En abril se registraron 115 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de DDHH
El total de ataques registrados contra defensores de DDHH están caracterizados por estigmatización, amenazas, ataques digitales, intimidación y hostigamiento, detención arbitraria, judicialización y otros
En el país continúa el aumento de las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la emergencia humanitaria compleja. Solo en el mes de abril de 2021, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 115 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de DDHH.
«El Estado arremete en contra de las organizaciones y personas que se encuentran en primera línea de acción respondiendo a las necesidades humanitarias de la población, luchando contra la impunidad, trabajando por la protección de la dignidad humana y velando por la promoción y defensa efectiva de los derechos humanos», expone la organización en su más reciente informe.
De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, el incremento de los ataques contra defensores de derechos humanos evidencia el agravamiento de los patrones de agresión que hacen parte de la política de criminalización hacia quienes exigen y defienden los DDHH y contra realizan acciones humanitarias en el país.
El total de ataques registrados por esta organización están caracterizados por estigmatización (95), amenazas (6), ataques digitales (6), intimidación y hostigamiento (4), detención arbitraria (2), judicialización (1) y otros (1).
CDJ también enfatiza que en abril se agudizaron las acciones orientadas a criminalizar la cooperación internacional, con la creación de instrumentos normativos para obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones.
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Las víctimas
Del total de los ataques documentados durante el mes de abril de 2021, 64 estuvieron dirigidos contra las organizaciones derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias, equivalente a 56% del total. Mientras que 51 fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos, representando 44% restante.
Entre algunos de los casos destacan la sistematicidad de las campañas de estigmatización en contra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la Coalición Anticorrupción, la defensora Rocío San Miguel y en general hacia de las organizaciones de derechos humanos, criminalizadas por tener acciones en el marco de la cooperación internacional. Los señalamientos y amenazas en prejuicio de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), y dos miembros de su equipo coordinador, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, la organización Funda Redes y su director Javier Tarazona, así como las agresiones sufridas por dos activistas de esta organización. La detención y judicialización del defensor Orlando Moreno. Y los ataques digitales sufridos por la organización Acceso a la Justicia.
Un total de 49 de las agresiones fueron realizadas por funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel, quienes hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar (43%); 33 de los hechos fueron perpetrados desde los medios tradicionales y digitales del Estado y sus cuentas en redes sociales (29%); 25 (22%) fueron ejecutados por otros actores afines al gobierno o asociados a las estructuras del Sistema de Protección para la Paz; 5 hechos fueron ejecutados por los organismos de seguridad del Estado (4%); y 3 fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas (2%).
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