Elecciones municipales llegan con alcaldes detenidos e inhabilitados
10,98% de los municipios del país han tenido problemas con sus alcaldes o alcaldesas desde las últimas elecciones: 18 han sido detenidos (dos fueron excarcelados y uno se fugó de prisión), 12 fueron inhabilitados por la Contraloría General, tres son investigados por presunta corrupción, cuatro son perseguidos por razones políticas y dos murieron en el cargo
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya fijó una fecha para las elecciones municipales: 27 de julio, un día antes del aniversario de las presidenciales, cuyos resultados aún disputa la oposición en base a las actas recogidas. Mientras los partidos se preparan de forma apresurada para postular candidatos a alcaldes y concejales, en algunos municipios nunca se resolvió de forma constitucional la ausencia de sus principales funcionarios. La represión también alcanzó a las principales figuras de algunas zonas del país, como el estado Zulia.
La figura de los alcaldes, que se empezaron a elegir en Venezuela a partir de 1989, es vista como una forma de acercar el poder a los ciudadanos. Pero el gobierno central ha ido cercando las competencias de las alcaldías y eliminando fuentes directas de recursos, como la reciente decisión de suspender los impuestos municipales, bajo el alegato de «que afectan la actividad productiva primaria».
10,98% de los municipios del país han tenido problemas con sus alcaldes o alcaldesas desde las últimas elecciones: 18 han sido detenidos (dos fueron excarcelados y uno se fugó de prisión), 12 fueron inhabilitados por la Contraloría General, tres son investigados por presunta corrupción, cuatro son perseguidos por razones políticas y dos murieron en el cargo.
La primera actuación fue contra Keyrinet Fernández (PSUV), arrestada junto a dos diputados de la Asamblea Nacional en enero de 2022, apenas dos meses después de ser electa como alcaldesa de Jesús María Semprúm (estado Zulia), por cargos de narcotráfico.
Al no haber cumplido la mitad del periodo, según la Ley Orgánica del Poder Municipal en su artículo 87, el CNE debería haber organizado unas nuevas elecciones, cuestión que nunca se cumplió.
Alcaldes detenidos
Las presidenciales de 28 de julio de 2024 representan un parteaguas en el hostigamiento y persecución a fuerzas políticas opositoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la represión a las protestas en rechazo a los resultados de esos comicios, incluso denominó las acciones de la administración de Nicolás Maduro como «terrorismo de Estado».
Antes de las presidenciales, cuatro alcaldes fueron detenidos bajo cargos de corrupción, incitación al odio, narcotráfico o vinculación con bandas delictivas. Luego de esos comicios, las detenciones arbitrarias aumentaron y solo en dos de los ocho casos registrados se conoce con propiedad los delitos imputados o el tribunal a cargo.
A partir de las detenciones de dos alcaldes zulianos (Rafael Ramírez Colina y Nabil Maalouf), se inició una ola particular de arrestos dentro de ese estado, todos justificados por supuestas actividades de narcotráfico y corrupción, según las autoridades.
Organizaciones y familiares también han hecho énfasis en el caso de Ramírez Colina. El dirigente de Primero Justicia, apresado junto a varios miembros de su equipo, se encuentra aislado e incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocido como El Helicoide. Su esposa desconoce cuáles son los delitos imputados y, al igual que otros detenidos por razones políticas, se le ha prohibido juramentar a un abogado de confianza o tener acceso a su expediente.
Elecciones que nunca se hicieron
Según la organización Acceso a la Justicia, en el país se debieron organizar elecciones en siete municipios para suplir las faltas de sus alcaldes.
De acuerdo a la ONG, las elecciones pendientes se deberían haber producido en los municipios Simón Rodríguez e Independencia (Anzoátegui), Jesús María Semprún (Zulia), Las Tejerías (Aragua), Juan José Rondón (Guárico), Cardenal Quintero (Mérida) y Federación (Falcón).
Acceso a la Justicia señala que en los casos de los alcaldes de Mérida, Guárico y Falcón son faltas absolutas, pues se produjeron debido a una renuncia (Yovany González) y dos muertes (Raúl Carballo y Argenis Arcaya Romero).
En cambio, la oenegé dice que en los casos de Pedro Hernández (Las Tejerías) y Ernesto Paraqueima (El Tigre), ambos detenidos por presuntos hechos delictivos, «podría haber debate, por cuanto ni ha transcurrido el lapso antes mencionado ni han sido condenados por un juez. No obstante, las autoridades nacionales y regionales ya se refieren a ellos como exfuncionarios y eso refuerza la tesis de que deberían ser reemplazados».
Ni la anterior gestión del CNE, encabezada por Pedro Calzadilla, o la nueva directiva –que preside Elvis Amoroso desde agosto de 2023– se pronunciaron por las elecciones pendientes.
| *¿Qué dice la ley?
En el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Municipal se establecen las faltas y las formas en que pueden ser resueltas por el Concejo Municipal. En casos de ausencias temporales, el mismo alcalde o alcaldesa puede designar a quien lo supla siempre y cuando sea un funcionario de alto nivel de dirección. En casos de ausencias por mayores a 15 días, la autorización pasa por el Concejo Municipal. A este órgano también se le encomienda resolver las faltas temporales por más de 90 días consecutivos y decidir si declara o no una ausencia absoluta. “Cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”, señala la Ley. |
Arrestos en Zulia
Desde las elecciones presidenciales, ocho alcaldes del estado Zulia han sido arrestados por su presunta vinculación a corrupción, redes de extorsión, narcotráfico, contrabando y tráfico de armas.
Rafael Ramírez Colina y Nabil Maalouf fueron detenidos con dos meses de diferencia. Luego siguieron Nervis Sarcos, Fernando Loaiza Chacón, quien cuenta con una medida de protección de la CIDH; Danilo Añez; Alberto Sobalvarro; Jorge Nava e Indira Fernández.
El ministro Diosdado Cabello los ha acusado, en varias ruedas de prensa, de formar parte de una supuesta conspiración planeada por María Corina Machado y Edmundo González para desestabilizar al país en distintos momentos, financiados por actividades de narcotráfico en la cual los alcaldes sirvieron de enlaces con representantes de la guerrilla del ELN y carteles colombianos.
Fuentes del PSUV dijeron a #LaHoraDeVenezuela que existe una «pugna interna por el control de las zonas sensibles, en este caso la frontera entre el estado occidental venezolana y Colombia». También entró en juego la decisión de recuperar la Gobernación del Zulia, que finalmente ganó el oficialista Luis Caldera –quien era alcalde de Mara– al opositor Manuel Rosales con el 63% de los votos en las elecciones del 25 de mayo.
Los inhabilitados
El 24 de abril, los alcaldes José Fernández López (Los Salias) y Elías Sayegh (El Hatillo) fueron inhabilitados por la Contraloría General sin haber informado de un proceso y permitir a los funcionarios defenderse.
Casi dos meses más tarde también fueron inhabilitados, sin una notificación de la Contraloría, los alcaldes trujillanos Keiber Peña (Sucre), Heriberto Materán Tapia (Motatán), José Leocadio Carrillo (Urdaneta), Yohanthí Domínguez Santeliz (Carache), Dilcia Rojas (Campo Elías), Servando Godoy (Márquez Cañizales), Wilmer Delgado (Monte Carmelo) y Francisco Aguilar (Andrés Bello).
En ese lote también fueron inhabilitados los alcaldes neoespartanos de los municipios Villalba (Isla de Coche), José María Fermín, y Tubores, Iraima Vásquez. En los casos de Delgado, Godoy, Materán, Aguilar y Rojas luego declararon su apoyo a Maduro por un video.
Estas inhabilitaciones implican que los funcionarios pueden continuar en sus cargos, pero no podrán presentarse a nuevas elecciones a menos que se levante la medida de forma discrecional, como sucedió con Henrique Capriles y otros opositores en las elecciones regionales y legislativas.
También quedó pendiente la situación de los alcaldes tachirenses Jackson Carrillo (Junín), Jesús Salvador Pérez (San Judas Tadeo) y Cliber Ernesto Becerra (Capacho Viejo). En mayo de 2023, la Asamblea Nacional anunció una investigación por presunta corrupción, pero no hay mayor información sobre el asunto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
