El imperio de la ley, por Fernando Pérez Barrios
Desde tiempo atrás se viene reflexionando cómo encarar la gobernabilidad del país al salir del marasmo en que nos tienen hundidos y sometidos. Sin ahondar demasiado entendemos cuán complejo y arduo sería diseñar un plan-nación, con sus respectivas acciones, en conocimiento de la grave crisis que se vive en todos los órdenes.
Ejecutar políticas públicas e institucionales para la reconstrucción del país requiere rehacer la textura al sector social en sus valores y transmitir a todos, incluyendo a los más estables económicamente, que el nuevo modelo o esquema a instaurar, necesita innovar en una cultura de no dependencia del Estado, desarraigar los hábitos de facilismo y extirpar por completo el clientelismo al que no escapa un alto índice de la población.
Dichos aspectos deben conducirse de una manera pedagógica por parte del Estado, es decir, que los gobernantes actúen predicando a la sociedad y dando el ejemplo que se impone un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes ciudadanos y funciones gubernamentales; que se entienda que es por medio del trabajo, esfuerzo y superación, que cada quien va labrando su propio bienestar y destino, contando por supuesto, en la aplicación de políticas básicas y elementales en lo económico y social, orientadas en renovada visión de un país en transformación y en estado de urgente renacimiento.
El discurso y la retórica tradicional, no encaja en este tiempo, el populismo menos por su falaz consecuencia; se requiere más hechos y resultados que palabras.
Hay que gobernar concibiendo y haciendo del núcleo social, unos ciudadanos con los derechos y deberes que nos establece la Constitución y las leyes. Allí precisamente esta lo neurálgico, la recuperación del país pasa por muchísimos más cambios estructurales, ideas y visión adaptada al mundo globalizado, pero, y allí está el pero, entre tantos aspectos, igual se hace impostergable fomentar e instalar la cultura del Imperio de la Ley, vale decir, la concientización del cumplimiento de la misma y su ejecución por una administración de justicia autónoma y meritocrática que la administre para el justo y buen funcionamiento de todas las facetas y estructuras de la Nación.
Si la ley se cumple, se ejecuta en esa medida, su desenvolvimiento será más organizado, disciplinado, se aminoran los problemas básicos y cotidianos, se alcanza mejor calidad de vida, porque habrá orden en el quehacer diario, un mejor y mayor control de la seguridad, sin impunidad y de la corrupción.
En fin, conscientes de que la ley se cumple y ejecuta, nos hará mejores ciudadanos y no es de ser iluso, la perfección no existe, pero el país funcionaria con más eficacia, sosiego y paz. Tema para analizar profundamente con juristas y doctos en la materia.
Convencido estoy como un modesto ciudadano, que en un país donde la Ley es caprichosa, será un país con ingentes problemas permanentes y sin soluciones.
