El Estado omniausente, por Luis F. Cabeza
Twitter: @luisfcocabezas
En Venezuela vivimos los peores momentos que esta nación haya conocido en su era republicana, poniéndose incluso en duda la condición de república que todos conocíamos, basada en el principio de la división y autonomía de los poderes. El poder ejecutivo se apropió del mandato de juzgar, legislar, organizar elecciones y auto regularse sin ningún tipo de contrapeso político o jurídico que ponga límites a su discrecional accionar.
La revolución chavista ha perfilado todo su accionar político en atribuir un exacerbado rol al Estado en la vida de las personas, haciendo de este, una figura omnipresente en cada paso que da el venezolano, desde definir que llevan a la boca, porque recordemos que los productos CLAP los decide un burócrata que sabe más de negocios, que de requerimientos kilo calóricos, hasta recrear los nuevos héroes de la historiografía revolucionaria, donde confesos pillos, saqueadores y demás granujas de antaño ahora hay que rendirles culto.
En ese proceso de desmontaje del modelo republicano un objetivo claro ha sido vaciar de sentido el carácter descentralizado del Estado venezolano, es por ello que hemos visto como gobernadores y alcaldes han perdido relevancia no solo política, sino también en sus capacidades de gestión, las cuales han sido reducidas a su mínima expresión.
En este proceso de desmontaje, se ha erigido una estructura paralela que ha venido cobrando fuerza desde el punto de vista del control del poder, y que pareciera ser un modelo sustituto de alcaldes y gobernadores por la vía de facto, tal es el caso de las llamadas Redis y Zodis, zonificaciones con fines militares, pero que en la práctica vienen manejando más poder y capacidades de gestión que los propios alcaldes y gobernadores, como si para los militares no fuera suficiente el monopolio de la fuerza.
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Cabe destacar, que ya alcaldes y gobernadores opositores habían sido crecientemente debilitados con la imposición de la figura de los protectores, los cuales manejan presupuestos y capacidades de gestión mayores que las propias autoridades electas, pero sin las enormes nóminas de alcaldías y gobernaciones.
En medio de esta realidad marcada por la disputa del poder, la gestión del bienestar ha quedado relegada, deteriorándose de manera dramática, y en ese proceso, el estado ha abandonado sus mandatos de proteger.
Vemos hoy, con cada vez más preocupación, cómo se ha venido produciendo un repliegue del estado en sus responsabilidades constitucionales, si falla el servicio del agua los responsables del servicio no hacen nada por resolverlo, la solución al problema queda en manos de los afectados, y similar situación pasa por el servicio de electricidad, gas o telefonía, y ni hablar de la salud.
Esta situación generará mayores desigualdades, entre quienes pueden pagar la perforación de un pozo profundo para surtirse de agua, o pagar una póliza en dólares para tener acceso a salud, y entre aquellos que no pueden más que esperar que llegue una cisterna de agua o recoger agua de lluvia o cocinar con leña.
El estado ha abandono su capacidad de corregir las asimetrías que generan desigualdades sociales, ha dejado a la esfera privada lo que debería resolverse desde la política pública, con ello sienta un muy grave precedente, plantea una mercantilización en el acceso a los servicios básicos, que en el caso venezolano eran hasta hace poco de acceso casi universal.
Esto dejaría a enormes sectores de la población, una vez más, desamparados, tratando de resolver como mejor puedan su acceso a los servicios públicos, como por ejemplo la comunidad de El Cardón al noroeste de Caracas que han decidido resolver su vetusto problema con el suministro de agua, surtiéndose como pueden y con lo que tienen, de unos afluentes que hay en los abandonados túneles construidos para la ampliación de la Cota Mil.
Frente a esta situación vemos cómo opera un “paraestado”, no hay cómo tramitar un pasaporte, no hay cómo adquirir un cilindro de gas, no hay cómo resolver un bote de agua, pero misteriosamente desde la misma burocracia del estado se institucionalizan mercados negros, en donde por algunos dólares, se generan rápidas soluciones a solicitudes que deambulaban entre correos sin respuesta o fallas del sistema de solicitud de citas de pasaportes.
El estado en Venezuela abandonó a la gente a su suerte, desmanteló todos los sistemas de protección y la institucionalidad sobre la que reposaban, y ese vacío lo están llenando otras formas de “paraestado”, ancladas en la arbitrariedad, el aprovechamiento de lo público y el peculado de uso.
En esta nueva normalidad los derechos han pasado a ser bienes transables al mejor postor, y en esa subasta lo que está de por medio es la vida, y serán los que menos tienen los que siempre saldrán con las manos vacías, e incluso sin la vida misma.
El Estado mínimo ha sido el Shangri-La de los liberales más puros, resulta paradójico que en una revolución que se dice socialista estamos en presencia de un Estado omnipresente, pero reducido a su mínima expresión, y cada vez más proclive a dejar hacer y dejar pasar, siempre que no sea amenaza política, es un Estado Omniausente.
El Estado necesario es el que protege, el que corrige asimetrías, el que fomenta el talento y la iniciativa, el que imparte justicia, el que desarrolla capacidades y protege el territorio. No cabe dudas de que ese no es el Estado que hoy tenemos en Venezuela, vamos en contravía y se hace urgente un cambio de rumbo, debemos como sociedad replantearnos el modelo de país y su gobernanza, de lo contrario cada vez más nuestra noción de república será un vago recuerdo, y daremos paso a la barbarie y el darwinismo social.
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