El patrón del CNE desde #28Jul: Irrespeto a normas electorales y «autoritarismo cerrado»
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE ha profundizado su subordinación al Ejecutivo, eliminando auditorías, ocultando resultados, restringiendo el registro electoral y permitiendo la participación de partidos exprés sin base legal. El politólogo Jesús Castellanos advierte que estas acciones forman parte de una «reingeniería» impuesta por Maduro y marcan el inicio de una nueva etapa de «autoritarismo cerrado»
El sistema electoral del país atraviesa un retroceso sin precedentes desde la realización de la elección presidencial el 28 de julio de 2024. Desde entonces, expertos han alertado sobre el irrespeto a las normas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que suman más de 20 hasta los comicios municipales del pasado 27 de julio.
El politólogo y experto en temas comiciales Jesús Castellanos considera que «después de 2024 se pasó a una nueva etapa dentro de los procesos electorales, básicamente se hacen elecciones dentro de un autoritarismo cerrado y están signadas por una enorme opacidad».
Castellanos detalla que aunque las presidenciales se desarrollaron bajo un contexto asimétrico, aún había elementos mínimos que permitían hablar de cierto nivel de competitividad: la participación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la observación internacional del Centro Carter y la ONU, así como la realización de auditorías con acompañamiento nacional e internacional que, afirma, brindaron una base para evaluar el proceso.
Sin embargo, esos elementos desaparecieron casi por completo para las elecciones del 25 de mayo y del 27 de julio. «Hay restricciones significativas en lo que tiene que ver con el Registro Electoral, que fue restringido hasta el punto de que ni siquiera se abrió para que la ciudadanía pudiera actualizar sus datos. No hubo información oficial de las auditorías y no se publicaron las actas ni los resultados detallados», denuncia el experto electoral.
Especialistas han explicado que el CNE ha estado inmerso en una recurrente transgresión al marco normativo, que incluye el irrespeto a las normas relacionadas con los actos poselectorales.
Algunas de las irregularidades cometidas por el CNE que demuestran las graves fracturas de los pilares del proceso electoral presidencial son las siguientes:
- Incumplimiento de la publicación de los resultados desagregados y auditorías: Ha transcurrido poco más de un año de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral no publicó los resultados por mesa ni realizó las auditorías de red de telecomunicaciones, verificación ciudadana Fase II y ADES II; lo que viola los artículos 293 y 294 de la Constitución y artículos de la Ley Orgánica del Poder Popular.
- Proclamación sin soporte documental: El ente electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato sin presentar el boletín definitivo, las actas de totalización ni entregar los recaudos técnicos a los partidos políticos.
- Inhabilitación de candidatos: Se inhabilitó a María Corina Machado y se impidió la inscripción como candidata presidencial de Corina Yoris, hechos que limitaron el pluralismo político en los comicios.
- Extralimitación de competencias del Tribunal Supremo de Justicia: La Sala Electoral del TSJ admitió y tramitó un recurso de Nicolás Maduro para certificar su elección, lo que excede sus competencias y es contrario al ordenamiento electoral.
- Destitución irregular de un rector del CNE: El rector Juan Carlos Delpino fue removido de su cargo sin declaración formal de falta absoluta ni pronunciamiento previo de la Sala Plena del TSJ, violando el artículo 31 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Pese a las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 y la amplia condena a nivel nacional e internacional, el ente convocó las elecciones regionales para el pasado 25 de mayo y municipales para el 27 de julio, sin subsanar los errores, lo que derivó en que estos comicios también ser vieran marcados por un gran número de fallas.
- Convocatorias irregulares: La fecha de los comicios regionales cambiaron. Primero fueron convocadas para el 27 de abril y luego para el 25 de mayo, pero no se respetaron los periodos de vencimiento de los mandatos, omitieron la publicación del cierre legal de la elección presidencial en Gaceta Electoral y no se publicó el cronograma electoral, violando los artículos 42 de la Lopre y 110 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
- Opacidad informativa: Tras la denuncia de un supuesto hackeo del portal web del CNE desde las elecciones presidenciales de 2024, esta página permanece desactivada. Las redes sociales del ente no emitieron información sustantiva y la comunicación fue esporádica y no oficial, muchas veces vía Telegram, haciendo que los procesos electorales (regional y de la AN) fuesen opacos.
- Intervención del CNE por otros poderes del Estado: Figuras de otros poderes, como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, asumieron la vocería sobre aspectos técnicos y operativos, contraviniendo la autonomía del Poder Electoral.
- Deterioro del Registro Electoral: Para estos comicios no hubo jornadas de inscripción o actualización, ni tampoco se brindó información pública sobre el cierre del padrón. Además, el CNE incumplió con la obligación legal de publicar el RE preliminar y el definitivo.
- Irregularidades en las postulaciones: El ente inhabilitó sin justificación formal a partidos opositores y notificaron de los lapsos de postulación y transmisiones públicas por correo electrónico, sin divulgación oficial ni publicación en Gaceta Electoral.
- Inhabilitaciones y habilitaciones discrecionales: Se inhabilitaron los partidos Movimiento por Venezuela y Centrados y se habilitó al exgobernador de Miranda Henrique Capriles, lo que se califica como una extralimitación de funciones de los poderes públicos.
- Judicialización de partidos políticos y legalización de «partidos exprés»: Para las elecciones del 25 de mayo se permitió la participación de 15 organizaciones judicializadas y de «partidos exprés» que no cumplían con los requisitos de la Ley de Partidos Políticos.
- Incumplimiento de la paridad y alternancia de género: A pesar de que la normativa lo establece, los partidos políticos no cumplieron con la composición equitativa de género en las postulaciones y el CNE no detalló el desglose de las cifras.
- Opacidad en la campaña electoral: Las normas especiales de campaña no fueron publicadas oficialmente y se enviaron solo a los partidos participantes, restringiendo el acceso a la propaganda electoral.
- Simulacro electoral opaco: El Consejo Nacional Electoral no informó oficialmente los centros de votación habilitados ni sobre la supuesta eliminación del código QR de las actas de escrutinio.
- Manipulación de cifras de participación: El CNE utilizó el término «electores activos» para inflar las cifras de participación, excluyendo a más de 8,5 millones de votantes sin una explicación institucional clara.
- Elección de gobernador para la Guayana Esequiba: No se publicó ninguna norma electoral específica que definiera con claridad la población de referencia, el padrón electoral, la circunscripción o el número de diputados.
- Tratamiento electoral asimétrico para los electores de la Guayana Esequiba: Se les otorga un peso específico, distinto y mayor que al resto de los ciudadanos, con la oportunidad de votar dos veces para cada cargo, lo que atenta contra el principio «un elector, un voto».
Sistema cuestionado
Las autoridades comiciales y otros funcionarios del país aseguraban que «el mejor sistema electoral del mundo» estaba en Venezuela; sin embargo, esta afirmación, que se basaba en tener un método rápido y seguro, aumentó su descrédito tras las últimas elecciones.
El día de las elecciones regionales, Nicolás Maduro anunció una «reingeniería completa» del sistema electoral para incluir votaciones primarias dentro de las comunas y consejos comunales. Dijo: «Hay que perfeccionar el sistema electoral (…) tengo el planteamiento de la constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales».
Jesús Castellanos advierte el riesgo que implica que sea el mismo Maduro quien notifique esos cambios del sistema electoral, algo que afirmó no le corresponde, de acuerdo con lo que establece la Constitución: «Eso lesiona gravemente el principio de autonomía del Poder Electoral. Se ratifica la subordinación del resto de los poderes al Ejecutivo», afirma.
No obstante, a juicio del politólogo, la llamada reingeniería ya se ha comenzado a observar en el sistema electoral. Explica que está presente en la imposición de normas inconstitucionales, opacidad en auditorías, no generación de resultados electorales detallados, habilitación de estructuras partidistas sin legitimidad, entre otros aspectos.
Castellanos, quien en el pasado defendía la fortaleza del sistema automatizado, en la actualidad admite que ya no se puede hablar de un modelo robusto. Dice que hasta 2024 se podían destacar ciertas virtudes, pero enfatiza que en 2025 ya no hay garantías ni transparencia.
«Queda por tierra que finalmente el sistema automatizado de Venezuela es sólido, es fuerte, es uno de los mejores del mundo, queda totalmente cuestionado porque realmente no se cumple», asevera Jesús Castellanos.
Acceso a la Justicia también ha denunciado la opacidad que rodeaba los últimos comicios y previo a las elecciones regionales afirmó que seguían marcadas «por graves irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías mínimas».
Para esta organización, las irregularidades permitidas por el CNE «refuerzan la percepción de un árbitro electoral sin credibilidad y debilitan el ejercicio del voto»; con lo que también aseveran «el voto pierde valor y se convierte en un mero trámite sin impacto real».
El politólogo Jesús Castellanos resume que tras las elecciones de 2025, «lejos de abrir espacios democráticos, profundizan la clausura institucional, reforzando un régimen que desvirtúa el sentido del sufragio como expresión soberana del pueblo»; por lo que considera «impostergable una respuesta clara, articulada y estratégica que reafirme el compromiso con la recuperación del orden democrático».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
