El sabor de los sapos, por Rafael Uzcátegui
X: @fanzinero
Sobre el comunicado promovido por Luis Vicente León, y personas vinculadas al Foro Cívico (FC), la primera precisión que deseamos hacer es que consideramos como demócratas honestos y convencidos a todos y todas sus promotoras, no obstante, con una teoría de cambio de la que diferimos. Y como las personas deben respetarse, escrupulosamente, pero sus ideas deben ser discutidas con pasión, a continuación haremos algunos comentarios sobre dicho texto.
Uno agradece que ante la infantilización del debate político en la Venezuela actual un grupo de personas se animen a colocar sus ideas sobre un papel. Eso estimula el debate de un campo democrático que debe estar caracterizado por su diversidad y el intercambio permanente. Los primeros párrafos del documento, titulado «A la opinión pública», son impecables y con los que cualquier venezolano de buena voluntad pudiera suscribir: La defensa de los derechos humanos como base del desarrollo, la reivindicación del Acuerdo de Barbados como marco para el proceso electoral y el reconocimiento al hecho político derivado de las elecciones primarias de la oposición.
Luego de esa introducción aparecen lo que consideramos las ideas-fuerza de una teoría de cambio que hemos calificado como «dialoguista», que creemos parte de un diagnóstico errado, y por lo tanto promueve tácticas contraproducentes para la estrategia de lograr una transición a la democracia. Llama la atención que el término «transición» se omite en la extensión del escrito.
Todos y todas estamos de acuerdo: la recuperación pacífica de la democracia necesita el diálogo y negociación con la contraparte. Esto es una cosa. Otra diferente, la centralidad estratégica dada por los dialoguistas al «acuerdo político». Ellos consideran que los «acuerdos», por si solos, crean mágicamente realidades políticas, independientemente que en el camino a esos convenios se debiliten los mecanismos de construcción de consensos en el liderazgo partidista opositor, se erosione la confianza de la base democrática y se envíen señales contradictorias a la comunidad internacional.
Para el dialoguismo la acción más importante sería hacer todo lo que sea necesario para mantener los canales de comunicación abiertos con las autoridades, que finalmente hagan posible la materialización de un contrato político entre dos actores, el gobierno y la oposición, pares e igualados en actos y responsabilidades.
El detalle de esta lógica es que realiza un diagnóstico sobre lo qué nos estamos enfrentando que no es el correcto. En el comunicado se afirma que la «reinstitucionalización» y «el reencuentro nacional» deseado para Venezuela se alcanzaría con «la edificación de un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social». Un nuevo pacto, más ambicioso que el suscrito en Bridgetown, se pide cuando el chavismo realmente existente experimenta una deriva totalitaria, de cara a un proceso comicial en el que, por primera vez en su historia, asiste con una amplia impopularidad, caracterizada por la rebelión de la antigua base electoral oficialista.
¿Cuáles son los signos de esa vocación totalitaria? Sólo nombraremos dos: La tríada de leyes, de carácter retroactivo, que incluyen la normativa del fascismo y las evidencias (el asesinato del Teniente Ojeda), que desde Miraflores se ordenan trabajos de inteligencia y violaciones de derechos humanos fuera de las fronteras venezolanas.
La ausencia de mecanismos de monitoreo, verificación y presión de lo pactado convierten a los acuerdos en un fetiche para el dialoguismo. Lo importante no es su cumplimiento, especialmente de quien tiene la mayor responsabilidad de hacerlo, sino el acuerdo en si mismo. Y el espacio político y estatus que brinda ser su promotor. De otra manera no se entiende como en el contrato anterior, Barbados, se desechan las consecuencias del incumplimiento de una de las partes, algo que atenta contra la propia lógica de los acuerdos: Se pone en riesgo en caso de inobservancia por una de las partes. A pesar de las evidencias sobre la voluntad política del oficialismo en honrar la palabra empeñada, la solución ofrecida por el dialoguismo es sustituirlo por un acuerdo más ambicioso.
Por otra parte el dialoguismo está convencido que el mejor trato a convenir con las autoridades es el que mayor incentivos le ofrezca para suscribirlo. La teoría académica de la transición por negociación. Por ello la insistencia en imponer la candidatura de Manuel Rosales, pues sería quien estaría dispuesto a ofrecer los mayores y mejores estímulos para que quienes hoy están en el poder lo abandonen.
Según su narrativa si la oposición es «responsable» y escoge al candidato «que pueda efectivamente participar en la elección planteada», el problema estaría resuelto. La carga de la transición se ubica en la oposición, no en quien controla y modifica las normas a conveniencia. Esto respondería a la pregunta ¿El PSUV se encuentra hoy dispuesto a entregar el poder? Aunque todas las evidencias digan lo contrario, para el dialoguismo la respuesta es positiva: Maduro necesita escoger «el candidato contra quien perder», que ofrezca las mayores garantías de impunidad e intocabilidad de los bienes al liderazgo chavista. Lo que coloquialmente se intenta deslizar en la opinión pública como «los sapos a tragar». Esa sería el fondo de la «potabilidad» de la candidatura del gobernador del Zulia para el poder, ser el «hombre de las concesiones».
El propio texto del comunicado, empero, pone en duda si efectivamente el dialoguismo cree genuinamente en una transición a corto plazo o su escenario real es el de seis años más con Maduro en el poder. Esto lo refleja la frase del comunicado: «Las señales que debe enviar la comunidad internacional deben ir en la dirección de apoyar a Venezuela a reintegrarse a sus circuitos económicos y geográficos naturales, reinstitucionalizar las relaciones diplomáticas y destrabar el diálogo político y social con todos los sectores del país». Esto sería la consecuencia normal y natural de una transición a la democracia. Pero por el sentido de la frase sugiere que es una petición a los gobiernos de otros países independientemente que la elección del 28 de julio sea la peor posible e imaginable. La acusación de ser promotores de la «normalización» no es fortuita: tiene asidero.
Una tercera frase, de escándalo para un defensor de DDHH, es cuando se pide un proceso electoral «pacífico y participativo», como queremos todos y todas, pero «sin injerencias externas». ¿Esto qué significa? ¿Sin misiones técnicas e independientes de observación internacional? ¿Sin la mediación de países como Brasil y Colombia para el respeto de las garantías electorales? ¿Sin el monitoreo y actuación de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos? En ocasiones anteriores personalidades del dialoguismo, de manera pública y privada, han solicitado el fin de la actuación de la Corte Penal Internacional o la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU porque su actuación ponía en riesgo sus canales de comunicación con Miraflores.
*Lea también: Ley contra el fascismo, por Roberto Patiño
El pasado 29 de marzo una de las académicas promotoras del comunicado expresaba a través de su cuenta X (twitter), luego del impedimento de la inscripción de Corina Yolis: «Es increíble que se crea que unos comunicados son «presión» para el madurismo». Si este tipo de pronunciamientos no tienen el objetivo de incidir en la conducta de las autoridades, ¿para qué se realizan? Dos hipótesis: Para influir en los otros actores. Y dos, como salvoconducto ante las represalias de las autoridades frente a la posible reimposición de sanciones.
El dialoguismo nos muestra, luego de meses de eufemismos y subterfugios, cuál es el sabor de los sapos.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
