El nacionalismo como último refugio de mal gobierno, por Ricardo Monzón Kcomt
En tiempos de encuestas adversas, cuestionar la soberanía territorial de un país vecino es el combustible perfecto para cuidar la estabilidad interna. Petro le sigue los pasos a Maduro y Evo Morales.
En América Latina, los mapas se redibujan más rápido en los discursos de campaña que en las oficinas de Cancillería. La isla Santa Rosa, hoy centro de la tensión entre Perú y Colombia, es apenas el último capítulo de una vieja receta regional: cuando peligra la estabilidad interna, siempre queda a mano un pedazo de tierra para agitar el nacionalismo. Aquí, la diplomacia suele ceder paso a la oratoria patriótica y la soberanía se convierte en combustible político que arde con más fuerza en tiempos de encuestas adversas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, es el nuevo protagonista de esta historia de instigación geográfica. La confrontación estalló cuando el 7 de agosto reclamó como suya la mencionada isla, ubicada en la triple frontera entre su país, Perú y Brasil, en el corazón de la Amazonía, en protesta a que el 3 de julio el Congreso peruano haya creado allí, a través de una ley, el distrito de Santa Rosa de Loreto como parte de su territorio.
La isla en la que está ubicado este distrito surgió alrededor de 1970 debido a un proceso natural de fragmentación de la parte sur de la isla peruana de Chinería. Por el este limita con las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).
Allí viven netamente pobladores peruanos, que suman aproximadamente 1,800 habitantes, quienes tienen documento de identidad y gozan de los servicios estatales del Estado peruano.
Perú asegura que tratados internacionales como el de Río de Janeiro de 1934 lo respaldan y que la narrativa de Petro se da por desconocimiento, aunque, valgan verdades, al reclamar como suya la isla.
Petro intenta distraer la atención y tapar los escándalos internos que lo rodean, como el caso de corrupción sobre la compra de carrotanques con sobrecostos y el desvío de recursos para presuntamente sobornar a congresistas a cambio de apoyo a sus reformas sociales.
La justicia también investiga el aparente financiamiento ilícito de su campaña presidencial, en la que se presume que hubo donaciones de narcotraficantes a favor de su hijo Nicolás.
A todo esto, en junio de 2025 la desaprobación de Petro alcanzó su punto más alto, y aunque tuvo una recuperación moderada en agosto, el rechazo sigue marcadamente por encima del apoyo. El 89% de los colombianos cuestionan la crisis de inseguridad ciudadana que, aseguran, ha empeorado durante su mandato, y la convocatoria unilateral de consultas populares, como la de la reforma laboral. Tampoco ha habido mejoras en salud, por lo que se percibe un gobierno poco efectivo, y se restringió la exploración energética, lo que afecta las expectativas de crecimiento económico.
Estos episodios han golpeado con fuerza su credibilidad y lo han empujado a buscar una narrativa que le devuelva protagonismo y cohesione su bastión electoral.
¿Está Petro usando políticamente el tema? Claramente sí, lo está haciendo. Trasladó la celebración de la Batalla de Boyacá a Leticia para evadir una protesta minera que le estaba costando capital social. Llamó a la defensa de la soberanía y no descartó acudir a tribunales internacionales si no se resuelve el diferendo con Perú por las vías diplomáticas. Una puesta en escena en la que cada declaración altisonante adquiere un tono épico.
Por su lado, la sociedad peruana está convencida que el mandatario colombiano utiliza el tema como una cortina de humo. La maniobra llega justo cuando su coalición, el Pacto Histórico, necesita posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Y como en tantas otras historias latinoamericanas, el verdadero campo de batalla no está en el territorio en disputa, sino en la opinión pública.
Sino miremos el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, que siempre se ha reactivado especialmente en momentos de crisis económica, sanciones y aislamiento diplomático del régimen de Nicolás Maduro.
Aunque la disputa por este territorio se arrastra desde el siglo XIX, Maduro la ha convertido en un comodín recurrente cada vez que la economía colapsa o las protestas amenazan con encender las calles. Cosa de todos los días.
En diciembre de 2023, el referéndum sobre esta región fue un claro movimiento para llamar al nacionalismo y legitimar al gobierno antes de las elecciones que seis meses más tarde igual terminó perdiendo, pero mantuvo el poder con triquiñuelas judiciales denunciadas hasta hoy. Así demostró, una vez más, que la disputa territorial es para su régimen un salvavidas de prioritaria aparición.
Este año, Maduro redobló la presión con planes para instalar una zona militar especial y otorgar licencias petroleras en el área, acompañadas de maniobras militares en la frontera que buscan reforzar el discurso antiimperialista por el apoyo estadounidense a Guyana. Su actitud confirma que en América Latina la exaltación patriótica sigue siendo la coartada favorita para desviar la mirada de los problemas y escándalos internos.
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En la Bolivia de Evo Morales pasó algo similar. Tras años de insistir en la demanda marítima contra Chile, el fallo de La Haya de 2018 fue completamente desfavorable para su país: determinó que Chile no tenía ninguna obligación jurídica ni diplomática de negociar una salida soberana al mar. Sin embargo, el expresidente y su entorno se aferraron a una frase del veredicto que señalaba que el fallo “no impedía” que ambos países conversaran, algo que en realidad solo aludía a la posibilidad de diálogos bilaterales voluntarios.
En los últimos meses, ya inhabilitado para postular, Morales llamó a votar nulo en las elecciones presidenciales de 2025 y volvió a dejar abierta la puerta a retomar la causa marítima como bandera. En su retórica, es probable que el tema del mar siga apareciendo como un recurso de agitación.
La isla, el mar o el río son solo excusas: lo que de verdad está en juego es el poder. El nacionalismo sigue siendo el refugio preferido de aquellos malos gobernantes que no quieren rendir cuentas por sus fracasos.
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