El nuevo bono de la infamia, por Esperanza Hermida

Opinión TalCual | mayo 6, 2022

Twitter: @espehermida

La destrucción de la seguridad social venezolana es una victoria del gobierno de Maduro. Lejos de responder a las justas demandas y contundentes protestas de la población jubilada y pensionada de Venezuela, el anuncio presidencial del bono parcial es una brutal ofensa a la CRBV y a los derechos humanos. Premia al club de amistades gubernamentales y afecta a toda la gente adulta mayor residente en el país y el exterior. ¡Una burla para millones de personas!

La casta militar jubilada recientemente, que ya goza de prebendas por su lealtad al gobierno reprimiendo al pueblo, recibirá de manera adicional miles de millones del ingreso nacional. Tiene dueño ese posible excedente por el aumento del barril debido a la guerra en Ucrania. Ello porque el bono beneficia a un exiguo porcentaje de la burocracia “roja rojita” jubilada en la administración central, es decir, las personas que se jubilaron entre enero de 2018 y mayo de 2022. Además, excluye expresamente de su ámbito de aplicación al personal petrolero y de empresas del Estado, gobernaciones, alcaldías, organismos públicos de la administración descentralizada (fundaciones, servicios e institutos autónomos). No abarca entes con autonomía funcional, como son el poder legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Excluye a las universidades.

Al contrastar el universo beneficiario del bono con la publicación de Transparencia Venezuela en Nuestro presupuesto 2022, se observa que la fuerza laboral de la administración central está compuesta de la siguiente forma:

FUERZA LABORAL VENEZOLANA 2022

De esta manera, el 80,61% del total de la fuerza laboral de la administración central, pertenece al sector castrense, lo que conduce a concluir que existe una drástica reducción de la inversión en personal civil. Si estas proyecciones se trasladan al ámbito de aplicación del bono en la administración central, una simple regla de 3 revela que el personal militar jubilado en los últimos 3 años y medio, recibirá mayores beneficios que el resto e incluso, más que sus pares de promociones anteriores.

Por su parte, el funcionariado civil de la administración central es en muchos casos víctima de jubilaciones extraordinarias y percibe un menor porcentaje de retribución mensual (asimilable al salario mínimo). Miles de estas personas en edad de trabajar, que no aplican a la pensión de vejez del IVSS, están fuera de la plantilla activa por las oleadas de reestructuración, fusión, supresión de organismos y otros modelos de reducción implementados por el gobierno nacional. En cuanto al funcionariado jubilado de forma ordinaria entre 2018 y 2022, disfrutará el bono de manera similar que el jubilado extraordinariamente. Esta falsa igualdad es una odiosa discriminación: pierde valor la antigüedad en el ejercicio del cargo (que en su día significó un mayor porcentaje de pago mensual) y se premia a un personal jubilado por azar (que, si bien recibe menos, podría trabajar).

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La versión extraoficial de la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto 2022, sobre la cual Transparencia Venezuela y otras organizaciones han expresado públicamente su opinión, señala que por concepto de Seguridad Social se destinarían 2.333.129.000 de miles de bolívares, cifra que representa el 6,74% del presupuesto para este rubro, y 3,74% del total del presupuesto nacional.

En este sentido es preciso recordar que desde 2017, el gobierno nacional no publica las leyes de presupuesto anual en la Gaceta Oficial, ni sus modificaciones. Por ello, es bastante difícil por no decir imposible, identificar el alcance de la inversión presupuestaria en políticas públicas de seguridad social, ni determinar y menos auditar lo que se destina a programas asistencialistas y de clientelismo.

Tal es el caso de las misiones planes asociados al sistema “Patria”. En su caso, Amor Mayor, se suma a las pensiones por vejez del IVSS, aunque tiene origen diferente, así como también se computa doble o triple, junto con la serie de bonificaciones destinadas a la población más vulnerable (bono joven, madres de la patria, entre otros). De hecho, entre los entes ejecutores de los diversos programas englobados bajo el nombre de seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) sólo se encarga del 1,43% del presupuesto global para este concepto, seguido por el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) que maneja el 0,32%. Lo demás se gestiona a través de vicepresidencias y ministerios del área social y comunal, cuyo asistencialismo y clientelismo nada tiene que ver con los históricos conceptos de la solidaridad intergeneracional y la universalidad.

Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria

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