Zubillaga: Fracaso de la reforma policial condujo a la implantación de una necropolítica
A 15 años de creada la Comisión Nacional para la Reforma Policial, no solo hay que hablar de su aborto sino de una terrible regresión e incluso vigorización de la tradición militarista, estimó Verónica Zubillaga
La tradición se impuso y lo que se inició con grandes expectativas de lograr un cambio profundo en el modelo policial venezolano murió al nacer. La conducción militar volvió por sus fueros, realmente nunca se fue, y las consecuencias se pagan con muertes en las zonas populares tanto de las ciudades como de las áreas rurales.
Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB), investigadora social y miembro fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), quien participó en el proyecto que se fraguó en la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), señala que el mayor desafío actual lo representa la imbricación de las instituciones oficiales con grupos armados para-estatales.
Un precedente valioso
Zubillaga, como tantos de los que participaron o siguieron atentamente a la Conarepol, rescata más allá de toda duda el valor de una experiencia donde privó la preeminencia de las voces expertas, pero también la inclusión, la pluralidad y la disposición a escuchar todas las opiniones.
Recuerda que fue un “proceso realmente progresista, donde por primera vez se abordaban con amplitud y seriedad asuntos clave como el uso de la fuerza y el problema que representa una estructura policial históricamente militarizada. Y fue mucho más que una reunión de expertos: se realizó una consulta muy amplia en todo el país”.
Desde el exterior también vino gente a dar su aporte, indica Zubillaga, quien hace mención especial de Jacqueline Muniz quien vino de un país “como Brasil con problemas similares a los nuestros en cuanto a un abuso sistemático de la fuerza policial sobre la población más vulnerable”.
Algunos lamentables sucesos, donde estuvieron implicados agentes policiales, como los asesinatos de los estudiantes en el barrio Kennedy de Caricuao, la muerte de los hermanos Faddoul y el secuestro y muerte del empresario Sindoni, generó gran conmoción en el país e hizo pensar que “era ineludible un cambio profundo del modelo policial”.
Las razones del fracaso
Las causas del fracaso son varias, señala Zubillaga, quien resalta entre ellas las luchas internas que había dentro del Estado. “Por una parte había confrontaciones teóricas, ideológicas, estratégicas, entre el sector civil que venía del mundo de las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el mundo militar o afín al pensamiento militarista”.
Para el momento de conformarse la Conarepol el ministro de Relaciones Interiores era Jesse Chacón, pero fue sustituido por Pedro Carreño, quien calificó el proyecto como derechista.
El siguiente ministro del Interior fue Ramón Rodríguez Chacín, otro militar, con una postura “más tolerante” acota Zubillaga. No obstante, fue Tarek El Aissami quien retomó en serio el proyecto. “Obviamente esa altísima rotación de responsables es un obstáculo enorme para lograr la continuidad que requiere cualquier política pública en materia de seguridad ciudadana”.
El nuevo modelo policial comenzó a ser implantado en el año 2010, rememora Zubillaga. Resalta que al mismo tiempo que nació la Policía Nacional Bolivariana (PNB), resultado tangible de Conarepol, “se inaugura la funesta serie de operativos militarizados con el Dispositivo Bicentenario de Seguridad”.
La muerte de Chávez significó también la estocada definitiva para la visión progresista que convivía en la reforma policial. “Maduro le da prioridad en su discurso al tema de la seguridad, pero muy pronto vemos que su postura va a contracorriente del espíritu de la Conarepol. Directamente declara que a la PNB lo que le falta es disciplina militar y, consecuentemente, coloca a uniformados al mando”.
Lo que ha ocurrido posteriormente reafirma la vía contraria a la que postulaba la Conarepol. Los Operativos de Liberación del Pueblo es un ejemplo de ello para Zubillaga, quien apunta que “no es solo, pues, el aborto y fracaso del proceso de reforma sino una regresión terrible, que inaugura en nuestro país la tragedia de las violaciones masivas de derechos humanos”.
Para graficar su afirmación toma como fuente a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien en el año 2016 informó que hubo 21.752 mil muertes violentas, de las cuales 4.600 fueron a manos de las fuerzas policiales. “Una auténtica barbaridad. Basta señalar, como lo hemos hecho tantas veces, que ese mismo año en Brasil, con sus más de 200 millones de habitantes y una policía legendaria por sus excesos, se registraron 4.200 muertes a manos de las autoridades”.
Resalta Zubillaga que este tipo de política “no haría más que escalar hasta llegar a la creación de las FAES, muchas de cuyas actuaciones ya los ponen en el terreno de los grupos de exterminio, como los describen los vecinos a quienes hemos entrevistado”.
Un desafío mucho mayor
«Hoy la situación es mucho peor», acota Zubillaga. Señala que la violencia ya no es solo urbana y ahora existen focos muy fuertes en “la frontera norte costera con el narcotráfico, al sur con la minería, al occidente con una diversidad de grupos armados muy compleja y, para colmo, sin que podamos trabajar en coordinación con el gobierno colombiano”.
Otro aspecto que preocupa a esta investigadora de la USB es la imbricación de colectivos armados con instituciones del Estado, tal como se vio en el operativo contra Óscar Pérez. “Hay colectivos de orientación más política con larga trayectoria y raíces históricas en las luchas de los años 60, y otros más recientes que son más bien grupos vigilantistas, orientados a lo que ellos llaman la lucha contra el hampa. Sean del tipo que sean, la experiencia de otros países nos dice que desmantelarlos es muy difícil. Las perspectivas no son nada alentadoras porque una vez que se instalan estos grupos en el seno del Estado, se generan situaciones muy complejas de criminalidad, impunidad y abuso sistemático de derechos humanos”.
La esperanza es lo último que se pierde y, en ese sentido, Zubillaga espera que en algún momento se aborde la situación con mucha firmeza y creatividad. “Es posible. Allí está, por ejemplo, la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como una instancia independiente de apoyo a la fiscalía, con apoyo internacional, para afrontar una situación similar en cuanto al impacto conjunto de la corrupción, el abuso de derechos humanos y el crimen organizado, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. La nueva reforma para ser exitosa exigirá la creación de una nueva arquitectura institucional”.
