El ingreso mínimo en Venezuela debería llegar a 138 dólares
La consultora laboral PGA Group indica que el ingreso mínimo ha perdido 73% de su capacidad de compra desde 2016, con todo y aumentos. Froilán Barrios denuncia que 80% del empleo en Venezuela es precario y Maryolga Girán explica los sectores de alimentos, medicamentos e higiene personal son los más afectados, porque no pueden cubrir sus costos
El salario básico de los venezolanos debería ser actualmente de 138 dólares mensuales para cubrir la cesta básica familiar, cuyo costo supera los 220 millones de bolívares, según la estimación de Iván Acosta, director de la consultora en Recursos Humanos, PGA Group.
La misma empresa dice que, pese a que el ingreso mínimo ha aumentado nominalmente en 15.000% desde 2016, el deterioro efectivo del poder de compra de este ingreso es de 73% en el mismo período.
El consumo de los venezolanos ya se ubica en niveles parecidos a los de Guatemala o Ecuador y se han registrado cambios profundos en los hábitos de compra, ante aumentos de 32.000% en los productos de cuidado personal o de 13.000% en los autoservicios, según datos de la empresa analista de mercados Nielsen.
De manera que el nuevo aumento decretado por el mandatario Nicolás Maduro, que coloca el ingreso mínimo de los trabajadores de los sectores públicos y privados en 5.196.000 bolívares, está lejos de cumplir su cometido de asegurar la cobertura de las necesidades básicas de quien lo recibe.
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De hecho, si se toma en cuenta el nuevo cambio oficial establecido por la tasa de cambio válida para las remesas (Bs. 2.200.000 por dólar), el salario mínimo actual apenas es de 2,36 dólares.
Aumentos terroríficos
Para el dirigente del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), Froilán Barrios, señala que la gestión de Maduro ha logrado que los niveles de precariedad laboral se vinculen directamente con los niveles de pobreza.
«La precariedad laboral en Venezuela ya supera 80%. Prácticamente ninguno de los 14.500.000 venezolanos que forman parte de la Población Económicamente Activa puede vivir de un ingreso salarial, porque esta administración ha destruido el trabajo hasta como concepto», señala Barrios.
Añade que este es el único país donde cada nuevo aumento salarial «genera terror» en los trabajadores, porque saben que su poder de compra se seguirá pulverizado, «tanto como se pulveriza el bolívar en manos del gobierno de Maduro», apunta.
«Maduro, con sus 23 aumentos salariales, se niega a reconocer la terrible realidad. Es urgente estabilizar la economía. Los trabajadores no quieren más aumentos, sino que se detenga la inflación y comience a bajar, porque esa es la única vía para que se multiplique el salario», señala Barrios.
El dirigente sindical y profesor universitario va a lo que, en su opinión, es el fondo de la cuestión: «el gobierno no quiere trabajadores autodeterminados como personas, libres de tomar sus propias decisiones económicas y financieras».
Barrios precisa que la realidad laboral en Venezuela es especialmente compleja, aunque el problema más grave es que ningún salario alcanza para vivir y tener unas expectativas razonables de progreso personal y familiar. «Los trabajadores venezolanos viven en el peor de los mundos: los ingresos no alcanzan, no funcionan los sistemas de protección social del empleo y las leyes laborales están pintadas en la pared».
Los precios no cubren los costos
La abogada y consultora en asuntos laborales, Maryolga Girán, dijo que no se puede hablar de aumentos salariales, porque realmente no incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores. Los que sí suben son los costos operativos de las empresas.
Girán subraya que con cada nuevo aumento salarial se destruye más, si cabe, la estabilidad personal y laboral de los trabajadores. El beneficio es equivalente a cero para quienes intentan vivir de un salario.
«Los controles que existen sobre la economía impiden que los precios se ajusten siquiera a los costos de producción, ni siquiera estoy hablando de ajustarlos a la inflación. Hay muchas empresas que operan a pérdida de manera constante y tienen que buscar fuentes alternas de ingreso. Los precios deberían soportar las estructuras de costos, pero eso no está ocurriendo», dice la especialista.
Girán puntualiza que existen productos, básicamente los de primera necesidad, que están regulados con la estructura de costos de diciembre y, en lo que va de año, el incremento de costos promedio es de 300%, porque hay que tomar en cuenta los costos complementarios, como los envases y empaques. «Las pastillas no te las dan sueltas en una farmacia, por ejemplo», pone el caso.
Los sectores más afectados por este proceso de escalada de costos son alimentos, medicamentos e higiene personal, porque las empresas de estas áreas de negocios, definitivamente, no están en capacidad de cubrir sus estructuras de costos con los precios fijados.
«En consecuencia, se afecta el mantenimiento de equipos, la adquisición de materias primas y repuestos, y los costos de fletes -que se han incrementado de manera dramática en lo que va de año-, entre otros», explica Girán.
¿Cuál es la incidencia directa de cada decreto de aumento salarial en la estructura de costos de las empresas? Maryolga Girán señala que ese cálculo debe hacerlo cada empresa, porque las condiciones son tan volátiles y complejas que es difícil fijar parámetros.
Por ello el socio de PWC Venezuela, Pedro Pacheco, recomienda que cada empresa calcule su índice de precios particular, en función de determinar sus costos, porque las cifras de inflación que se producen, por ejemplo en la Asamblea Nacional, no reflejan, por su propia naturaleza, la realidad de cómo evolucionan los costos.
Los aumentos periódicos del ingreso mínimo con los que el gobierno intenta «proteger» al pueblo, lo que ocasionan realmente es destrucción del aparato productivo y, por ende, fuentes de empleo estable.
«Las nóminas de las empresas están cayendo y en algunos casos gravemente, y no porque los empresarios estén saliendo de empleados, sino por que estos se van, porque el trabajo en Venezuela ya no es rentable. Prefieren irse a pie por la frontera de Colombia o Brasil, antes que seguir trabajando por ingresos que agudizan la precarización», enfatiza Girán.
La abogada subraya que muchos trabajadores simplemente desertan de sus puestos de empleo y ni siquiera cobran las prestaciones sociales. «Antes las prestaciones eran un mecanismo de mejora efectiva de las condiciones de vida, porque ese ahorro tenía capacidad de compra. Ahora representan un ingreso miserable».
«Ni 4% de la canasta»
Maryolga Girán dice que los sectores donde la nómina representa el costo crítico, como el comercio, son los más afectados por esta política populista de aumentos constantes del ingreso mínimo. También pierden en estos casos las pequeñas empresas y los emprendimientos más artesanales.
Sin embasrgo, el costo de nómina afecta a todos los sectores, porque estas medidas empujan los precios; de hecho, estos incrementos ya son equivalentes a aumentos generales de salarios, porque las empresas deben mover toda la escala para mantener los diferenciales.
«No existen mecanismos de protección. Las empresas están contra la pared. Y el trabajador pierde porque aún con este salario mínimo, el ingreso básico no permite adquirir ni 4% de la canasta básica. Por citar un ejemplo, en Costa Rica el ingreso mínimo compra el equivalente a seis canastas básicas. ¿Te imaginas la capacidad de ahorro que tiene un trabajador costarricense?», se pregunta Girán
Maryolga Girán concluye que «el gobierno culpa a las empresas de la inflación y destruye al aparato productivo, cuando debería buscar las causas reales de la situación. Es necesario debatir estos temas sin apasionamientos ideológicos. Se están tomando medidas económicas que no son racionales, sino ideológicas. Si se mete la ideología en los mercados, no hay manera de resolver los problemas de la gente».