El régimen desbloqueó sus ambiciones capitalistas, por Wilfredo Velásquez
Twitter: @wilvelasquez
Nicolás Maduro en una de sus alocuciones, anunció la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente para el mes de diciembre del año en curso, anunció también que el írrito organismo no presentaría ningún proyecto de constitución, propósito con el que fue convocada.
La oposición ingenua, cacareó el fracaso del despacho legislativo del régimen y celebró que no presentaran el proyecto de constitución socialista. La oposición siempre ha fallado en sus apreciaciones sobre las decisiones del régimen. Se equivocaron rotundamente, el pragmatismo socialista siempre opta por mecanismo efectivos para la consecución de sus objetivos.
Mientras la oposición esté analizando las acciones del régimen bajo la óptica democrática seguirá cometiendo el mismo error.
Desde el punto de vista del régimen, son muchos los logros de la Asamblea Nacional Constituyente, lejos de enfocarse en la discusión de un proyecto de carta magna, se dedicó a legislar sobre aspectos que fortalecen la gestión del régimen y corroen la función legislativa y controladora de la Asamblea Nacional. En estrecha colaboración con el T.S.J., “DESAPLICARON” completamente a la A.N., tal como seguramente lo habían estimado, el equipo constituyente, concluirá sus funciones al terminar el periodo de la Asamblea Nacional.
Racionalmente es lógico considerar que una Asamblea Nacional Constituyente, elabore un proyecto de carta magna, lo que nadie en su sano juicio, pensaría es que se atrevieran a destruir la Constitución de la República, con criterios tan temerarios como la DESAPLICACION y el invento de una ley constitucional, que arrasa el ordenamiento jurídico y deja sin efecto los contenidos fundamentales de nuestra carta magna.
La ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada por el régimen convierte a nuestra carta magna, en un simple legajo de papeles, despojado de todos sus contenidos.
Dos excelentes juristas analizan los aspectos legales de dicho instrumento, el Dr. Luis Brito García, mediante trabajo publicado en Primicia (https://primicia.com.ve/tag/luis-brito-garcia/) y el Dr. Allan R. Brewer-Carías desde el medio digital Efecto Cocuyo (https://efectococuyo.com/politica/brewer-carias-ley-antibloqueo-es-una-monstruosidad-juridica/). El Dr. Brito García desde la óptica socialista, pareciera justificar la necesidad de un instrumento parecido que se ajuste a nuestra constitución, y el Dr. Allan R. Brewer-Carías, no duda en declararla como “una monstruosidad jurídica”, ambos análisis dejan claro que jurídicamente no tiene sentido el adefesio legal con que pretenden sustituir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Nada tengo yo que agregar a los análisis de tan notables juristas, pero otra cosa son las motivaciones del régimen para atreverse a tanto. Nadie puede pensar que los constituyentes y abogados del régimen ignoren las razones constitucionales y jurídicas que ambos académicos señalan.
La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos le permitirá al régimen privatizar los bienes del Estado, transformar en empresa cualquier ente público para ser vendido, devolver los bienes expropiados durante veinte años, previo acuerdo o alianza de sus legítimos propietarios con quien el Ejecutivo decida y en las condiciones que les convenga, garantizar la inversión privada, o sea los beneficios a quienes asuman mediante cualquier forma de adquisición los bienes actualmente en manos del estado, privilegiándola a riesgo de los intereses de la República, romper la unidad del tesoro, al determinar que en presupuesto aparte, después de tomar los gastos, costos de inversión y de administración, o sea si queda algo “se destinarán a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano”.
Con la aprobación de la “ley de carácter constitucional”, concepto recién inventado, podrán además violentar la ley de presupuesto, saltarse las normas de licitaciones, contratar directa y arbitrariamente, bajo cualquier figura las obras públicas, asignar discrecionalmente y en cualquier tipo de asociación los bienes de la República sin normas de ningún tipo y sin considerar la proporcionalidad accionaria que garantice el control estadal, eliminar la transparencia que requiere toda acción de gobierno estableciendo el secretismo y la confidencialidad como garantía de impunidad en el manejo de los bienes del estado y el tesoro nacional.
De hecho eliminan el carácter taxativo del derecho público dejando el ejercicio y los límites de la función pública bajo la absoluta discrecionalidad de los funcionarios, la mencionada ley Anti Bloqueo (o de saqueo como debería llamarse) le permite al ejecutivo renunciar a la jurisdicción venezolana para someterse a cortes y tribunales extranjeros, elimina el control constitucional de la Asamblea Nacional y el control previo, permitiendo solo el control posterior de la Contraloría Nacional, que según disposición de Dicha ley también puede ser DESAPLICADO, o sea que efectivamente, no existirá ningún control.
¿Qué persigue el régimen socialista con este drástico giro hacia el capitalismo supersalvaje?
La aprobación de semejante adefesio ilegal arrasaría definitivamente el ordenamiento jurídico y le permitiría al Ejecutivo en funciones, repartir discrecionalmente los activos y bienes de la República, sus recursos naturales, los intangibles asignados mediante concesiones y otros mecanismos y hasta el alma misma de los venezolanos.
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Tan radical postura del régimen obliga, a buscar las razones de este brutal giro al capitalismo, en las entrañas misma del régimen. ¿Qué terribles motivaciones pueden obligar a sacrificar sus radicales posturas ideológicas para proponer una ley de profundas raíces burguesas, que supera inclusive los postulados del capitalismo primitivo y del inocuo neoliberalismo?
Es una postura tan bizarra que solo se podrá explicar, mediante suposiciones o por el descalificado método de la reducción al absurdo.
En el mundo existen supuestos y cuantiosos capitales denunciados como extraídos del país, los cuales están siendo rastreados internacionalmente y sus supuestos dueños, tienen también supuestas órdenes de búsqueda, suponemos que dichos capitales requieren ser protegidos y qué mejor forma que poder invertirlos en el área petrolera, la industria gasífera y petroquímica, tan necesitadas de inversiones que permitan rescatar nuestra condición de país petrolero, o en la compra secreta de empresas estratégicas del estado venezolano subastadas en un gran proceso de privatización, o la creación de empresas mixtas para los mismos fines, explotación privada de los servicios públicos, tales como salud, educación electricidad, aguas, gas, vialidad, teléfonos y todo lo relacionado con las telecomunicaciones, compra o asociación en empresas y activos expropiados en el área agrícola y agroalimentaria, explotación de concesiones en áreas de minería como oro, coltán y otros minerales estratégicos, o en otras áreas como infraestructura y vialidad, turismo, comercio o lo que se les ocurre en un país que carece de todo.
Resultaría muy conveniente invertir los capitales, supuestamente perseguidos por tener su origen en la corrupción y otras actividades ilícitas, en un contexto de confidencialidad, negociados bajo la total discrecionalidad del Ejecutivo, sin importar la participación accionaria o administrativa del Estado, o sea con el control total de las empresas, con la inversión garantizada independientemente de los resultados, con condiciones de negocios fijadas sin ataduras constitucionales, ni jurídicas de ningún tipo, puesto que cualquier ley o disposición legal que colida con las decisiones que se deseen tomar, quedan sujetas a la Ley Antibloqueo o desaplicadas, sin sujeciones en cuanto al origen o la procedencia de los capitales, o nacionalidad y carácter de las empresas extranjeras participantes en las negociaciones y sin control previo en ninguna de las etapas de negociación ni en las etapas posteriores de operaciones, gestión o administración y sin la vigilancia ni el control de la Asamblea Nacional en ninguna etapa del proceso.
Invertir en Venezuela bajo las Condiciones fijadas en la Ley Antibloqueo, resulta una extraordinaria oportunidad de negocios, puesto que ni siquiera un mercado adverso podrá perjudicar a los inversionistas, porque el estado garantiza la inversión y si por alguna remota razón, se presentara algún desacuerdo entre las partes, el estado venezolano o el inversor, las controversias serán dirimidas por los tribunales o cortes mutuamente acordadas, que en este ejercicio de reducción al absurdo, suponemos absurdamente serían las de Cuba, Rusia, China Irán o Turquía, nunca los tribunales venezolanos.
Por razones, absurdas de espacio, concluimos que este irrazonable, y brutal giro del régimen hacia el capitalismo requeteultra salvaje, solo se explicaría si los motivara la supuesta intención de “salvaguardar” los capitales perseguidos, dándole carta de naturalización a costa del arrase de la poca institucionalidad que nos queda y de paso apoderarse de los recursos del país.
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