El problema es el árbitro, por Carolina Gómez-Ávila
Twitter: @cgomezavila
Los procesos del 30 de julio de 2017, 20 de mayo de 2018 y 6 de diciembre de 2020, son la triple confirmación que cualquier persona sensata requiere para aceptar que, la cúpula en el poder, no tiene la más mínima intención de ofrecernos «elecciones libres y justas».
Sin embargo, no creo que, el del 6 de diciembre, haya sido el último clavo en el ataúd. Es verdad que el 5 de enero la dictadura acabará formalmente con el último poder público independiente; o sea, habrá destruido «la forma política republicana que se ha dado la nación», como lo describe el Código Penal, pero me temo que volveremos a vivir otro espectáculo igual de deplorable en pocos meses.
Para 2021, están en la agenda constitucional las elecciones regionales y municipales. Pero, para convertir un proceso amañado en uno legal, no basta que esté en la agenda constitucional.
Es penoso tener que recalcarlo. Se pueden respetar los períodos electorales pero, una convocatoria a votar que viola artículos de la Constitución y otras leyes, es nula por ilícita.
Por otra parte, espero nuevas deserciones en la coalición democrática. Estimo muy probable que, para el 5 de enero de 2021, los diputados de Primero Justicia se terminen de escindir de la alianza mayoritaria que conforma la Asamblea Nacional electa en 2015 y pasen a agruparse a la vera de Capriles, que eligió retrasar la aspiración de libertad nacional para intentar erigirse como «jefe [sic] de la oposición».
Así que donde teníamos un problema, tendremos dos. El primero es que en 2021 enfrentaremos un nuevo fraude, quizás mayor que los precedentes; el segundo, es que deberemos esperar que, en el próximo, participe gustosamente Primero Justicia.
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El resto de la coalición —que, en ese caso, se habrá convertido en G3— contará con la revalidación que le da la Consulta Popular, ante la comunidad internacional. Me refiero al proceso de seis días que termina este sábado 12, exitosamente, a pesar del ruido que quiso inducir Capriles con declaraciones beligerantes y extemporáneas y al de sus operadores de opinión, incentivando discusiones en torno al hombre para opacarla.
También será a pesar de los medios que han puesto la lupa sobre la forma presencial, que es solo una de las cuatro opciones de participación disponibles, para compararla desigualmente con el 6D.
En cualquier caso, estimo que el total superará en mucho las cifras de participación reales del 6D. Las reales son las que nadie conoce, porque las oficiales, en tanto que no son auditables, no son creíbles.
Auditar, credibilidad. Dos palabras que nos llevan al meollo del problema, que es el árbitro electoral. Un problema en el que aspiro que pueda ayudarnos, de manera práctica, la comunidad internacional. Aunque sea después de que se cierre la serie de crímenes contra el orden democrático; o sea, después de los fraudes regionales y municipales que nos esperan en 2021.
Para entonces ya no quedará rastro de duda. Se habrá demostrado hasta la saciedad que no es posible que esta dictadura realice «elecciones libres y justas».
«Elecciones libres y justas». Me parece que con esa frase se resume bien el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 21
- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Quizás, planteándolas así, las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, finalmente abracen la lucha de todos. Quizás así, los organismos multilaterales —ONU, OEA, UE— podrían confluir en la necesidad de constituirse en árbitro y gestionar, para nosotros, no solo «elecciones presidenciales y parlamentarias», sino también «elecciones regionales y municipales». Esto es, me parece, «elecciones generales».
Si la coalición democrática solicita esta ayuda concreta a la comunidad internacional, si la comunidad internacional oye el llamado del pueblo de Venezuela pidiendo una solución pacífica, democrática y no injerencista, si la comunidad internacional acepta coordinar directamente unas «elecciones generales libres y justas», estaré de acuerdo. Porque el problema es el árbitro.
Carolina Gómez-Ávila tiene más de 30 años de experiencia en radio, televisión y medios escritos y escribe sus puntos de vista como una ciudadana común.
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