El modelo latinoamericano de Clínicas Jurídicas Ambientales, por Andrea Domínguez Noriega
¿Puede el derecho ser una herramienta para frenar el colapso ecológico? ¿Puede formar profesionales capaces de defender la vida, más allá de los códigos y los tribunales? En un contexto de crisis climática y profunda desigualdad territorial, América Latina está gestando un modelo alternativo: el de las Clínicas Jurídicas Ambientales.
Este modelo parte de una premisa poderosa: el derecho no puede enseñarse en abstracto, encerrado en las aulas. Frente a problemas complejos como el extractivismo, el desplazamiento forzado o la contaminación de ecosistemas, se necesitan profesionales capaces de escuchar, comprender y actuar junto a los territorios.
Las Clínicas Jurídicas Ambientales son espacios pedagógicos donde se enseña derecho desde el territorio, junto a las comunidades, con una ética pública y una vocación transformadora. Una manera de formar abogadas y abogados comprometidos con la sostenibilidad, la justicia climática y los derechos humanos.
Casos que marcan la diferencia
El trabajo de estas clínicas no es teórico y ha generado resultados concretos en diversos países. En La Libertad, Perú, por ejemplo, una filtración de agua en un terreno privado generó, de forma inesperada, un humedal artificial. Aunque no contaba con reconocimiento legal, el ecosistema atrajo especies migratorias y vulnerables. Frente a un proyecto inmobiliario que pretendía eliminarlo, la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) elaboró un informe clave para la Fiscalía Ambiental. El caso detuvo las obras, defendió el principio de no regresión y vinculó el derecho a la defensa de la biodiversidad, incluso en propiedad privada.
En Loreto, también en Perú, se presentó un amicus curiae (en el lenguaje jurídico, se refiere a una persona o grupo que, aunque no es parte en un caso judicial, presenta voluntariamente información o argumentos al tribunal para ayudarlo a tomar una decisión), en un caso sin precedentes sobre cambio climático y niñez indígena. Fue elaborado por estudiantes de la PUCP y de la Universidad McGill (Canadá), y evidenció cómo la crisis climática vulnera derechos fundamentales como la salud y el ambiente sano. El caso marcó un hito en la justicia intergeneracional y en el reconocimiento de los impactos diferenciados del cambio climático sobre la infancia.
En 2023, la red de clínicas presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la solicitud de Opinión Consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. El documento, redactado por estudiantes de varios países, fue citado expresamente en la decisión final de la Corte. La nota al pie 1033 mencionó el testimonio de estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental Berta Cáceres (México) sobre los efectos del colapso ecológico en la salud mental. Una forma de decir: el derecho también se escribe desde la vivencia, desde la angustia y desde la esperanza.
Una pedagogía para un planeta en crisis
Pero, ¿qué distingue realmente a estas clínicas? Su apuesta por el «aprender haciendo»: los estudiantes elaboran informes legales, apoyan litigios estratégicos, redactan amicus curiae, asesoran a comunidades y participan en procesos normativos. Todo ello desde una triple perspectiva.
En primer lugar, forman juristas con enfoque de sostenibilidad y justicia climática. No basta con conocer la ley: hay que entender sus efectos y limitaciones, integrar derechos humanos y comprometerse con los desafíos del presente. En segundo lugar, reducen las barreras de acceso a la justicia ambiental, acompañando procesos locales, visibilizando conflictos y traduciendo el derecho en herramienta de acción. Y en tercer lugar, tejen alianzas: con fiscales, jueces, comunidades, gobiernos y organizaciones del Sur y del Norte global. Porque los problemas ambientales son transfronterizos, pero también lo son las soluciones.
Hacia una red global de justicia ambiental
Estas experiencias no son aisladas. Son el corazón de una red que hoy integra más de veinte universidades de América Latina y el Caribe, articuladas en la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales. Nacida en 2019, esta red comparte metodologías, coordina casos y construye conocimiento situado. Desde 2022, colabora también con EPIC-N (Educational Partnerships for Innovation in Communities), una red global que impulsa la colaboración estructurada entre universidades y comunidades. Ambas metodologías —la clínica jurídica y el modelo EPIC— comparten valores como el aprendizaje experiencial, la planificación participativa y el compromiso con la transformación social.
Esta sinergia permite proyectar el modelo latinoamericano hacia una red global de justicia climática viva. Porque hoy, más que nunca, necesitamos multiplicar estos espacios, consolidar alianzas y tender puentes entre lo local y lo global.
Un derecho para el siglo XXI
Frente al modelo tradicional del abogado distante, técnico y encerrado en la norma, estas clínicas proponen otra forma de ejercer la profesión: desde la escucha activa, el respeto al conocimiento local y el compromiso con los más vulnerables.
No se trata solo de formar abogados, sino de construir ciudadanía jurídica comprometida con los desafíos del siglo XXI. Una ciudadanía capaz de usar el derecho no como barrera, sino como puente. No como trinchera, sino como herramienta de cambio.
Cada clínica que se crea, cada alianza que se teje, cada estudiante que se forma desde esta metodología, nos acerca a un futuro más justo, más participativo y más sostenible. Porque el derecho, cuando se practica con sentido, puede ser una de las herramientas más poderosas para cambiar el mundo.
Andrea Domínguez Noriega es Coordinadora de la Alianza de Clínica Jurídica Ambientales y docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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