Emirlendris Benítez: 30 años de condena para exhibir «justicia» a favor de Maduro
A Emirlendris Benítez le fue dictada la pena máxima en un juicio pleno de irregularidades y habiéndola acusado de siete delitos por supuestamente estar involucrada en un intento de magnicidio. Pero ella lo que hizo fue acompañar a su pareja a hacer un traslado en un vehículo particular. En febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó su libertad inmediata, que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación; pero la petición fue ignorada por la jueza Hennit Carolina López
El «caso de los drones», como se conoce al intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro, tuvo una sentencia la madrugada de este 4 de agosto –casualmente cuatro años después del hecho– contra los 17 acusados: las condenas van entre cinco y 30 años de prisión.
Emirlendris Benítez es una de los 12 de los acusados que terminaron con 30 años de condena, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Pero su caso, al igual que el resto, está plagado de irregularidades, denuncias de torturas y tratos crueles y denegación de justicia efectiva frente a pronunciamientos internacionales.
Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018. La comerciante se encontraba haciendo una carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó y, acto seguido, fueron detenidos sin que les explicaran los motivos.
La abogada defensora Stefanía Migliorini recuerda que la joven acompañó a su pareja debido a que era propietaria del vehículo donde realizaban el traslado. Aceptaron la carrera porque ambos eran comerciantes y necesitaban el dinero.
«Estas personas son como un trofeo para demostrar que efectivamente sí quisieron matar al Presidente de la República. Pero hubo una irregularidad en este proceso, al Presidente nunca lo vimos en declaración, así sea en vídeo o llamada o dándole un poder a los representantes del Ministerio Público para que ejercieran su representación como víctima. Esto fue un magnicidio frustrado, ¿pero la víctima ni siquiera se preocupó en denunciarlo?», asevera.
La comerciante fue acusada y condenada por siete delitos: homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad.
«Ella es ajena a todo esto en lo que se le está involucrando (…) En tal caso si tenían que haberla condenado sería por el delito de encubrimiento, pero a ella la metieron en que estaba en toda la operación de ese 4 de agosto», insiste la abogada en conversación con TalCual.
A principios de febrero de este año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitó su libertad inmediata. También que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza Hennit Carolina López al momento de dictar sentencia.
«De hecho, yo hice la solicitud apenas salió la decisión de la CIDH y del Grupo de Detenciones Arbitrarias. Ratifiqué la solicitud incluso hasta hace dos meses. Le preguntaba a la jueza que había pasado con esto y no obtenía respuestas. En mis conclusiones también alegué que existían estas decisiones donde se exige al Gobierno nacional su libertad inmediata, pero la juez no se pronunció en cuanto a esto en la sentencia», explica Migliorini.
La también coordinadora del Foro Penal Caracas espera que se publique el motivo de la sentencia, para así proceder nuevamente con esta solicitud e iniciar la apelación de la sentencia contra Emirlendris Benítez. Esto es un proceso indeterminado, debido a que los lapsos procesales en el país no son respetados.
«Pudiera ser cinco meses, un año o dos. Todo es relativo a cómo el tribunal lo esté manejando o las directrices que tengan respecto a ese caso (…) Se cometieron bastantes irregularidades, lo que querían era condenar a todos y aceleraron este proceso desde hace unos días para que hoy, 4 de agosto, pudieran hacer su rueda de prensa y decir ‘finalmente tenemos responsables y condenados de este hecho'», dice.
Torturas sin responsables o sanción
Otro punto que también se dejó claro en las conclusiones de la defensa fueron las torturas y tratos crueles a los que fue sometida desde la detención. Incluso Emirlendris los mencionó durante su declaración final, donde recordó que es madre soltera de un niño de ocho años, al que escasamente ha podido ver durante los cuatro años que lleva en prisión, pese a que las leyes solo permiten que una persona se mantenga en prisión preventiva por un máximo de tres años.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
La abogada Stefanía Migliorini destaca que, hasta la fecha, ningún fiscal en derechos humanos o la Defensoría del Pueblo la han visitado para tomarle la denuncia como víctima.
Emirlendris Benítez actualmente se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques. Su hermana, Marianny Leal, también ha reclamado asistencia médica para ella, debido a que no puede caminar, pues cada vez que afinca los pies «es un dolor insoportable que no aguanta. No saben qué problema tiene porque no la ha visto un especialista. Se queja de muchos dolores de espalda».
Esas solicitudes de asistencia médica también han sido negadas, lo que en las leyes venezolanas se considera como trato cruel e inhumano contra los detenidos.
