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Elecciones libres y justas, por Carolina Gómez-Ávila



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Carolina Gómez Ávila | @cgomezavila | febrero 2, 2019

@cgomezavila

Después de 20 años de elecciones caracterizadas por el ventajismo -en todas las ocasiones- y por la manipulación, ilícitos y/o fraude en un número suficiente de ellas como para que dentro y fuera de Venezuela se denuncie que la Presidencia de la República está siendo usurpada, creo que vale la pena conversar sobre lo que son (y no sobre lo que cada uno quiere que sean) unas “Elecciones libres y justas”.

No hay tiempo que perder porque el llamado “Gobierno de Transición”, propuesto en la ruta de retorno democrático como un paso previo a la realización de elecciones, no tiene límites precisos en cuanto a duración y funciones y, por supuesto, estos no están especificados en el ordenamiento constitucional.

Elecciones para no matarnos; elecciones, mientras más pronto, mejor. “Elecciones libres y justas” para adjetivarlas correctamente, porque bajo ese título están listados los principios y normas que adoptó la Unión Interparlamentaria en 1994, y de ellos Venezuela es país firmante

 Un documento que podrá descargar en español aquí y cuyas implicaciones más importantes intentaré resumir, esperando le parezcan una consigna válida y útil.

Dice el mundo democrático que los Poderes Públicos sólo pueden “derivarse de la voluntad del pueblo expresada en elecciones auténticas, libres y justas” y que eso comporta derechos relativos al voto y a la elección, derechos y responsabilidades relativos a la candidatura, a los partidos y a la campaña, y derechos y responsabilidades de los Estados.

Sobre los derechos relativos al voto y a la elección, se especifica el derecho a votar previo acceso a un procedimiento de inscripción de electores que sea eficaz, imparcial y no discriminatorio; esto implica que debe haber alguna jurisdicción competente para apelar ante ella y que examine y corrija los errores con prontitud y eficacia. También implica el derecho a un acceso real, en condiciones de igualdad, a un local donde pueda ejercerse el derecho a votar y que el voto de cada elector tenga el peso equivalente al de los demás, garantizando el derecho de votar en secreto absoluto, lo que no puede restringirse en modo alguno.

Los derechos y responsabilidades relativos a la candidatura, al partido y a la campaña, implicarían que todos los aspirantes y partidos políticos estén habilitados legalmente para competir, que todos los ciudadanos puedan expresar sus opiniones políticas sin interferencia, que puedan buscar, recibir y difundir información al respecto, desplazarse con plena libertad dentro del país para su campaña electoral y hacerla en las mismas condiciones que los demás partidos “incluido el partido que forma el gobierno existente”. También contempla la igualdad de acceso a los medios informativos, en particular a los masivos, para dar a conocer sus opiniones y la seguridad de los bienes y vida de los candidatos; se incluye la protección de sus derechos políticos y electorales siempre que no incurran en violencia o violaciones de la ley; esto implica que todo candidato y partido político respetará derechos y libertades de los otros y que aceptará los resultados provenientes de unas elecciones libres y justas.

*Lea también: Alineación de los planetas democráticos, por Alberto Lovera

Finalmente, en los derechos y responsabilidades de los Estados se incluye establecer un procedimiento eficaz, imparcial y no discriminatorio para la inscripción de los votantes y unos criterios claros para la inspección por parte de ellos; facilitar la formación y el libre funcionamiento de los partidos políticos, reglamentar su financiación y difundir los procedimientos electorales; garantizar que los responsables de las elecciones estén adiestrados y que actúen con imparcialidad, que existan procedimientos coherentes de votación y que sean conocidos por los electores; garantizar la inscripción de los electores y actualizar las listas electorales y los procedimientos de sufragio, con la asistencia de observadores nacionales e internacionales, si corresponde; impulsar a los partidos, a los candidatos y a los medios informativos a que acepten y adopten un código de conducta que rija la campaña electoral y el escrutinio propiamente dicho; medidas apropiadas que impidan la votación múltiple o la votación por quienes no tienen derecho a hacerlo y asegurar la integridad del proceso de recuento de votos.

Implica, también, garantizar la libertad de movimiento, reunión, asociación y expresión, en particular en el contexto de las manifestaciones y reuniones políticas; que los partidos y los candidatos tengan libertad para comunicar sus opiniones a los electores, y que gocen de igualdad de acceso a los medios informativos estatales y de servicio público; que se adopten medidas necesarias para garantizar la cobertura imparcial de la campaña en los medios informativos oficiales y de servicio público.

Para que las elecciones sean justas, se debe asegurar que los partidos y los candidatos gocen de oportunidades razonables para presentar su programa electoral y que los votantes puedan votar libremente, sin temor ni intimidación. Además, las autoridades estatales deben conseguir que el escrutinio se organice de modo que se evite el fraude o cualquier otra ilegalidad, que se mantenga la seguridad y la integridad del proceso y que el recuento de los votos esté a cargo de personal adiestrado, sometido a vigilancia y/o verificación imparcial.

Todo lo anterior incluye la presencia de representantes de los partidos y de observadores debidamente acreditados. Y en todo este proceso los candidatos y los simpatizantes deben gozar de seguridad por igual, de modo que las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la violencia electoral y garantizar que cualquier reclamo relativo al proceso electoral sea resuelto en el curso del período electoral, de manera independiente e imparcial.

Todos vemos claramente que estas “Elecciones libres y justas” no se pueden adelantar en las condiciones actuales pero hasta que no se realicen deberemos denunciar dictadura. Visto así, preferiría que la propia comunidad internacional nos tutele tales elecciones con tal de que no nos tutele por varias generaciones. De eso se trata -y no de otra cosa- que tengamos “Elecciones libres y justas”.

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