El router de la discordia, por Javier Ignacio Mayorca
¿Qué hay detrás del incidente que dejó cuatro muertos y al menos ocho heridos en una remota población indígena de Amazonas?
Twitter: @javiermayorca
En 2021, una organización extranjera de vieja presencia en las comunidades aborígenes de Amazonas y Bolívar entregó al capitán yanomami Sabino Silva un enrutador o router que abriría a toda la comunidad las puertas de la comunicación por internet.
En esos días, Silva llegó a un acuerdo con los militares acantonados en el puesto de Parima B, una localidad amazonense a 440 kilómetros al sureste de la capital Puerto Ayacucho: el dispositivo permanecería en la instalación, con la condición de que los civiles pudieran utilizar la señal a la que tenían acceso los efectivos castrenses.
Una mano lava la otra, dice el refrán. En este caso, la sabiduría popular parecía estar en lo correcto.
Hasta que llegó el domingo 20 de marzo.
Según la explicación del abogado Magno Barros, ese día los militares impidieron a los indígenas el acceso al puesto. Al no poder acercarse al local donde estaba el router, quedarían incomunicados.
Este, indicó Barros, fue el “detonante” del conflicto que, poco después, ocasionaría las muertes de tres hombres y una mujer, así como heridas de distinta gravedad en tres militares y por lo menos otros cinco civiles.
Barros pudo hablar con los lesionados que fueron llevados a centros de salud en Puerto Ayacucho. Allí entendió que los indígenas encabezados por su capitán se airaron por la negativa de los uniformados a dejarlos pasar. Detrás de esto, estaba la ruptura de un acuerdo, la pérdida de la confianza.
Es posible que este valor no fuese relevante para los uniformados, pero sí era vital para los aborígenes.
Según el ex gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, la jerarquía castrense incurre persistentemente en el error de enviar a esos confines a oficiales y tropas que «no tienen conocimiento de la cultura yanomami». Dijo, por ejemplo, que pocos entienden por qué estos aborígenes vociferan tanto.
«A veces, uno cree que están insultando, pero es su manera de hablar», indicó.
Sin salida
Los diecisiete militares del puesto Parima B estaban encabezados por dos primeros tenientes de la Aviación.
Barros refirió que, en medio de la espiral conflictiva, los yanomamis rodearon el puesto. En medio de la discusión, uno de ellos habría intentado apoderarse de la pistola de uno de los oficiales.
Allí comenzó el tiroteo.
Es difícil indicar quién hizo el primer disparo. Sin embargo, las fuentes consultadas para este trabajo aclararon que la única mujer fallecida, conocida como Martina, de 48 años de edad, no estaba directamente involucrada en las hostilidades. En la cultura de los aborígenes, esa era una cuestión exclusivamente de los hombres.
Los militares fueron obligados a permanecer en el interior de la base, mientras que los cadáveres eran levantados por los propios indígenas. De hecho, según Barros, cuando llegó la comisión de la policía judicial junto a la alcaldesa de Atures Yamilet Mirabal, el 22 de marzo, los cuatro cuerpos ya no estaban. Solo quedaban allí los testimonios y conchas de proyectiles calibres 9 mm y 7.62 x 39 mm, usados por fusiles AK-103.
Según el presidente de la organización Kape Kape, abogado Henry Gómez, la mediación de Mirabal logró que los indígenas permitieran la salida de los militares heridos.
«Entiendo que luego no han dejado salir al resto de los militares. Ellos todavía permanecen dentro del puesto», añadió.
A pesar de todo lo que significa para los indígenas el incumplimiento de la palabra entregada, un simple enrutador no parece suficiente como para encrespar los ánimos, al punto en que ambos bandos finalicen disparándose unos a otros.
Gómez lo tiene claro: «Lo del router era una excusa».
«Hay territorios indígenas que forman parte de parques nacionales de los que extraen minerales. Eso es manejado por grupos armados en connivencia con el Estado», afirmó.
Según el ex gobernador Guarulla, la perspectiva de un rápido enriquecimiento ha ocasionado que los militares cambiaran su opinión con respecto a la permanencia en Parima B. Ahora, indicó, están más dispuestos a padecer las privaciones, que empiezan con la escasez de alimentos y agua potable.
«Hace quince años, los militares consideraban que era enviarlos al fin del mundo. Pero ahora están los negocios (…) El oro más valorado se extrae del Alto Orinoco. Entonces, habría un chantaje a los indígenas», explicó.
Ese «chantaje» surgiría de la decisión de ejercer la minería en los “territorios ancestrales”, acudiendo a una mano de obra tercerizada, que pagaría una cuota. Guarulla recordó que a esas remotas localidades no se llega sin autorización del jefe de la zona operativa de defensa integral (ZODI).
Los comunicados del gobernador actual, Miguel Rodríguez, y de la alcaldesa Mirabal nada dicen sobre este particular, e intentan achacar este conflicto a unas «diferencias culturales», según lo afirmado por la gobernante municipal.
Pero los yanomamis no están dispuestos a dejar eso así. Según Barros, quieren llevar sus exigencias hasta Miraflores, de ser posible. Ya no aceptarán mediadores.
Y desde ya adelantan una de las condiciones para permitir la salida de los militares que aún permanecen en la base Parima B: que no vuelvan más.
Breves
*Una investigación arroja una posible explicación para el hallazgo de numerosos cadáveres, en la boca del túnel La Planicie. Las notas de medios independientes y registros policiales indican que allí fueron abandonados por lo menos nueve cuerpos, en distintos hechos reportados a partir de 2019. En todos los casos, eran ultimados a tiros en las alturas de la Cota 905 y arrojados por un tubo utilizado como bajante para la basura, de manera que fuesen levantados por la policía judicial sin necesidad de entrar a las calles del barrio. De acuerdo con una averiguación de Cecodap y la agencia PANA, estas personas morían como resultado de una «justicia expeditiva» que estuvo en auge durante el reinado de Carlos Luis Revette en ese lugar. El grupo de investigadores hizo un trabajo de campo entre los meses de septiembre de 2021 y febrero de este año en la Cota 905 así como también en el Cementerio y La Vega, con el propósito de levantar información sobre el «reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado». A través de entrevistas con fuentes vivas, confirmaron que alias Koki manejaba normas de estricto cumplimiento, que sancionaban de forma inmediata los delitos contra la propiedad y otras conductas que pudieran ser interpretadas como deslealtad hacia el liderazgo de la organización criminal. En algunos casos, los individuos eran heridos con disparos en las extremidades, y en otros les aplicaban la pena de muerte. Otro de los numerosos hallazgos de este trabajo se refiere a la implantación de un sistema de incentivos que pasaba por pagos en dólares para los menores de edad que se incorporaran a la estructura criminal. Ese era un «primer anzuelo», explicó el coordinador de la investigación, Edgar López. Las cantidades variaban según la función, que generalmente era de «mandadero» (mensajero) o «garitero» (vigilante). «Otro incentivo es la protección y el estatus social, valores que a un niño o adolescente le importa mucho», explicó.
*Con el retorno a la «nueva normalidad#, ha cambiado el uso de granadas por parte de bandas criminales en el Zulia, de acuerdo con el coordinador regional del Observatorio Venezolano de la Violencia Jorge Govea. En primer lugar, aparecen cada vez con mayor frecuencia con respecto a lo visto en 2021. Solamente el viernes 25 de marzo, fueron arrojados artefactos explosivos contra un supermercado y el Palacio de Justicia, ambos en Maracaibo. Con estos, suman seis casos en la región durante lo que va de año. En todo 2021 fueron contados once ataques con explosivos. Por otra parte, indicó Govea, el impacto ha sido mayor en cuanto al número de personas fallecidas y heridas. Los días en los que la granada era cuidadosamente colocada en la fachada de las viviendas o comercios junto a un mensaje parecen cosa del pasado. Ahora, las hacen estallar sin piedad. En solo dos casos reportados este año, en los que los objetivos fueron un bar y un supermercado, hubo diez heridos y una persona fallecida. Un tercer cambio sería que cada vez más grupos disponen de estas armas de guerra. Anteriormente, según el coordinador del OVV Zulia, eran apenas tres. Desde luego, esto arroja preguntas en torno al origen de las granadas. ¿Llegan de contrabando o son entregadas por militares corruptos? Sobre esto no hay respuestas concluyentes. Finalmente, parece haberse diversificado los objetivos y las motivaciones de los ataques. Ya no son solo comercios o industrias. También pueden arrojarlas contra clínicas e, incluso, la sede de los tribunales en Maracaibo. En el Zulia, las granadas están a la vuelta de la esquina.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
