El supremo sainete, por Gregorio Salazar
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La figura sombría del fiscal general (minúsculas nuestras) vigila que todo marche dentro del carril en las audiencias del tribunal supremo de justicia (ídem), a las que han convocado a los excandidatos presidenciales para cumplir la orden sin sentido de entregar las mismas actas que les suministró la plataforma electrónica del propio Consejo Nacional Electoral.
La mirada del fiscal gravita como la de un pájaro de cetrería sobre el escenario donde se arma el sainete final del régimen para que su máximo tribunal «certifique» la mil veces desmentida victoria de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Fue una derrota aplastante por cerca del 37 % de los votos. La reelección se estrelló contra el muro de la voluntad popular.
En medio de semejante artificio, no puede llamarse toga, sino cortesana batola negra, de pechera roja para más señas, el ropaje que lo envuelve cuando se le acerca a algunos candidatos para cerciorarse de que todo «esté en regla». Y a veces lo logra cuando aquellos aspirantes que recibieron el beneplácito de la cúpula, salen declarando que «son las instituciones las que deben resolver el conflicto». ¿Dónde están esas instituciones que no las ve el pueblo, señores nuestros?
Pero ese redil tan burdamente concebido ha sido desbordado por la verdad. No funcionó con Edmundo González Urrutia, que no se presentó a semejante artificio. Ni con Manuel Rosales, Simón Calzadilla y José Luis Cartaya, que se presentaron sin llevar lo inconsignable y enfatizaron lo que constituye al mismo tiempo convicción y clamor universal: es el CNE el que debe cumplir su deber constitucional de presentar los resultados debidamente respaldados por las 30.026 actas de cada mesa. Sin actas no hay paraíso, ha graficado alguien muy ingeniosamente. Y basta de la cibercoba del hackeo que antes ellos mismo pregonaron como imposible.
Si esa actuación del fiscal del régimen, cooperador necesario en semejante tramoya, terminaba de desnudarlo, vino a recaer sobre él otra escandalosa agravante. Y fue la denuncia del excandidato Antonio Ecarri de haber recibido amenaza verbal por parte del fiscal cuando él quiso presentar una solicitud de revisión de la competencia del TSJ sobre este caso. Algo que ya había cuestionado en otro prolijo documento durante su primera comparecencia el 2 de agosto.
Presa de la indignación, Ecarri denunció que los magistrados de la Sala Constitucional, cómplices de la impostura, le impidieron defenderse frente al fiscal y sus acusaciones. «El señor fiscal cree que ejercer un recurso de revisión constitucional de las actuaciones de la Sala Electoral es un agravio. (…) Yo hago responsable a Tareck William Saab de todo lo que me pueda pasar a mí, a mis familiares y a mi equipo de Lápiz y a nuestros alcaldes por la falta de respeto de la que acabo de ser víctima por parte del fiscal(…) Cómo es posible que catalogue de infamia un recurso de revisión constitucional?».
Mientras el fiscal se dedica a resguardar los intereses de Maduro en el TSJ, Venezuela vive otra escalada de violaciones a los derechos humanos. Veinticuatro jóvenes perdieron la vida, pasan de mil los detenidos llevados a audiencias sin defensa para enfrentar cargos nada menos que por terrorismo.
La razzia a la cual es impermeable el despacho de Saab arremete contra adolescentes, encarcela testigos electorales, periodistas, dirigentes políticos, ex diputados y se produce la anulación masiva de pasaportes a venezolanos dentro y fuera de Venezuela.
Mientras los gobiernos de Brasil, Colombia y México, a los que se le supone de cercanía ideológica (si tal referencia existe en predios de la secta criolla) ratificaron que consideran «fundamental la presentación por parte del CNE de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosado por mesas de votación», Maduro libra gestas inmarcesibles contra whatsapp, instagram y bloquea X. Que queden, por favor, incorporadas a la liturgia de nuestras más gloriosas efemérides.
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La tesis que quiere imponer el régimen queda resumida en las palabras de la inefable vicepresidenta Delcy Rodríguez: «Hay una histeria mundial por unas actas que no existen». Asimismo, que la oposición triunfante nunca tuvo intención en participar en las elecciones. Su objetivo era la violencia. Por eso no imprimieron ni un solo afiche. Vaya, qué fácilmente pretenden despachar la realidad los que rodaron estrepitosamente el 28-J. Una nueva demostración del enorme desprecio que tienen por la inteligencia del pueblo venezolano. La lucha por la libertad sigue más viva que nunca.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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