El Estado como botín, por Javier Ignacio Mayorca
En medio de una rampante impunidad, los robos y hurtos a bienes bajo la custodia del Estado se reproducen en todo el país
Twitter: @javiermayorca
El 15 de febrero, funcionarios de la policía judicial iniciaron las averiguaciones sobre el hurto de 33 vehículos que permanecían en el estacionamiento del centro frutícola de CorpoZulia.
Los agentes fueron notificados sobre lo ocurrido por un empleado de la Administración de esa estatal. Entre los vehículos afectados están camionetas, tanto doble cabina como pick up, camiones y también automóviles, en su mayoría de modelos correspondientes a finales del siglo pasado, y algunos de años posteriores. Al parecer, se trató de una actividad continuada.
En noviembre del año pasado, un supervisor de la Policía Nacional Bolivariana en Barinas notificó a Cicpc sobre un hecho parecido. En aquella oportunidad, los delincuentes canibalizaron diecisiete motos Kawasaki Versys 650, que permanecían en un lote de terreno adyacente al terminal de la avenida Guaicaipuro de la capital. Se trata de vehículos de uso oficial, anteriormente usados para el patrullaje, que debían permanecer bajo custodia en la espera de refacciones o mantenimiento.
En una Venezuela signada por la emergencia humanitaria, los bienes bajo custodia de instituciones del Estado no se salvan de la rapiña. Pueden ser pequeños objetos que dejaron sobre el escritorio de algún burócrata o empleado el viernes, y el lunes siguiente habían desparecido. Pero también ocurren cosas grotescas: el 4 de abril, por ejemplo, desaparecieron 600 laptops Canaima de la oficina del Instituto Postal Telegráfico en el municipio Mariño de Nueva Esparta.
*Lea también: Safari, por Omar Pineda
Los objetos metálicos de todo tipo parecieran ejercer un atractivo especial para la delincuencia enquistada en las instituciones estatales. El mes pasado, desaparecieron 129 láminas de hierro del centro de trabajo General Ambrosio Plaza de Guarenas.
Las instalaciones de Petróleos de Venezuela también son escenarios permanentes de hurtos de todo tipo. En abril, antisociales sustrajeron válvulas, rollos de revestimiento de acero y piezas para tuberías de distintos tipos guardadas en dos almacenes del proyecto de “conversión profunda” de la refinería de Puerto La Cruz. Las investigaciones internas determinaron que este hurto fue perpetrado, por lo menos, en dos tiempos. La pérdida estimada para la estatal petrolera fue de 108.357 dólares, solo en este caso.
Al respecto, el 9 de mayo, el director de la policía judicial, Douglas Rico, informó sobre la captura en la comunidad indígena Chimire de Anzoátegui de cuatro hombres que, según su descripción, «se dedicaban a sustraer material estratégico de las diferentes plantas compresoras y estaciones de la empresa Petróleos de Venezuela».
Pero este es apenas un caso dentro de una larga lista.
De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, durante 2021 fueron consignadas 1890 denuncias sobre robos o hurtos perpetrados en instalaciones del Estado, o que afectaron de alguna forma activos de los poderes públicos. Esto indica que todos los días se cometen por lo menos cinco robos o hurtos que afectan el patrimonio oficial.
Según el comisario jubilado de la policía judicial Williams Meleán, el problema es que no existe un control riguroso de los bienes que son manejados por las distintas entidades oficiales.
Meleán –actualmente dedicado a la actividad privada y a la docencia en la Universidad de la Seguridad– recordó que recientemente fueron hurtados tres transformadores de varias toneladas en instalaciones de la estatal eléctrica en Cumaná.
«Eso requiere de una logística. Pero como no existe un control a los bienes, no se dan cuenta», indicó.
En consecuencia, estos casos generalmente quedan impunes.
Meleán señaló que las entidades estatales deberían implantar normas y prácticas para prevenir los hurtos, que contemplen por lo menos cinco medidas: controles de las personas que entran y salen de las instalaciones; revisiones a sus equipajes, al entrar y salir; revisiones a todos los vehículos; auditorías periódicas y campañas de concientización.
En lo referido a la policía judicial, el exfuncionario cree que se debería trabajar con base en una clasificación de la casuística, para determinar cuál es «el rubro más buscado» por los delincuentes. A juzgar por los procedimientos divulgados por Rico, los hurtos cableados y tuberías ameritan la mayor atención. Tanta que los han calificado como «materiales estratégicos». El problema es que, en algunas oportunidades, estos delitos involucran a los funcionarios que deberían investigarlos.
En febrero de 2021, fueron aprehendidos dos detectives agregados del cuerpo de investigaciones, señalados de participar en la sustracción de tuberías, válvulas y otros materiales de Pdvsa en Monagas, y enviarlos a Colombia mediante sistemas de encomienda, con la complicidad de tres civiles.
A pesar de las recomendaciones de Meleán, la tendencia mostrada en los primeros meses de 2022 sugiere que las instituciones del Estado continuarán siendo uno de los botines más apetecidos por los delincuentes.
Breves
*Uno de los delitos en auge durante los primeros meses de 2022 es la extorsión. Los mensajes amenazantes, a menudo acompañados por acciones violentas contra las potenciales víctimas, sus comercios o viviendas, ya no son cosa exclusiva del estado Zulia. Los hemos visto también en Aragua, Lara y Guárico. En el estado del centro del país las bandas de extorsionadores están en un claro proceso de reacomodo. En marzo, por ejemplo, un comerciante de Calabozo recibió un video en el que se mostraban armas y un papel manuscrito con su nombre y el de su esposa. En un texto adjunto a las imágenes le exigían el pago de diez mil dólares, pues de lo contrario atentarían contra su familia. El número telefónico estaba registrado en Colombia. Como el empresario se negó a pagar, sujetos todavía no identificados dispararon contra las fachadas de su comercio y su vivienda. Otras denuncias parecidas han sido consignadas en San Juan de los Morros y El Sombrero. En Carabobo también están resurgiendo las extorsiones. De hecho, este año las averiguaciones son más numerosas aquí que en otros estados como Bolívar, donde las bandas criminales se han enseñoreado. En general, la actividad extorsiva se ha incrementado en casi 20% con respecto al año anterior, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente. Y estas son las denuncias conocidas. Desde las primeras encuestas de victimización hechas en el país sabemos que este es uno de los delitos con mayor porcentaje de casos no denunciados, lo que también se conoce como cifra negra.
*En una entrega de febrero de este año se alertó que el caso del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández depararía importantes revelaciones para los venezolanos. En ese momento, el gobierno estadounidense solicitaba su extradición por tráfico de drogas y otros delitos. El ex mandatario, también conocido como JOH, fue enviado recientemente a una corte de Nueva York. Posteriormente, hicieron lo propio con su ex jefe de policía. La acusación presentada ante la corte del Distrito Sur refiere una larga actividad ilícita, que inició en 2004, cuando Hernández supuestamente recibió cuarenta mil dólares del grupo de Víctor Hugo Díaz Morales, alias Rojo, para financiar su campaña para la reelección como congresista. Este dinero, indica la acusación, fue entregado a través de su hermano Tony Hernández, ya condenado por tráfico de drogas en EEUU. Desde entonces, Hernández fue visto como un importante facilitador del paso de alijos enviados desde Colombia y Venezuela por diversos métodos. «Las cargas marítimas eran trasladadas desde el norte de la costa venezolana usando lanchas rápidas, pesqueros y cargueros. Los envíos aéreos generalmente eran cargados desde pistas clandestinas (…) desde Colombia y Venezuela, y recibidas en pistas similares en Honduras», explica la acusación. Además de la organización de Díaz Morales, alias JOH habría recibido pagos de los grupos de Amílcar Alexander Ardón Soriano, Geovanny Fuentes Ramírez y los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Valle. Eventualmente, JOH habría recibido un millón de dólares del propio jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, para el financiamiento de su campaña presidencial en 2013. En el lado venezolano, Honduras ha sido el destino preferido por los traficantes de drogas, tanto civiles como militares. Prueba de ello son las nutridas trazas de vuelos ilegales que partían de Zulia, Falcón y Apure con destino a las playas e islotes del país centroamericano. La corrupción pintada en esta acusación estadounidense contra Hernández difícilmente será borrada, pues afecta a los principales actores políticos de esa nación. En vísperas de la publicación de esta nota, JOH tuvo su primera audiencia ante el juez de la causa, y se declaró inocente. Su abogado, además, anunció en CNN que solicitará la comparecencia en el juicio de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump. Reveló que, cuando Hernández estaba en el poder, se reunió en Langley con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para coordinar acciones contra los grupos de traficantes de drogas.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
