El «indulto» de Maduro no alcanzó para todos los presos políticos
De la lista de los «indultos» otorgados por Maduro en su decreto presidencial destaca un dato: 26 son diputados -entre principales y suplentes- cuya inmunidad había sido «allanada» por órdenes de la impuesta constituyente
La tarde del 31 de agosto, el ministro Jorge Rodríguez dio una rueda de prensa para informar sobre un «decreto presidencial», en el cual el gobernante Nicolás Maduro otorgaba su «indulto» a 110 personas, la mayoría con procesos judiciales abiertos por delitos relacionados al terrorismo, traición a la patria o asociación para delinquir.
El vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó que de estas 110 personas solo 50 actualmente están detenidas por razones políticas, 23 ya estaban excarceladas con medidas cautelares, y el resto (37 personas) estaban sujetas a investigaciones judiciales sin que esto significara un perjuicio a su libertad personal.
23 personas (de la lista de 110 sujetas a indulto) ya estaban en libertad bajo medidas cautelares. El resto (37 personas) estaban sujetas a investigación, pero no a restricciones de su libertad.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) August 31, 2020
Según el Foro Penal, hasta el 30 de agosto se contabilizaban 386 presos en las distintas cárceles civiles y militares del país por razones políticas. Además, hay una cantidad importante de opositores que ha sido procesados o perseguidos por estas mismas razones y se encuentran en el exilio, refugiados en embajadas o en las calles.
De la lista de los «indultos» otorgados por Maduro en su decreto presidencial destaca un dato: 26 son diputados -entre principales y suplentes- cuya inmunidad había sido «allanada» por órdenes de la impuesta constituyente, tras ser vinculados con supuestos hechos terroristas como el caso de Freddy Guevara, quien fue el primer perseguido bajo esta figura y actualmente refugiado en la embajada de Chile en Caracas, o se encontraban relacionados con los sucesos del 30 de abril de 2019 acusados por los mismos siete delitos.
Entre las medidas también se incluyó a parte del equipo de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como al jefe del despacho Roberto Marrero, a Maury Carrero y Demóstenes Quijada.
Pero en dicha lista no aparecen los nombres de figuras políticas como Leopoldo López o el mismo Guaidó, ambos con causas judiciales pendientes desde 2014 y 2019, respectivamente.
Tampoco aparecen los nombres de diputados como Juan Requesens –excarcelado recientemente– o Julio Borges, ambos vinculados al presunto magnicidio de agosto de 2018. Otros parlamentarios con inmunidad allanada y que tampoco verán sus causas finalizadas son Germán Ferrer, Sergio Vergara, Rosmit Mantilla y Miguel Pizarro. Todos se encuentran en el exilio.
El equipo que conforma el gobierno interino de Guaidó no corrió con la misma suerte de sus ayudantes. Tanto el abogado José Ignacio Hernández, que hasta este año actuó como procurador especial, o Ricardo Villasmil, expresidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, tampoco se vieron «beneficiados». Ambos tienen juicios pendientes en el país por supuestos perjuicios a la nación, tras llevar a cabo una serie de acciones para evitar que Nicolás Maduro o sus personeros pudiesen utilizar oro o entrar en control de activos venezolanos en el extranjero.
Las medidas tampoco incluyen a Juan Márquez, tío de Juan Guaidó, y quien tiene una boleta por parte de un tribunal para ser trasladado a un centro de salud con el objetivo de extirparle un tumor en el cuello. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se ha negado de forma reiterada a cumplir con esta orden.
De igual forma Yon Goicoechea, señalado de participar en presuntos actos terroristas y excarcelado en 2017, no se encuentra entre los beneficiarios de este «indulto», que permitiría una libertad plena a cada una de esta personas.
Entre los grandes ausentes dentro de estas medidas están los militares activos y retirados presos por razones políticas, como el general Raúl Baduel, el mayor general Miguel Rodríguez Torres o el teniente Igber Marín Chaparro. Aunque no hay un número exacto, varias ONG señalan que son más de 100 los uniformados que se encuentran tras las rejas por oponerse a Nicolás Maduro. La mayoría, según sus abogados, han sido torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El abogado Gonzalo Himiob también destacó que entre los «indultos» no fueron beneficiados «dos adolescentes, (uno de ellos, de Bolívar, alcanzó su mayoría de edad en mayo de este año, y sigue en prisión) que en el Foro Penal» tiene en sus registros como presos políticos.
Del lado civil tampoco se concretaron las libertades de los directivos de DirecTV encarcelados este año por presunta especulación y delito financieros, o los trabajadores de Pdvsa que han sido acusados de estar presuntamente vinculados a hechos de corrupción o daños dentro de la estatal.
Tampoco entre los beneficiados por el «indulto» está la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue excarcelada, tras haber sido condenada por «corrupción». En el caso de Afiuni su excarcelamiento está condicionado al cumplimiento de medidas como: prohibición de salida del país, no declarar a los medios de comunicación y el imposibilidad de usar redes sociales.
Otros con causas judiciales pendientes y que no entraron en el lote de «indultados» son los exalcaldes de oposición que fueron encarcelados en 2014 por oponerse a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el cierre de calles durante las protestas antigubernamentales conocidas como «La Salida».
Vicencio «Enzo» Scarano y Daniel Ceballos estuvieron encarcelados y fueron condenados por el Tribunal Supremo de Justicia por «desacato» a sus sentencias, además de presunta rebelión y agavillamiento. Fueron beneficiados con excarcelaciones, pero se mantienen medidas cautelares que les impiden salir del país, comentar sus casos, e incluso en el caso de Scarano se materializó una inhabilitación política en 2017 por un periodo de 15 años.
En 2017 se repitió el patrón contra los alcaldes y fueron destituidos y procesados judicialmente David Smolansky, Ramón Muchacho; Gustavo Marcano; Delson Guárate; Warner Jiménez; Lumay Barreto, quien además fue desalojada con una tanqueta de guerra de la sede de la alcaldía; Alfredo Ramos, desalojado de la Alcaldía de Irribaren por el Sebin; Carlos García y Omar Lares, ambos de Mérida, acusados de financiar o permitir las trancas de vías públicas durante las manifestaciones de 2017.
El «indulto» tampoco alcanzó para los trabajadores petroleros venezolanos acusados de daños o corrupción dentro de Pdvsa; esto también ocurrió en el caso de los directivos de Citgo, la filial en Estados Unidos, que fueron excarcelados en 2019 y apresados nuevamente por las autoridades.
El «Indulto» y los Policías Metropolitanos
Las medidas comunicadas la tarde del lunes 31 de agosto por la administración de Nicolás Maduro tampoco cubren a los policías metropolitanos acusados y condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Los indultos, según las leyes penales venezolanas, son potestad de quien ejerce el poder Ejecutivo y son aquellos que condonan la pena, es decir, extiguen la condena del acusado haciéndola cesar con todas las penas accesorias. En su artículo 104, el Código Penal también establece que el indulto podría darse de forma parcial, al conmutarse «la pena impuesta por otra inferior, se cumplirá ésta con la accesoria que le correspondan».
La figura del indulto está fundada en razones humanitarias o en actos de liberalidad del Ejecutivo Nacional, pero en ningún caso abarca a condenados por violaciones a derechos humanos.
En el caso de los policías metropolitanos, acusados por los sucesos del 11 de abril de 2002, opera esta última condición, pese a que el juez que llevó el caso declaró que habían sido inculpados por una decisión política.
#31Ago Una vez más los Policías Metropolitanos fueron olvidados, 17 años estando injustamente detenidos y no les otorgan las medidas que les corresponden ¿quién puede abogar por ellos?.
¡BASTA DE TANTA INJUSTICIA!#LiberenALosPM #DecretoPresidencial #Venezuela pic.twitter.com/1ZgLDDeRs8
— Erasmo Bolívar (@ErasmoBolivar_) August 31, 2020
Erasmo Bolívar, Arube Pérez, Héctor Rovaín y Luis Molina se encuentran encarcelados, aunque pueden optar a penas accesorias debido a que se encuentran amparados por la Ley de Redención Judicial.
Mientras, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero pagan su condena a través de medidas humanitarias de casa por cárcel por las graves enfermedades que padecen. Lo mismo sucede con el sargento Julio Rodríguez. El comisario Iván Simonovis estuvo en su casa, con medida de casa por cárcel, hasta que el presidente encargado, Juan Guaidó, lo indultó y escapó del país en 2019.
Hasta la fecha, el único liberado por estos sucesos fue el comisario Marco Hurtado, cuya boleta de excarcelación se emitió en enero de 2020 a pesar de que debió haber salido en libertad en diciembre de 2019.
Al comisario se le condenó a 16 años y 8 meses de prisión por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno. Hurtado, al igual que sus compañeros, no pudo ser beneficiario de los derechos procesales contemplados en la ley.
