignaciones que otorga a través del clientelismo político (sistema “patria”, por ejemplo), la población pensionada o jubilada, dentro y fuera del territorio nacional, sigue estando marginada de su derecho a vivir dignamente no sólo por los efectos de la disparidad cambiaria de la moneda nacional, sino por la discriminación entre quienes viven en el territorio de Venezuela y quienes residen afuera.
En el caso de quienes residen en el exterior, la injusticia adicional que sufren es la moratoria en el pago de las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivientes del IVSS, desde hace más de 5 años. De otro lado, la deuda por impago de las jubilaciones al personal funcionarial y de empleados y empleadas de organismos públicos y empresas del Estado, a quienes tampoco se las pagan en el exterior.
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En este aspecto, se trata de miles de dólares que deben ser reconocidos y honrados por el gobierno a cada persona que ha tenido que sobrevivir fuera de su país y sin dinero. Pero además hay casos de fallecimiento en las más precarias condiciones de pobreza, en lo que se tipifica como la doble o triple victimización por parte del Estado, ya que por un lado se trata de gente que se vio obligada a irse de su país buscando de manera legítima y legal, tanto opciones de salud como de bienestar, bien sea por motivo de persecución política o por razones del desplazamiento monumental que supuso la crisis económica, y de pronto se vieron sometidas a una forma de violencia institucional adicional, que les dejó en la indigencia absoluta. Algún cadáver ni siquiera pudo ser repatriado y no precisamente por causa de la pandemia…
Esta violencia institucional, sistemática, continuada y agravada por el tiempo transcurrido y acumulado, ha venido siendo denunciada y rechazada de forma individual y colectiva, por parte las personas afectadas y sus diferentes organizaciones en el exterior del país. Han reclamado al Estado venezolano la restitución de su derecho y en la actualidad se encuentran agotando las vías legales nacionales pertinentes. Recientemente han hecho público que, en el caso que estas alternativas no resultaran favorables, la posibilidad de recurrir ante instancias internacionales es una opción planteada.
Se trata de defender el derecho humano a la seguridad social cuyo disfrute no sólo está establecido en la constitución venezolana, sino además en los convenios internacionales suscritos por Venezuela. Entre estos el pacto de derechos económicos, sociales y culturales.
Además, para nadie es un secreto que la supervivencia de las personas con edad avanzada o que padecen algún tipo de discapacidad o secuela de enfermedad o accidente laboral, especialmente si padecen enfermedades degenerativas, exige una inversión económica de mayor dimensión debido al gasto en medicamentos, dietas especiales y equipos de ayuda técnica (andadores, sillas de ruedas, sillas de ducha especiales anti resbalantes, absorbentes en caso de incontinencia, calzados y vestimenta adaptada, camas articuladas, entre otras muchas más). Es costosa la terapia o rehabilitación en caso de intervenciones quirúrgicas que lo requieran e igualmente, es muy caro el cuidado particular o privado de las personas que padecen soledad no deseada.
A ello se debe agregar las inversiones regulares en vida digna, como es el alquiler o pago y mantenimiento de la vivienda, factura de servicios públicos indispensables (agua, electricidad, teléfono, aseo urbano) y la adquisición y elaboración de la comida. Si a todo ello, se le otorga la dimensión de que su costo o financiación debe hacerse, como es obvio, en monedas que están muy por encima del valor del bolívar o del denominado «petro» y que no se cobra hace más de un quinquenio, el hambre y la miseria en el exterior es terrible para una persona venezolana pensionada o jubilada. Peor que el más sanguinario de los delincuentes.
A lo anterior se agrega el trámite de la fe de vida, documento básico indispensable para demostrar que la persona pensionada o jubilada existe. Obtenerlo implica traslado del lugar de residencia hacia la sede del organismo que expide esta certificación, posteriormente ir al que emite la apostilla y luego, un viaje hasta la sede más cercana del consulado de Venezuela. Hay países donde esta sede se encuentra ubicada a miles de kilómetros de distancia del domicilio de la persona pensionada o jubilada. Pero hay otros países donde las embajadas o consulados venezolanos fueron desactivados por el tema de las relaciones diplomáticas entre el gobierno nacional y los gobiernos de esas naciones.
De manera tal que la inversión, nada más en el transporte, en la mayoría de los casos, supera lo que se percibe anualmente por concepto de pensión o jubilación. A ello se suma el costo del envío desde ese país hacia Venezuela. En resumidas cuentas, se trata de un monto muy superior, generalmente, a los 200 dólares por año. Comparativamente, la diferencia entre ese gasto y lo que queda por pensión o jubilación anual resulta irrisorio.
En conclusión, así como sucede con aquella persona que murió de inanición dentro de su casa y el vecindario supo por el olor, también en el exterior la violencia institucional del gobierno venezolano cobra sus víctimas, en todos los casos con un ensañamiento brutal. El delito de estas personas fue trabajar durante toda su vida, ser honestas, padres o madres de familia, darle a Venezuela sus mejores años y contribuir en su día al sueño de un país mejor.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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