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El sistema judicial de Venezuela trabajó menos de 10% durante 2020



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TSJ DirecTV Emil Friedman
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Regiones TalCual | diciembre 31, 2020

La cuarentena por la pandemia de la covid-19 incidió en un mayor retardo en todos los procedimientos civiles y penales. El sistema de justicia venezolano estuvo paralizado en más de 90%, pese a que en sus resoluciones el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaría 100% activo


La pandemia terminó por colapsar el sistema judicial en Venezuela, cuyos mecanismos digitales no contemplaron evitar los retardos procesales. De acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones, durante 2020 fallecieron al menos 10 internos de la cárcel de El Dorado.

De acuerdo con una nota publicada por el medio regional El Correo del Caroní, la cuarentena por la pandemia de la covid-19 incidió en un mayor retardo en todos los procedimientos civiles y penales. El sistema de justicia venezolano estuvo paralizado en más de 90%, pese a que en sus resoluciones el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaría 100% activo.

El abogado Luis Manuel Guevara, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, destacó que todo el sistema de justicia, tanto en casos civiles como penales, se vio afectado.

Para el 2 de julio, el TSJ implementó el sistema a distancia a través de su plataforma digital y empezó con Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua en el plan piloto hasta octubre cuando lo extendió a todo el país.

«En cuanto a la Fiscalía del Ministerio Público, ajustaron un horario especial a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 11:00 am, a veces cuando era semana flexible hasta la 1:00 pm. Lo que no se paralizó fue la Fiscalía que siempre estuvo de guardia para casos de personas detenidas por primera vez», recordó.

Agregó que «el TSJ emitió ocho resoluciones donde decía que el sistema de justicia no se iba a paralizar, pero en la realidad es otra cosa. Solamente se hacían audiencias de presentación si la persona salía en libertad, pero si la persona quedaba presa, pasaba a engrosar la lista de retardo procesal a nivel nacional».

La ONG Acceso a la Justicia denunció a finales de octubre que «pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal».

Lea también: Oro, sangre, ecocidio y esclavitud reinaron durante 2020 en el Arco Minero

Ausentismo laboral

Guevara se refirió también al colapso del sistema judicial por falta de personal. «Hay muy poco personal porque muchos de los que trabajan dentro del sistema de justicia se han autoexcluido, se han ido del país, han buscado otras formas de vida».

De acuerdo con Acceso a la Justicia, muchos empleados no se reintegraron a sus labores, principalmente por los míseros salarios que devengan, ya que ni siquiera les permite cubrir los gastos del pasaje diario. Los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares, aproximadamente.

Para 2021 se prevé que el gobierno implemente nuevamente cuarentena radical. El reinicio de actividades en tribunales está planteado para el 18 de enero, pero dependerá de las medidas que tome el Ejecutivo nacional con respecto a la pandemia.

«Mientras esto se genera, hay muchas más personas que están esperando meses por una audiencia preliminar, que no se les garantiza 100% porque se inventaron una figura denominada plan de descongestionamiento judicial, que no es más que un paredón de fusilamiento, donde la persona para poder optar a un beneficio de libertad, siempre y cuando las condiciones estén dadas según el delito que haya cometido. Si la pena no supera los 5 años de prisión, con una admisión de hechos, así sea inocente puede tener la libertad», explicó Guevara.

En Bolívar, bajo este plan fueron excarceladas alrededor de 112 personas, lo que representa un porcentaje mínimo para el nivel de hacinamiento que existe en los centros penitenciarios y de detención preventiva en la entidad.

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