El PSUV saca “como sea” a magistrados del TSJ
“Guerra avisada no mata a soldado y si lo mata es por descuidado”. En el chavismo parecen tener muy presente este refrán popular, pues frente los malos resultados que todas las encuestas le pronostican en las parlamentarias del mes que viene han comenzado a maniobrar para minimizar el impacto que supondría la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional y para ello pretenden extender el actual control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Al menos esta es la explicación que la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y el diputado opositor Guillermo Palacios tienen sobre la decisión de la mayoría oficialista de adelantar el proceso de renovación del máximo juzgado que debía producirse a finales de 2016, cuando a 13 miembros de ese organismo se le vencen originalmente sus períodos de 12 años.
Pero el pasado 2 de octubre, el primer vicepresidente del Parlamento, Elvis Amoroso, sorprendió a propios y extraños al anunciar que el Comité de Postulaciones Judiciales que encabeza comenzaría a partir del día 5 de ese mes la labor de designar nuevos magistrados porque, según él, había cinco vacantes que cubrir. La noticia cayó como una bomba en el TSJ donde aseguraban que a lo sumo habría una vacante en la lista de suplentes por cubrir y ninguna principal, en virtud de que en diciembre de 2014 se cubrieron doce, ocho que se abrieron por la jubilación de los que restaban del grupo designado en el año 2000 y otras que se fueron abriendo debido a fallecimientos como los de las magistradas Ninoska Queipo, Trina Zurita o Oscar León; o por destituciones como la de Eladio Aponte Aponte.
Aunque no precisó cómo ni cuándo esas sillas quedaron vacías, el legislador no descartó que el número aumentara porque “tenemos informaciones ciertas de que un grupo de magistrados pedirá su jubilación”.
Curiosamente, los pronósticos de Amoroso se cumplieron y diez días después de abierto el lapso de postulaciones, 13 magistrados solicitaron su jubilación. Eso sí, tras las respectivas invitaciones para que dieran ese paso. Todos los que pidieron retirarse son miembros del grupo designado en 2004, cuando el chavismo modificó la Ley del TSJ para elevar de 20 a 32 el número de integrantes del organismo; y debían culminar sus períodos en diciembre de 2016.
O se van o se van
¿Fueron presionados los 13 magistrados que pidieron su jubilación a dar tal paso?Sí, al menos así lo aseguraron tres los ya jubilados, quienes aseveraron que tanto la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez; como el primer vicepresidente, Maikel Moreno, fueron quienes les pidieron marcharse.
“Desde hace meses venía corriendo rumores que nos pedirían la jubilación, pero muchos creímos que eran solo rumores, porque el mensaje que esto manda es terrible: El chavismo va a perder las elecciones”, afirmó uno de los consultados, mientras que otro apuntó: “En la primera semana de octubre nos fueron llamando para invitarnos a irnos antes, por el bien del ‘proceso’. A algunos les prometieron consulados, embajadas y otros cargos, aunque también nos dijeron que quien se rehusara a irse igualito lo iban a jubilar”.
De entre quienes colgarán las togas y dejarán sus mazos tan pronto el Parlamento nombre a sus sustitutos destacan la que durante seis años fuera presidenta del máximo juzgado, Luisa Estella Morales; el magistrado Francisco Carrasquero, quien tras su paso por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue nombrado magistrado de la Sala Constitucional; y la expresidenta de la Sala Político Administrativa, Evelyn Marrero, cuyo nombramiento en un primer momento generó revuelo por haber nacido en Puerto Rico.
Pero no solo estos 13 magistrados principales serán reemplazados, fuentes parlamentarias y del TSJ confirmaron que el oficialismo también tiene la intención de designar a los 32 suplentes, cuyo período de seis años expira igualmente el año que viene.
Temor electoral
¿Si no había vacantes que cubrir por qué abrir este proceso? Para la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León la razón es simple: miedo a que las encuestas se transformen en realidad. “El trasfondo de la operación es asegurarse el control del TSJ por 12 años más. El chavismo ve lo que se avecina el 6 de diciembre, cuando según todos los sondeos perderá las elecciones parlamentarias. Por eso presionaron a estos funcionarios para que se fueran un año antes de lo que les correspondía, para permitirle a la actual Asamblea, donde aún tienen mayoría, designar a sus sucesores”.
En similares términos se pronunció el diputado Guillermo Palacios, uno de los representantes que la oposición tiene en el Comité de Postulaciones, quien aseguró: “El chavismo tratará de realizar estas designaciones antes de que termine la actual legislatura. Sin embargo, no deberían olvidar que la nueva Asamblea podrá revisar estos nombramientos, los cuales, por la premura como se están haciendo y la clandestinidad, se perfilan como francamente inconstitucionales”.
En la actualidad 29 de los 32 miembros del máximo juzgado simpatizan abiertamente con el PSUV.
El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, no ha descartado que la intención del oficialismo sea neutralizar al nuevo Parlamento. “El adversario se está preparando para el nuevo escenario, donde su mayoría resquebrajada, ya no existirá. Quieren atornillar hoy una mayoría en esos espacios para rodear a la nueva Asamblea con una guarimba (barricada) de escritorio”.
El TSJ, en particular la Sala Constitucional, tiene la potestad para “proteger” la Constitución y puede anular leyes que considere que la violen, pero además en los últimos años se ha dado a la tarea de legislar y de designar a funcionarios que son competencia del Parlamento.
Carta bajo la manga
Pese a lo intempestivo del proceso, el mismo ha sufrido un frenazo en seco. La última vez que se suministró información oficial del mismo fue el 23 de octubre, cuando el secretario del Comité, Elvis Hidrobo, anunció que el lapso de postulaciones permanecería abierto “indefinidamente”. Esto tras cinco prórrogas y pese a tener supuestamente 376 candidaturas.
El artículo 70 de la Ley Orgánica del TSJ establece que el plazo máximo para el proceso de postulaciones es de 30 días continuos; por lo que una prórroga “indefinida” viola la ley. El lapso debió cerrar el 3 de noviembre.
Algunos aspirantes a magistrados atribuyeron esta paralización a la campaña electoral. “En el chavismo se entendió que si se hacían estas designaciones ahora se podía interpretar como la confirmación de una derrota y por eso decidieron esperar”, precisó el consultado. El diputado Palacios es de la misma tesis y por ello no descartó que incluso el 4 de enero, un día antes de que se instale la Asamblea que surgirá de las urnas del 6 de diciembre, el oficialismo designe a todos los magistrados sin darles posibilidad de opinar.
Aunque hasta el momento no se ha difundido la lista de precandidatos, los confidentes dieron por hecho que la canciller Delcy Rodríguez volverá a intentar hacerse con una de las sillas del TSJ y también mencionan al vicecanciller y exdiputado Calixto Ortega y al exembajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton.
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