Elecciones simultáneas, por Walter Boza
El Diagnóstico de la tragedia que vivimos los venezolanos está hecho. El 85% o más de la población coincide en que el gobierno de Maduro es el peor de nuestra historia y que las penurias y calamidades que sufrimos no se van a resolver mientras Maduro continúe en el poder. Proponemos la vía democrática y constitucional para salir de esta espantosa pesadilla que soportamos con dolor y rabia los venezolanos.
La vía democrática y constitucional es la realización al mismo tiempo de elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional (AN) con las garantías suficientes para que los resultados sean aceptados por todos, facilitando el inicio a la ardua y compleja tarea de reconstruir el país e instaurar una nueva democracia en Venezuela.
Insistimos en las elecciones presidenciales porque el problema no se resuelve con cambiar la AN, el problema comienza a resolverse con un cambio en el Poder Ejecutivo.
Maduro consiguió la presidencia en una elección totalmente fraudulenta e inconstitucional convocada a su vez por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también inconstitucional y fraudulenta. Es importante rescatar dos cosas de esa elección fraudulenta dirigida por ANC. Primero, su integración, su constitución absolutamente ilegal, fueron electos funcionarios activos del Poder Ejecutivo, pero además sus resultados por mesa aún no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en tres años “de ejercicio constituyente” no han elaborado una nueva constitución y las decisiones que han tomado ilegalmente ha contribuido en muchísima medida a construir un país sin ley.
En Venezuela no hay ningún tipo de legalidad.
Un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de cuya integración hay dudas fundamentadas en el madrugonazo para elegirlo, además de que muchos de sus integrantes para el momento de su elección no reunían los requisitos para ser Magistrados de la República; el desempeño del TSJa ha sido lamentable y bochornoso comportándose, sin ningún tipo de rubor, como un apéndice de Miraflores adoptando sentencias contrarias a derecho y también violando flagrantemente nuestra constitución. Del mismo modo, el TSJ es ilegítimo por su origen y desempeño.
Igual sucede en la Fiscalía General de la República (FGR), como en la mayoría de las instituciones del Estado que han dejado de ser autónomas para convertirse en agentes de las decisiones del Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que no rinde cuentas, que toda su gestión no solo es opaca y gris, donde no hay ningún tipo de transparencia y utilizan actividades, sin dudas delictivas, para mantenerse en el poder a costa de lo que sea, sin caretas, sin tapujos.
El bochornoso episodio de la compra y venta de diputados, el envilecimiento de la vida política, la agresión de la Asamblea Nacional (AN) por parte de la Guardia Nacional (GN), los atropellos y abuso de poder sistemáticos por parte del gobierno, la represión, la tortura, las cárceles repletas de civiles y militares sin fórmula de juicio, o con juicios amañados violando el derecho a la defensa y en general el debido proceso, nos hacen concluir que en Venezuela no hay democracia; en otras palabras, Maduro es un dictador por su origen y su desempeño.
Mucho más de sesenta países en el mundo, lo más importantes, desconocen la elección de Maduro y reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.
Las elecciones conjuntas de presidente de la república y AN tienen que realizarse en el marco de absoluta transparencia y legalidad. No basta con sustituir un Consejo Nacional Electoral (CNE) como el actual que es el autor de los delitos electorales, que fue el responsable de ejecutar descaradamente en las dos últimas elecciones (la de Maduro 20 de mayo y la de la ANC); un nuevo proceso electoral tiene que llevarse a cabo desde el inicio de la convocatoria hasta el conteo del último voto y, posterior proceso de auditoría, con la garantía de que los resultados sean respetados y reconocidos por todos, para poder darle cabida a la reconstrucción de una nueva democracia en
Venezuela.
Las garantías electorales son fundamentales. Sin garantías plenas, las “elecciones” no pasarían de ser un sainete mal montado, una ópera bufa que traería graves consecuencias para el país y lejos de resolver la crisis, la agravaría.
Además de la sustitución del CNE, las garantías que proponemos son:
1. Desmantelamiento de la red de funcionarios de los organismos subalternos del CNE.
2. Permitir la libre asociación y facilitar la validación de nuevas organizaciones con fines políticos.
3. Rehabilitación de los partidos y personas que arbitrariamente e ilegalmente están en la condición de inhabilitados.
4. Cumplimiento del reglamento especial de la LOPRE y de las etapas del cronograma electoral.
5. Acompañamiento en todas las etapas del cronograma de las misiones técnicas de observación electoral de la ONU, OEA, UNIORE, UE y expertos electorales.
6. Condiciones de igualdad en todos los medios de comunicación del estado.
7. Prohibición del uso de propiedades del estado para fines electorales (trasportes, edificaciones, entre otras).
8. Eliminación de los puntos rojos.
9. Depuración y Actualización del Registro Electoral (RE).
10. Garantías para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al sufragio, sin trabas burocráticas.
11. Redefinición de las funciones de las CEOFANB o el “Plan República”.
12. Restablecimiento de la representación proporcional de las minorías.
Lea también: Maddt, por Walter Boza
Estas y otras garantías cómo la libertad de los presos políticos y la restitución de todos sus derechos, son, repetimos condiciones imprescindibles para que un proceso electoral sea confiable y aceptados por todos.
Es impostergable la solución a la crisis venezolana. Ojalá el gobierno la comprenda, la asuma y salgamos de este infierno en paz.
Esta es la única negociación admisible y el gobierno tiene la palabra.
