El gobierno obstaculiza la descentralización chilena, por Sebastián y Camila Carrasco
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La elección democrática de la figura del gobernador regional es una de las principales medidas de descentralización política que ha tomado Chile para que las decisiones no se sigan tomando exclusivamente en la capital. A partir del 14 de julio, estas autoridades encabezan los gobiernos de las 16 regiones del país. Sin embargo, desde el gobierno central se han realizado distintas acciones que obstaculizan el proceso, intentando retener las cuotas de poder que se han construido a través del tiempo.
Este hito histórico se instaura en medio de un complejo e incierto contexto. Además de las dificultades económicas y de salud pública producidas por la pandemia del covid-19, el sistema político chileno se encuentra en una importante crisis de legitimidad, marcado por una intensa movilización social y que, recientemente, ha dado inicio al funcionamiento de una convención constitucional para escribir su nueva constitución.
En este sentido, hay que considerar que los cambios y problemas políticos no solo se dan en la esfera nacional sino que también están cada vez más presentes a nivel subnacional, ya que las y los gobernadores electos, llegarán a sus cargos en medio de indefiniciones legales, escasez de competencias, sin lugar de funcionamiento e intentos de disminución de los recursos financieros para el ejercicio de sus funciones.
Gobernadores supervisados
Si bien los gobernadores son autónomos del gobierno central, su gestión seguirá siendo dependiente en muchos sentidos de los designios de este nivel.
Junto con la figura del gobernador existirá un delegado presidencial regional, autoridad representante del presidente en la región, que tendrá atribuciones de gobierno interior, ejecutando las políticas del gobierno central en el territorio y supervigilando los servicios públicos.
El gobernador regional tendrá competencias para asignar fondos de desarrollo regional, aunque será el delegado regional el encargado de coordinar los servicios públicos desconcentrados que, muchas veces, ejecutan estos fondos en los territorios.
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En esta línea, cualquier estrategia regional conllevará a la necesidad de establecer un proceso de negociación con los representantes del presidente para que sus funciones sean efectivas. Por lo tanto, la figura del delegado se transforma en un símbolo del centralismo, de la relación de control y vigilancia que se ha perpetuado por décadas.
Con todo, se puede observar un cierto paternalismo desde el gobierno central hacia las regiones, como si no tuviesen la madurez o la capacidad suficiente para administrar, gobernar y, en el fondo, tomar decisiones de manera autónoma.
Otra dificultad que enfrentarán las y los gobernadores es la poca precisión respecto a las competencias que tendrán.
A fines de mayo de este año se aprobaría una «ley corta de descentralización» para traspasar competencias desde el gobierno central a las autoridades regionales. Sin embargo, la ley no se promulgó, a pesar de que la instalación de las y los gobernadores ya es un hecho y bajo una realidad donde los datos indican el aumento de la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad en las regiones de Chile.
El gobierno central bloquea la descentralización
Las y los gobernadores electos comenzarán su mandato con importantes y preocupantes problemas de recursos. A días de asumir se les informó que desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) se les recortaría el presupuesto para su funcionamiento. Más que una simple disminución de fondos, la jugada del gobierno consistió en transferir estos recursos financieros hacia los delegados regionales presidenciales. Cabe señalar, que la elección de los gobernadores constituyó una importante derrota electoral para el gobierno: de los 16 nuevos gobernadores solo uno adhiere a la coalición del presidente.
Ante la presión de las nuevas autoridades y de la opinión pública el gobierno tuvo que dar pie atrás a esta decisión. Aun así, el traspaso de recursos desde los gobernadores hacia los delegados tenía un profundo sentido político, donde se intentaba debilitar a las nuevas autoridades que serán opositoras a un gobierno con escasa legitimidad.
Tal como se ha visto en otros contextos, las autoridades políticas regionales pueden ser un importante contrapeso al Poder Ejecutivo. Con estas medidas, el gobierno da cuenta de los temores que levantan las nuevas autoridades; después de todo, la descentralización implica que los territorios obtengan cuotas de poder en desmedro del centro.
A pesar de todas las dificultades anteriormente descritas, las y los nuevos gobernadores inician un nuevo ciclo político con una legitimidad democrática que nunca habían tenido las autoridades regionales. Sin duda, su elección constituye la mayor reforma de descentralización política desde el retorno a la democracia.
Así, a partir de esta legitimidad, hay que avanzar hacia una institucional, y eso será cuando las personas vean cambios y que la elección de esta figura no es una pérdida de tiempo o una cuestión testimonial.
La descentralización como herramienta para el desarrollo regional
La descentralización no puede ser un fin en sí misma, debe ser considerada una herramienta política que podrá ser efectiva en la medida que se limiten bien sus instrumentos, se fortalezca la autonomía política, financiera y administrativa. Es decir, entregar poder real y no con lógica gatopardiana, porque el objetivo debe ser avanzar más decididamente en los múltiples problemas que aquejan a los territorios y que deben ser resueltos desde allí.
En Chile, las políticas públicas centralistas han mostrado, sistemáticamente, su fracaso para hacer frente a la diversidad territorial existente.
El caso de La Araucanía es uno de los más emblemáticos tanto por los conflictos históricos que se han suscitado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche como porque es reconocida como una de las regiones más pobres del país. Por lo tanto, miramos con esperanza el inicio de este nuevo ciclo político cuando las y los gobernadores podrán hacer un cambio en las dinámicas de poder y en las políticas regionales, a pesar de los esfuerzos por dinamitar el proceso.
En el corto plazo la clave será la coordinación entre los distintos gobernadores y la capacidad de negociación con otros actores del sistema político para consolidar su legitimidad institucional. En el largo plazo, será central la consolidación legal de competencias y recursos bien definidos. El proceso constituyente actual se abre como una ventana de oportunidad para plasmar esto último a nivel constitucional.
Sebastián Carrasco S. Académico del Depto. de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Administrador Público y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Políticas Públicas, Universidad Mayor.
Camila Carrasco H. Profesional del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica de Temuco. Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en investigación en Políticas Públicas Flacso, sede Ecuador.
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