El país no necesita reformar la constitución, sino su cumplimiento, por Gonzalo González
Correo: [email protected]
Entre las iniciativas políticas emprendidas por el régimen para tratar de alcanzar una suerte de normalidad política relevando al olvido el fraude cometido contra la soberanía popular y tratar de consolidar el autogolpe está la convocatoria a una reforma de la constitución vigente.
Operación política que se da en un contexto signado por el escalamiento de la crisis multifactorial padecida por el país cuyas consecuencias más notorias son: la emergencia humanitaria compleja y la emigración de cerca de ocho millones de personas. Por la ausencia de legitimidad de origen y legalidad en la que están quienes gobiernan producto de un continuismo impuesto.
La brecha entre las agendas de la sociedad y la del régimen sigue ensanchándose. La sociedad no confía en los gobernantes y los quiere fuera; los repudiados buscan quedarse sine die y a todo evento.
Cualquier proceso de reforma constitucional, aun el más parcial, para ser eficaz y respaldado requiere de un ambiente en el cual haya un amplio consenso nacional sobre la necesidad, viabilidad y positivad de los cambios a producir.
El contexto político actual no se condice con ninguna de las premisas arriba mencionadas porque convive, no solo con el fraude y sus consecuencias de gobernanza dictatorial, sino también con una acción represiva cuyo objetivo es desarticular y desaparecer la disidencia y terminar de cerrar los espacios residuales de libertad y pluralismo.
Pero además, se trata de imponer una reforma exprés y a la carta; sobre cuyos contenidos no se tiene información precisa ni oficial de parte del promotor que es –para mayor alarma– el Gobierno. Lo poco que se sabe es mediante los discursos de Maduro, quien expresa que sus objetivos centrales son: instaurar el Poder Comunal y aumentar la capacidad de sanción a quienes atenten contra la seguridad del Estado y su integridad en aras de defender la revolución. Se barrunta que la reforma incluiría la eliminación de la elección directa de los cargos ejecutivos y legislativos de los poderes nacional, estatal y municipal.
Visto el panorama estaríamos en presencia de unos cambios regresivos desde el punto de vista de los derechos humanos, civiles y políticos; así como de lo poco que queda de la condición federal y descentralizada del Estado venezolano.
Por otro lado, una reforma regresiva, sectaria e impuesta no sería una buena señal para los agentes económicos ni para el rescate de la confianza de los inversionistas internacionales en el devenir de la economía venezolana. La cual requiere de la inversión de ingentes capitales internacionales en los sectores productivos para reconstruirla, hacerla crecer de manera sostenida y generar progreso y prosperidad.
Lo que sí necesita el país es que la constitución vigente se cumpla y aplique. Eso en el presente nacional supone en primer término que se respete lo voluntad ciudadana expresada el 28 de julio en las mesas de votación.
Se negocie una transición amplia e inclusiva que lleve a Miraflores al presidente electo, Edmundo González. Cualquier otra cosa solo servirá para que la crisis multifactorial siga escalando con los perjuicios derivados y el país continúe el retroceso sostenido que experimenta en los diversos índices civilizatorios desde 1999.
El país nacional y su liderazgo democrático están ante el reto de demostrar su rechazo hacia este nuevo intento de instaurar una legalidad dictatorial que intenta por la puerta de atrás dotar al régimen de una legitimidad espuria. ¿Cómo? Como se pueda.
*Lea también: Triste balance de la lucha opositora post 28 de julio, por Beltrán Vallejo
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
