El gran acuerdo nacional, por Carolina Gómez-Ávila
Twitter: @cgomezavila
La élite empresarial ha estado tejiendo acuerdos con la Iglesia católica, con un puñado de medios virtuales y con unas oenegés que han adornado la bandera de los derechos humanos, asta incluida, con un discurso que no representa su esencia: el gran acuerdo nacional.
Estos aliados nos han dicho que necesitamos una suerte de acuerdo mínimo —de convivencia, le dicen— mientras se dirime la lucha por el poder. Infiero que hablan del tipo de acuerdo que se da en las repúblicas democráticas, donde se impone el imperio de la ley mientras terminan los períodos de gobierno con unas elecciones libres y justas. Un acuerdo del que estos actores no pueden garantizar ni el cumplimiento ni el desenlace.
Pero no por eso han evitado la osadía de aliarse para tratar de convencer al pueblo de que tal acuerdo es urgente. Lo intentan para que el pueblo presione a la coalición de partidos democráticos, a fin de que transen convivencia tal con la dictadura, argumentando intereses que ellos estiman humanitarios.
Para convencernos de la necesidad de tal cosa, nos han repetido que cuando dos elefantes pelean quien sufre es la hierba. Nadie les ha discutido el símil de los elefantes. El imaginario popular asume que son la dictadura y la oposición o, en términos introducidos por algunos operadores de opinión y repetidos en eco, «la clase política».
Este es un argumento errado y antipolítico. No se trata de la lucha de dos iguales sino de un choque dispar en el que uno, que comparado con el otro es débil, representa los intereses de la hierba además de los suyos particulares. La verdad incómoda es que la lucha del pueblo contra la dictadura siempre será cruel para el pueblo, pero un pueblo que no luche contra la dictadura no tendrá otro destino que la esclavitud. De no haber este enfrentamiento, que se parece más al de David contra Goliat —y que debe acometerse con la lógica de David— reinará Goliat, quien no solo causa el sufrimiento de la hierba, sino que planea seguir haciéndola sufrir.
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Por otra parte, el acuerdo que promueven solo es de índole económica. Está fundamentado en la preocupación por la recesión y no en el sufrimiento humanitario que pregonan, aunque la emergencia provocada por el hambre y la enfermedad afecta al empresariado en tanto disminuye su poder económico y, en consecuencia, el político.
Claro que con la pérdida del poder adquisitivo desaparecerán más empresas (y surgirán otras al amparo de la discrecionalidad de la dictadura). La pobreza extrema es un argumento que políticamente se vende bien, porque da miedo y produce el grito de ansiedad que reclama su final inmediato. Esto me recuerda, mucho más de lo que me gustaría, aquel «ya» que, como consigna obsesiva y disparatada, trató de imponer María Corina Machado hace una década, al precio de su propio desprestigio. La diferencia es que, esta versión de urgencia, de emergencia impostergable, no está acompañada de la descocada virulencia de los seguidores de Machado.
El apremio de estos operadores está hecho de autocompasión, de un llanto con efecto constrictor. Si hace diez años manipularon la indignación, hoy manipulan la claudicación, pero el efecto es el mismo, apelar al sentido de premura vital.
A estos les parece urgente postergar la lucha por la democracia; aunque, en dictadura, postergar la lucha es rendición. De esto participan especialmente las oenegés que, en supuesta defensa de los derechos humanos, dejan pasar la violación de otros. El derecho a participar en elecciones libres y justas está contemplado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, para hacerlo valer, no hay paños tibios ni alivios parciales, sino un procedimiento regulado y refrendado por los organismos multilaterales, que se debe seguir.
Regresen a casa, se han desviado. El gran acuerdo nacional no debe ser otro que lograr elecciones libres y justas. Es hora de dar un portazo a los intelectuales orgánicos que, ladinos, dan a entender que este derecho humano es demasiada pretensión —¡que no se puede aspirar a tener elecciones libres y justas como los suizos!— sino que debemos conformarnos con algunas migajas básicas. ¿Se puede callar ante esto y ser un auténtico defensor de los derechos humanos?
Con esto inicio una pausa hasta el 9 de enero de 2021, Dios mediante, cuando presumo que ya no quedará ningún poder público independiente en Venezuela. Cuando la cruelmente atacada Asamblea Nacional se haya convertido en resistencia política con el mandato que le dio la Consulta Popular: luchar por elecciones libres y justas.
Regresaré para recordarlo e insistir en que, en ese objetivo, está el secreto de la unidad, la única que toda Venezuela puede sostener coherentemente. No hay día después, no hay vida posible antes (apenas sobrevivir), no hay otro acuerdo que lograr distinto a elecciones libres y justas.
Presidenciales —adeudadas desde 2018— y parlamentarias —desde el 6 de diciembre pasado—. Y si en 2021 se concreta el fraude regional y municipal, serán elecciones generales. Pero, en cualquier caso, libres y justas. Ni más ni menos. Ese debe ser el gran acuerdo nacional.
Carolina Gómez-Ávila tiene más de 30 años de experiencia en radio, televisión y medios escritos y escribe sus puntos de vista como una ciudadana común.
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