El interminable ciclo de la violencia en AL, por Aldo Adrián Martínez Hernández
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Hasta antes de la pandemia, la violencia era con el desempleo, la corrupción y la economía una de las mayores preocupaciones de los latinoamericanos, situándose como uno de los temas que adquiría cada vez más relevancia en la agenda política y de gobierno en la región. Los datos más recientes del Estudio Mundial sobre el Homicidio de la ONU indican que América Latina y el Caribe es una de las zonas con la mayor tasa de homicidios en el mundo.
La región también muestra tasas muy altas de violencia producida en el ámbito privado. Prevalece la violencia caracterizada por homicidios y no la violencia autodirigida como los suicidios ni la violencia colectiva, tales como guerras y terrorismo. Por lo tanto, es un tipo de violencia asociada principalmente a los graves problemas de narcotráfico y grupos organizados.
La violencia se disparó en el siglo XXI
La incidencia de este tipo de violencia interpersonal aumentó considerablemente desde mediados de las décadas de los ’80 y principios de los ’90. Sin embargo, con la entrada al siglo XXI su incremento ha sido mayor que el del siglo pasado. En estas últimas dos décadas la tasa de homicidios promedio en la región se elevó en más de un 80%, con mayor aceleración durante la década actual.
Previamente al comienzo de la pandemia, la muerte por homicidio se había incrementado especialmente en países como El Salvador, México y Guatemala, al mismo tiempo que había disminuido en otros países tales como Colombia, Honduras y Argentina. Durante la pandemia, los tipos de violencia doméstica en contra de las mujeres se incrementaron de forma alarmante, así también la violencia sexual, el cibercrimen y los robos a la propiedad. De esta manera, puede observarse un cambio de paradigma de la violencia en la región.
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Múltiples factores
Las causas de la violencia son atribuidas a múltiples factores, lo cual aumenta la complejidad de su análisis y en consecuencia es más difícil combatirla. Por un lado, el incremento de la violencia en décadas recientes se ha atribuido a factores que operan a nivel macro, incluyendo la alta proporción de jóvenes sin empleo, el mal desempeño económico, el aumento en la desigualdad y la pobreza.
A esto se suma el crecimiento notable de los mercados de armas y drogas asociados a la globalización y el crimen organizado.
Por otro lado, es posible que una combinación de factores a nivel macro, incluyendo el repunte económico y acciones gubernamentales dirigidas específicamente a disminuir la violencia, expliquen la reducción de las tasas de homicidios en algunos países. Sin embargo, no hay evidencia contundente para poder atribuir esta reducción de los niveles de violencia a variables determinadas ni cambios específicos a nivel sistémico.
A los cambios a nivel macro vinculados al aumento de la violencia se suman los factores a nivel institucional, comunitario e individual que también son asociados a la alta prevalencia de la violencia en la región. Estos incluyen la debilidad de las instituciones de justicia y de aplicación de las leyes contra la corrupción. Existen también factores denominados situacionales que desencadenan violencia, donde las instituciones de control social cumplen un papel central para disminuir la violencia a nivel comunitario. Entre estas instituciones se encuentran la policía y el aparato judicial.
En América Latina estas instituciones gozan de una confianza mínima, característica que no solo tiene que ver con el desempeño institucional sino también con las capacidades del Estado para proveer justicia. Esta idea asume la capacidad del procesamiento de demandas de justicia y la aplicación del Estado de derecho ante las necesidades de la sociedad.
La importancia de la confianza en el sistema judicial no solo depende de elementos observables, como la recepción de las denuncias, sino también a la propia percepción de violencia y la consecución de justicia al interior del sistema. Por esto, la confianza en este tipo de instituciones y la relación de estas con las víctimas que requieren de justicia son fundamentales.
Este entendimiento es clave para las sociedades latinoamericanas donde al menos un tercio de la población ha sido víctima de algún acto delictivo. Todo esto adquiere aún más relevancia para el establecimiento de procesos de estabilización democrática y el Estado de derecho, asignatura pendiente en la región.
Aldo Adrián Martínez-Hernández es profesor e investigador asociado del Dep. de C. Política y Adm. Pública de la Univ. Autónoma de Aguascalientes. Doctor por la Univ. de Salamanca. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI/CONACYT).
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