El escandalo y la amenaza como formas de gobierno en Colombia, por Sergio Ángel
Esta columna forma parte de la iniciativa LabPaz Internacional, con la cual activistas e intelectuales de varios países le hablan a los venezolanos.
Dos hechos políticos marcarán la hoja de ruta de lo que será el último año del presidente colombiano Gustavo Petro en su periodo constitucional: por un lado, la apuesta por poner a prueba las instituciones y la Constitución con hechos como el Decreto para convocar una Consulta Popular sin tener en cuenta lo dispuesto por el Senado de la República; y por otro lado, la depuración de su gabinete y la conformación de un equipo de fieles servidores para que cumplan a rajatabla con su mandato y no cuestionen ninguna de sus ideas, como en el caso de la salida de Ángela María Buitrago y la llegada de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia.
Pero, ¿hay algún cambio sustantivo en la forma de gobernar de Gustavo Petro o las alarmas sobre su creciente autoritarismo están infundadas? Con la salida de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores, se completan 57 ministros para 19 ministerios en los casi 36 meses de gobierno, es decir, una altísima rotación y una grave inestabilidad en términos de buscar continuidad a las políticas de gobierno.
Y aunque no hay mayores diferencias con respecto a la forma como gobernó cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá, los cambios entre 2022 y 2025 si son evidentes, tanto en el equipo que lo acompaña, como en el discurso y las prácticas de gobierno. En otras palabras, una persona fue la que se hizo elegir y otra muy diferente es la que hoy ocupa la Casa de Nariño.
Poniendo a prueba la institucionalidad
Aunque muchos cuestionan a los votantes de Gustavo Petro por no haber visto las señales de autoritarismo y de «Castrochavismo», lo verdaderamente importante hoy es cerrar filas en contra de cualquier forma de autoritarismo en el gobierno sin importar las convicciones o razones que se hayan tenido en 2022. Además, el discurso centrista, el gabinete plural y la formula vicepresidencial, edulcoraron a un político con experiencia, acostumbrado a mentir para conseguir sus objetivos.
Aunque el presidente ha sido un político que históricamente ha buscado poner a prueba las instituciones, con hechos como el cambio del esquema de basuras cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá, su decisión de convocar una consulta popular por decreto es quizá el hecho más representativo y a la vez problemático. No solo, por el hecho de que paso por encima de la Constitución y la Ley, sino además porque lo hizo como un medio para chantajear al Congreso y forzar la aprobación de la Reforma Laboral.
En Colombia solo es posible convocar una Consulta Popular si el presidente cuenta con el aval del Senado de la República. Un hecho que Gustavo Petro pasó por alto argumentando que la decisión de la plenaria del Senado del 14 de mayo había sido fraudulenta y que por ende podía interpretarse como si esta corporación no se hubiera pronunciado. Así las cosas, y reinterpretando la Constitución a su antojo, el presidente usó el apartado de la Ley que habilita la convocatoria en caso de que el Senado no emita ningún concepto.
Esta interpretación falaz le sirvió para poner a prueba a las instituciones toda vez que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional debían evaluar su competencia para decidir sobre el Decreto y el momento en el que debían tomar esta decisión, es decir, si se debía hacer antes o después de la Consulta. Lo cierto es que las instituciones salieron al paso del presidente y, primero, la Procuraduría conceptuó que la decisión tomada por el Senado de la República era válida; segundo, la Registraduría evitó convocar a elecciones sin antes pedir conceptos sobre el Decreto del presidente; y tercero, el Consejo de Estado suspendió la Consulta y fijo medidas cautelares.
Catorce días después de firmar el Decreto, el presidente derogó su propio Decreto porque el Congreso aprobó la reforma laboral. El chantaje y la manipulación habían logrado su cometido y él los senadores no solo revivieron esta moribunda reforma que había sido archivada por la Comisión Séptima, sino que terminaron por aprobarla en tiempo récord.
El argumento de que el Congreso tenia bloqueado al gobierno perdió su efecto y como respuesta, el presidente anunció que iría por una Asamblea Nacional Constituyente.
El escandalo como forma de controlar la agenda
El pasado 3 de julio el periodista Melquisedec Torres publicó en su cuenta de la red social X un trino en el que hacia un recuento de nueve escándalos del gobierno en el transcurso de ese día. Entre los hechos que se mencionaban estaba la renuncia de Laura Sarabia como Canciller, la orden de detención de Carlos Ramón González –amigo personal del presidente y exdirector del DAPRE– y el llamado a consultas del Embajador de Estados Unidos en Colombia.
Aunque los escándalos podrían ser un síntoma de crisis en el gobierno y cualquier otro mandatario en el pasado hubiera sentido las repercusiones en la opinión pública, el presidente Gustavo Petro parece provocarlos para gobernar en medio de la turbulencia.
Los acciones y discursos, antes que generar unidad y propiciar formas de encuentro, generan polarización, división y confrontación. Algunas veces se provocan por ataques directos hacia personas o gremios, pero otras tantas a través de la difusión de noticias falsas, decisiones precipitadas y reacciones impulsivas.
Manuel Castells en su libro Comunicación y poder (2009) sostiene que el uso instrumental de los escándalos se puede convertir en una forma de gobernar tapando los problemas reales y debilitando la imagen de los adversarios políticos. Al copar la agenda mediática con escándalos el debate se desplaza de los temas realmente importantes hacia asuntos insustanciales, evitando que el gobierno rinda cuentas sobre sus resultados. Además, los escándalos se planifican y se dosifican buscando que de manera programada sean conocidos por la opinión pública.
El ejemplo más claro de este hecho se dio recientemente con el supuesto plan para derrocar a Gustavo Petro. Que en medio de profundos cuestionamientos al presidente de la República sobre un viaje a Manta Ecuador sobre el que hay poca claridad y muchas especulaciones, aparezca una filtración de audios de una figura polémica como Álvaro Leyva –excanciller y promotor de la idea de la reelección de Petro– con un supuesto golpe de Estado, parece más un escandalo premeditado para desviar la atención, que un hecho en sí mismo problemático.
Gustavo Petro es un experto en manejar la agenda mediática, no solo porque tiene más de 8 millones de seguidores en la red social X, sino también porque logra que los medios hablen de lo que a él le interesa que hablen. Así como Andrés Manuel López Obrador lo hacia a través de sus sesiones diarias en «La Mañanera», el presidente de Colombia lo hace habitualmente a través de sus trinos, pero también eventualmente a través de sus discursos públicos o alocuciones.
Lo cierto es que el manejo de la agenda le da el poder de controlar lo que se dice, evitando que las noticias hablen sobre el pésimo manejo de las finanzas públicas, la grave crisis de la salud, el fracaso de la «Paz Total» y, en suma, la incapacidad del gobierno de resolver los problemas más urgentes de la gente.
La Corte Constitucional como garante de la democracia
El Congreso de la república cedió al chantaje del presidente y aprobó la reforma laboral y la reforma pensional. Esta última devuelta por la Corte Constitucional para subsanar problemas de forma en la manera como fue aprobada por acoger el texto de Senado en Cámara y no dar la suficiente deliberación. Solo resta el control final de la Corte para evaluar si los dos textos aprobados son acordes a la Constitución de 1991.
Es por ello que el último bastión de la democracia en Colombia es la Corte Constitucional. Lo fue durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe que acató la Sentencia de la Corte en la que se negaba la posibilidad de una segunda reelección y lo será ahora con el presidente Gustavo Petro que amenaza con una Asamblea Nacional Constituyente sin tener en cuenta los procedimientos definidos en la Constitución y la Ley.
Lo que preocupa en este último año de gobierno es que el desespero por mostrar resultados pueda llevar a Gustavo Petro y su camarilla a impulsar agendas antidemocráticas como una aparente Asamblea Nacional Constituyente popular, al margen de los espacios de representación convencionales y acomodada a los círculos cercanos al gobierno. Una práctica desarrollada en 1999 por el gobierno de Hugo Chávez y replicada de manera más descarada en 2017 por Nicolás maduro.
Aunque no hay razones para desconfiar de la Corte Constitucional, si es posible decir que el gobierno ha buscado debilitar su independencia. En dos de las ternas presentadas por el gobierno se eligieron amigos personales del presidente. Por un lado, Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de presidencia; y, por otro lado, Héctor Carvajal, abogado de Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral. Y aunque el gobierno no tiene mayorías en la Corte, el hecho de que los senadores del Pacto Histórico hubiesen apoyado la candidatura de Miguel Polo Rosero, hace ver que este magistrado también se acerca a las posturas de los magistrados más afines al gobierno en algunas decisiones.
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Gustavo Petro perdió la posibilidad de presentar ternas de primer nivel para llevar a la Corte a los más reputados juristas y en lugar de ello apostó por amigos que defendieran sus propias ideas. Cuando llegó al gobierno la Corte tenía mayoría de mujeres magistradas y las ternas uninominales –forma de referirse a ternas con un único candidato fuerte– condujeron a que el Senado eligiera magistrados hombres. El caso más claro se dio con la elección de Héctor Carvajal que, acompañado de otras dos mujeres juristas, era el candidato más fuerte. Hoy la corte cuenta con 6 magistrados hombres y tres magistradas mujeres y el desequilibrio fue provocado por el primer presidente de izquierda en Colombia.
En septiembre se elegirá un nuevo magistrado para reemplazar a José Fernando Reyes y la terna será presentada por la Corte Suprema de Justicia. Se espera mantener el equilibrio de poderes y garantizar así los pesos y contrapesos de la Constitución de 1991. Es poco lo que se puede esperar de los magistrados ternados o apoyados por Gustavo Petro, pero se espera que el peso de los demás magistrados sirva para defender la democracia de cualquier afrenta a la que quiera someterla el presidente antes de su salida el 7 de agosto de 2026.
Sergio Ángel es profesor asociado de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. PhD (c) en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales con Maestría en Estudios Políticos y estudios de pregrado en Ciencia Política y Filosofía. Editor y columnista de Foro Cubano y analista de Contrapunto.
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