El sistema educativo venezolano estuvo muy lejos de ver luz este 2019
35% de los estudiantes de las escuelas venezolanas no asisten a clases porque no tienen nada que comer ni mucho menos la posibilidad de comprar meriendas en las cantinas escolares. Específicamente 13% no asiste a las aulas porque los programas de alimentación escolar no reparte alimentos a los planteles del país
Desde hace tiempo ya que la educación venezolana no ve la luz y por lo que pasó este 2019, pasarán unos cuantos años para que pueda verla. Al igual que muchos otros sectores esenciales para el desarrollo país, el área educativa también está en emergencia humanitaria y los efectos colaterales surgidos a raíz del colapso de los servicios básicos han terminado deteriorando aún más el sistema educativo venezolano.
Hace cuatro meses fue el cierre del año escolar 2018-2019 y las cifras demostraron que las proyecciones reflejadas en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) sobre la deserción escolar eran certeras, pues para esa fecha ya había un 30% menos de alumnos en las escuelas.
Datos emitidos por el gobierno señalaban que en la primera semana escolar del 2019 ocho millones de niños se habían inscrito en educación primaria; mas a través de la subcomisión de Educación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral la Asamblea Nacional desmintió esa cifra y confirmó que únicamente se habían incorporado al sistema educativo tres millones y medios de niños.
Un comunicado emitido por Unicef en abril de este año, devela que 130.000 niños venezolanos han tenido que mudarse a Colombia para poder recibir una educación de calidad que el sistema educativo venezolano no está en capacidad de brindarle. De hecho, tiempo después de esa publicación la Secretaria Educativa de Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, informó que aproximadamente 9.000 infantes iban todos los días al país vecino, específicamente a Cúcuta, a recibir clases y luego regresaban a territorio venezolano.
Cada vez son menos
Es pertinente recordar que no son solo los alumnos quienes han dejado los planteles educativos, sino también los maestros.
Según Mackler García, directivo de FundaRedes, la deserción de los maestros en las aulas llega a 45%. Las razones abundan, pero las principales son el incumplimiento de las contrataciones colectivas y el precario sueldo de 150.000 bolívares que, sumado al beneficio de cestaticket, cubre sólo el 3% del precio de la canasta básica para un grupo familiar que el Centro de Documentación y Análisis estableció para el mes de noviembre (4,2 millones de bolívares o 180 dólares).
FundaRedes aseguró que cerca del 90% de los profesores en Venezuela se encuentra en condición de pobreza extrema. Como consecuencia se han visto obligados a abandonar los salones y a hacer otras actividades que al menos les permiten llevar comida a sus hogares. Números oficiales reseñan que para el año escolar que finalizó en julio del 2019 se contaba con 55.000 maestros menos; sin embargo, en un informe de Provea sobre la educación se señala lo contrario.
«172.000 maestros abandonaron las aulas, migraron, pidieron permiso o simplemente dejaron de ir producto de la mezcla de graves condiciones que se viven a diario en el país, número muy lejano a lo “oficial” del Estado» coteja el boletín.
Ofelia Rivera, miembro de la organización sin fines de lucro Unidad Democrática del Sector Educativo, aseveró que diariamente renuncian entre cuatro y seis profesores y que se estima que para el próximo año escolar «va a haber mayor éxodo de profesores».
Para cubrir la ausencia de maestros, introdujeron a las aulas de clase a los miembros del programa «Chamba Juvenil». Los jóvenes formados en tan solo cuatro meses en cursos ofrecidos por el gobierno, pasaron entonces a ser la generación de reemplazo de los profesores letrados que, a causa de su mala situación económica, tuvieron que retirarse del sector.
De acuerdo con lo que se señala en el informe anual de Provea sobre «Derecho a la Educación» en Venezuela, durante el segundo corte del año escolar 2018, es decir el período escolar 2018-2019, se incorporaron 24.000 docentes al programa para dar clases en escuelas públicas del país.
Para Provea esa medida no es más que una reacción desesperada e improvisada tomada por el gobierno para poder «atender el número significativo de deserción, sin reconocer la magnitud del problema». Se aquejan debido a que lo correcto, que es lo que nunca se hace en Venezuela, sería que le diesen prioridad de ingreso a los planteles a los docentes recién graduados.
Menos alimentación, más ausentismo
Según declaraciones del que era el Ministro de Educación para comienzos del año escolar 2018-2019, Elías Jaua, alrededor de cuatro millones de estudiantes estaban recibiendo desayunos y almuerzos en las escuelas a través de los 18.000 comedores atendidos por el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, para enero del 2019 esas cifras ya habían aumentado: Pasaron de atenderse 18.000 planteles educativos a 22.800; cifras que los datos auténticos contradicen. El PAE no vino hoy.
Ahora se espera que en el año escolar 2019-2020 sean más los beneficiados, pues a comienzos de las clases, en septiembre, Maduro dijo que se habían distribuido 603 mil toneladas de alimentos a planteles de todo el país para poder garantizar la alimentación de todos los niños.
En octubre de este año Maduro anunció no solo la aprobación de 13 millones 650 mil euros para invertir en el PAE, sino también la creación de Comités Escolares de Abastecimiento y Producción en todas las escuelas y liceos del territorio nacional para poder abastecer a «6 millones 412 mil 575 niños, niñas y jóvenes del país».
Tal vez serán promesas vacías como las de 2018, pues a pesar de todo lo que dicen que se logró, sólo se cumplió el 60% de lo establecido por Jaua a comienzos de ese año escolar, con respecto a la cobertura del 100% de la alimentación escolar.
En Encovi señalan que 35% de los estudiantes no asisten al colegio porque no tienen cómo alimentarse, ni en sus hogares ni en la escuela. Esa encuesta devela también como la deficiencia de los programas de alimentación escolar ha propiciado el ausentismo en las aulas, pues un 13% no va a las escuelas porque a estas los entes pertinentes no les distribuyen los alimentos.
La ONG Con La Escuela encontró que en 26 instituciones públicas del estado Miranda que dependían de programas como el PAE, la dieta se basaba mayormente en carbohidratos: arroz, arepas, granos, pasta, pan y cereales. Proteínas como carne y pollo eran inexistentes dentro de las escuelas.
Si para el año escolar pasado se innovó con los llamados «conucos escolares» que supuestamente iban a producir parte de los alimentos que irían directamente al PAE, este 2019 se evolucionó aún más. En cadena nacional el octubre pasado Maduró anunció la creación de un plan para construir corrales en las escuelas y enviar al menos un millón de gallinas, para así utilizar sus huevos en la preparación de las meriendas escolares.
Aunque aún el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana no ha indicado cuál es la incidencia de los huertos escolares sobre el programa de alimentación, no se esperan resultados positivos respecto a la construcción de los gallineros.
Niñez dejada atrás
La ola migratoria del 2019 trajo como consecuencia la separación de muchos hogares venezolanos. Padres y madres se fueron a otros países a buscar oportunidades que su nación de origen no les podía ofrecer y dejaron a sus hijos con algún familiar o amigo cercano.
Como consecuencia comenzaron a llegar los problemas a las escuelas. Los niños y también los adolescentes pensaban que sus papás los habían abandonado y la desmotivación, tristeza y rebeldía empezó a ser parte de su día a día.
Se dice fácil, pero todo lo que conlleva el proceso de esos niños es bastante complejo. La atención que las maestras deben darles es mucho mayor, pues según especialistas están más propensos a caer en depresión pues es similar a haber tenido una perdida.
Respecto a eso, la coordinadora de Fe y Alegría aseguró que en menos de un año las cifras de los casos de los niños cuyos padres se habían ido del país aumentaron más de la mitad. Para finales del año escolar 2018-2019 fueron 10.000 estudiantes afectados por el éxodo masivo de venezolanos que, según cifras actualizadas emitidas por Acnur en diciembre de este año ya alcanza los 4,7 millones de venezolanos.
Si bien el aspecto psicológico es determinante en la dinámica educativa de los niños, el aspecto legal también debe tomarse en cuenta. Han sido muchos los niños que han perdido el año escolar debido a que ninguno de sus dos padres se ha encontrado en el país para el momento de la inscripción y la persona con quien los han dejado no cuentan con una autorización legal.
Abogados de Cecodap, una organización venezolana que vela por la promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, aseguran que puede llegarse a consensos con respecto a los trámites e inscripción de los niños que tienen un representante diferente a sus padres para que estos no abandonen la escuela.
Protestas fallidas
Protestas, pancartazos y paros han abundado en este 2019 en el sector educativo. Desde enero los maestros han salido a la calle para exigir un aumento de las tablas salariales y el respeto de los contratos colectivos.
Ese 15 de enero la celebración del día del docente se conmemoró con una protesta de docentes frente al despacho del Minsiterio de Educación y aunque estos pidieron la presencia de Aristóbulo Izturí, el actual ministro de educación, ni se apareció.
Desde octubre de 2018 se venía arrastrando un aumento salarial de 40% que terminó por llegar a enero del 2019, mes para el que estaba previsto un incremento del 60% en las tablas salariales, que por supuesto, tampoco se ejecutó.
Representantes del Sindicato Venezolano de Maestros demandaban un aumento de al menos 8 salarios mínimos más del que estaba establecido en esa fecha, pues con el que tenían no les alcanzaba ni para comer. Entre sindicatos, federaciones se dialogó para marcar las próximas acciones de cara al incumplimiento del gobierno con respecto a lo acordado sobre el contrato colectivo.
Pese a que los esfuerzos de esta primera protesta fueron en vano, en los meses siguientes siguieron saliendo a la calle y el resultado fue el mismo: inutilidad por parte del Ministerio de Educación y los funcionarios pertinentes.
Así se siguió hasta que en septiembre, con 848 escuelas públicas y 447 privadas cerradas, se dio inicio al año escolar 2019-2020 con una protesta que dos meses después derivó en un paro nacional de docentes acatado en más de 355 municipios del país.
Según la Federación de Maestros el paro estaba previsto para que durara 72 horas. Y aunque no todas las escuelas lo acataron, el ente aseguro que hubo un 87,4% de participación por parte de muchos los planteles que están ubicados en todo el territorio nacional.
Los paros y las protestas en el último trimestre han sido calificadas como exitosas pese a que siguen sin obtener cambios, pues lo que están viendo diferente es el apoyo no solo de las escuelas privadas, sino también de otros sectores y planteles como Fe y Alegría.