El valor de los datos, por Naky Soto
Twitter: @Naky
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles la 29ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al año 2017, registrando los retrocesos, obstáculos y amenazas de los derechos humanos en nuestro país.
En 2017, Provea registró los peores indicadores en materia de DDHH desde 1989, sin que haya formalmente un conflicto armado, pero superando en víctimas a países donde sí los hay. “La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado”, dice Provea y contó con el testimonio de varios expertos para su presentación, que demuestran con datos comprobables cómo el gobierno de Nicolás ha enfatizado la exclusión, afianzado las desigualdades, aumentado la discriminación y redujo el derecho a la participación en los asuntos públicos.
Solo uno
La investigadora de Cáritas Venezuela, Susana Rafalli, explicó que durante 2017 la importación de alimentos disminuyó en 52 %, sin aumentar la producción interna: “Nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria”, dijo. Pero además, ocho de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos por no tener suficiente alimento en casa o por escasez y hubo un aumento de 100 % en las cifras de desnutrición aguda en menores de 5 años.
Según la FAO, a las personas con hambre registradas en 2016 en Venezuela, se sumaron 1,3 millones más, lo que supone 1.800.000 de venezolanos en situación de hambre. Para Rafalli, las regulaciones del gobierno condujeron “a la erosión del derecho a la alimentación y a la consolidación de los mecanismos de control social”, un control que obedece a objetivos políticos y no a la realización de un derecho humano.
Inédita
Jo D’Elía, sociólogo de Civilis, afirmó: «Hay más de 2 mil casos de sarampión en el país. 1.500 de difteria en 23 estados. Hay 55.000 personas con cáncer que están resignadas a la muerte por la falta de insumos y tratamiento». En el 2017, se registraron 9.662 denuncias de violaciones al derecho a la salud, en un escenario en el que el Ministerio de Salud dejó de publicar datos oficiales.
Para D’Elía, la emergencia humanitaria en salud causó muertes por la privación prolongada y absoluta de medicinas, súmenle que ese año se retiraron 3.000 enfermeras del sistema sanitario público, lo que califica nuestra situación como inédita y como un reto enorme “aliviar los devastadores efectos de la crisis humanitaria y la destrucción masiva y deliberada de la institucionalidad en el país”.
Importantes también las contribuciones de Nelson Freitez sobre las protestas y del papá de David Vallenilla (uno de los jóvenes asesinados por la represión en 2017) como un resumen de la impunidad oficial.
Las ligas de la justicia
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ordenó por tuits a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz (destituida por la ANC), iniciar las investigaciones correspondientes contra los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar su responsabilidad penal en delitos de fraude contra los electores. En su sentencia también declaran nulo e inaplicable el Sistema automatizado de votación y ordenan al CNE diseñar e implementar un sistema manual; declaran la inconsistencia del Registro Electoral y ordenan al CNE depurarlo y actualizarlo y finalmente, exhortan a la Asamblea Nacional a iniciar el proceso de selección de nuevos rectores del CNE.
La noche del 13 de junio, la Sala Electoral del TSJ local declaró inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto por el excandidato Henri Falcón contra actos administrativos electorales de las mesas de votación en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Al margen de la alta probabilidad de una sentencia como esta, Falcón acusó a los magistrados de “echarle más leña al fuego de la crisis”, prometiendo acudir a “todos los organismos internacionales” para demostrar la ilegitimidad de este Gobierno, punto ya superado por muchos organismos internacionales.
El cierre de sus mensajes, endosando a la justicia divina la posibilidad de obrar sobre los corruptos, superó con mucho el estupor tuit a tuit. Valga el dato: esta noche, Diosdado Cabello insistió en realizar un referéndum revocatorio contra diputados de la AN.
Nosotros los migrantes
La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Estado colombiano brindar atención en salud a los venezolanos que están en el país por la crisis: “La atención integral en salud de toda la población venezolana migrante necesita ser progresiva, ya que requiere de esfuerzos complejos por parte del Estado y de la disponibilidad de recursos suficientes que no pongan en un mayor riesgo al sistema”, explicó la Corte al evaluar el recurso de amparo interpuesto por una mujer venezolana de 34 años y la mamá de un niño de dos años.
Por su parte, el gerente de Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, explicó que “más de un millón de personas han emigrado de Venezuela hacia Colombia en los últimos 15 meses, de los cuales hay 250.000, más o menos, que son colombianos, y 819.034 venezolanos con vocación de permanencia”, añadiendo que que la población venezolana se ha desplazado hacia el resto del país, que “ya no es sólo un fenómeno de frontera”.
Por alguna razón, este miércoles coincidieron las opiniones de los cancilleres de Chile y Brasil. El canciller Roberto Ampuero afirmó que los venezolanos somos los responsables de resolver de forma pacífica y negociada nuestra situación, aunque la comunidad internacional «debe respaldar alguna alternativa» que apunte a terminar con la crisis. El canciller Aloysio Nunes reiteró que Brasil se opone a «cualquier tipo de intervención en Venezuela» y aun cuando aquí no hay democracia, la salida a la crisis debe ser «negociada», por lo que requiere de un esfuerzo diplomático.
Otras latitudes
– Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, protestó porque los precios del petróleo están demasiado altos (criticando el desempeño de la OPEP), el periódico Antigua Observer informó que Pdvsa suspendió el envío de 38.000 barriles de petróleo a ocho de los 17 países que conforman Petrocaribe por la severa caída de su producción y la baja operatividad de sus refinerías. ¡Tranquilos!, la suspensión no afecta a Cuba.
– El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, se reunió con el embajador de Turquía, Sevki Mütevellioglu, para “revisar mecanismos de cooperación bilateral”. Dijo Padrino que ambos países “han abierto caminos y compuertas para un relacionamiento (sic) de mayor profundidad (…) la posición geopolítica de ambas naciones nos dan oportunidades para complementarnos”.
– El Ejército de Colombia informó que 10 disidentes de la antigua guerrilla FARC murieron por un bombardeo en la frontera con Venezuela, específicamente en el municipio de Fortul, departamento de Arauca. Las autoridades señalan al grupo, que está al mando de alias ‘Burro’, de atacar al hospital de la región, la infraestructura petrolera y a la fuerza pública.
– La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó que el diálogo entre opositores y el gobierno se retomará el viernes, luego de haber sido suspendido el pasado 23 de mayo por falta de consenso entre las partes. La CIDH solicitó al Gobierno “cesar la represión de manifestantes y opositores, e investigar, sancionar y desmantelar a los actores parapoliciales y terceros armados”. Al parecer hubo retrocesos en el llamado a paro nacional, pero no fue desmontado.
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El Congreso de la FIFA anunció que Estados Unidos, México y Canadá organizarán el Mundial 2026, que contará por primera vez con la participación de 48 selecciones. Por lo pronto, ¡mañana arranca la versión 2018!
