Empresas dependientes de las gobernaciones sirven de instrumento a la corrupción
La ONG Transparencia Venezuela determinó que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de los gobiernos regionales y en 21% de ellas hubo denuncias de corrupción
Texto: Jhoalys Siverio / Correo del Caroní
La más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela estudió los nexos de las empresas que son propiedad del Estado venezolano con las diferentes gobernaciones del país, y el resultado de su investigación arrojó que estas terminan siendo un instrumento para actos de corrupción.
Precisó la organización no gubernamental que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de las gobernaciones. Las gobernaciones de Sucre, Barinas y Portuguesa con 17, 16 y 15, respectivamente, son las que tienen más compañías adscritas, mientras que Nueva Esparta, sin empresas; Táchira con dos y Mérida con cuatro, son las gobernaciones que menos tienen.
«Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el Gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, cuatro de Táchira, cinco de Mérida y tres de Anzoátegui», detalló la ONG.
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Empresas y «protectores»
Agrega el informe de la ONG que «a la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados».
Recordó que a finales de 2019 Nicolás Maduro declaró que ratificaba la línea de: «Entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores en la recuperación de todos los proyectos».
Fue así como desde el poder nacional se documentaron ocho empresas en el estado Miranda, siete en Barinas, dos en Sucre, una en Delta Amacuro, así como en Portuguesa, Lara y Zulia.
«Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, la Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y la Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA. Pero de 595 empresas públicas nacionales solo entregó a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante», destacó Transparencia Venezuela.
Puerta para la impunidad
La ONG agregó que los gobernadores beneficiados «manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas», cosa cuestionada por el mismo gobierno, pero de forma genérica y sin que se haga las actuaciones formales de control para evitar la impunidad en actos de corrupción.
Transparencia Venezuela determinó también que de las 218 empresas públicas regionales, 46 de ellas (21%) ha recibido denuncias por corrupción o malos manejos.
«Las denuncias de corrupción han ocurrido principalmente en las empresas de distribución de gas (9), transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), minería (5) y comercio (4). El abuso de poder en la distribución minorista del gas ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y precios subsidiados que han servido de incentivos perversos para el funcionamiento de mercados negros, con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el uso del servicio en campañas electorales para favorecer al partido de gobierno», señaló la ONG en el informe.
Agregó: «En las empresas de transporte se encontraron denuncias por irregularidades en los procesos de compra de lubricantes, repuestos y vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, mayormente en campañas electorales y los días de elecciones. En el sector agroalimentario destacan las irregularidades en los centrales azucareros negociados con el sector privado, el estancamiento en la cadena de producción por falta de insumos y prácticas clientelares en la distribución de alimentos».
42 de las compañías dependientes de gobernaciones pertenecen al sector agroalimentario, 34 al de construcción, 28 en el de comercio, principalmente dedicadas a la distribución de alimentos; y en menor (7%) porcentaje están las empresas de venta de gas doméstico, del sector financiero, de explotación de minerales no metálicos y de transporte.
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Más empresas comerciales
Los gobiernos regionales tienen 78% de las empresas comerciales, 54% de las del sector construcción y 30% agroalimentarias. En estas compañías también hay prácticas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y uso con fines político-partidistas.
«Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos. La base de datos en Vendata muestra vacíos porque no fue posible acceder a información de las EPE (Empresas Propiedad del Estado) regionales en relación con, entre otras variables, sus autoridades (80%), fecha de creación (66%), composición accionarial (65%) y situación patrimonial (100%). Resultó llamativo conocer con datos de fecha de creación de 74 empresas, que 30 de ellas se conformaron después de 2014, año en que inició la crisis económica, pero pueden ser muchas más», destacan los resultados de la investigación.
A sus observaciones agrega la probabilidad de que los resultados de las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021 motiven cambios en la adscripción de estas compañías.
