EN CLAVES | Ocho datos del «libro negro de la dictadura» sobre la represión en Venezuela
Organizaciones defensoras de derechos humanos, bajo un informe denominado «el libro negro de la dictadura», detallan cómo se fue configurando la represión en el país desde inicios de año, con la detención y criminalización de activistas políticos, defensores de DDHH y la sociedad civil en general
Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el martes 3 de septiembre la aplicación de «terrorismo de Estado», la instalación de un «régimen de excepción» y la continuidad del crimen internacional de persecución política, debido a los eventos pre y poselectorales en el país por la actuación del gobierno de Nicolás Maduro.
En un informe divulgado bajo el nombre «Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela: el libro negro de la dictadura», el grupo de organizaciones detalla cómo se fue configurando la represión en el país desde inicios de año, con la detención y criminalización de activistas políticos, defensores de DDHH y la sociedad civil en general.
También se abordan las restricciones del espacio cívico durante la campaña, las violaciones registradas durante el mismo día de la elección y la represión posterior tras el anuncio de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dando como ganador a Maduro, que ha dejado más de 22 muertos y al menos 1.500 personas detenidas según revisiones independientes.
A continuación, te dejamos 10 claves sobre el nuevo «libro negro de la dictadura»:
1. Régimen de excepción de facto
Las organizaciones encontraron que «21.7% de los artículos de la Constitución» se han derogado, de facto, por las autoridades. Estos artículos están vinculados a derechos fundamentales, por lo que consideran que «en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos».
2. Criminalización de la oposición
El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho uso de distintos métodos para criminalizar y tratar de someter a la oposición, bajo el alegato de «conspiraciones» y «acciones fascistas o terroristas». Para ello ha detenido y judicializado a activistas y dirigentes políticos de distintos partidos reunidos bajo la Plataforma Unitaria como Freddy Superlano, Emil Brant o Williams Dávila.
La persecución política se extendió al Comando Con Venezuela, el comando de campaña de la oposición que primero sirvió a María Corina Machado y luego a Edmundo González Urrutia, el candidato que permitieron inscribirse ante el CNE tras la inhabilitación de la líder opositora.
Las inhabilitaciones de la Contraloría, sin explicación o posibilidad de defensa alguna, también han sido aplicadas a políticos como Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, además de 12 alcaldes de los estados Miranda, Nueva Esparta y Trujillo como José Fernández (Los Salias), José Leocadio Carrillo (Urdaneta) o Iraima Vásquez (Tubores).
Al menos 289 personas han sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas desde enero. 28,9% fueron detenidas por proveer servicios o suministrar bienes para la campaña de Edmundo González. La Policía Nacional Bolivariana, el Sebin y la Guardia Nacional fueron los principales cuerpos de seguridad involucrados en estos hechos.
Antes del 28 de julio también contabilizaron 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos, la mayoría de ellos sobre integrantes de Vente Venezuela, el propio Comando Con Vzla, Primero Justicia y La Causa R.
3. Represión desmedida contra la protesta
El 18 de enero el mismo Nicolás Maduro ordenó la activación de la llamada «furia bolivariana», que describió como un «plan cívico, militar, policial para enfrentar cualquier intentona terrorista». Según los datos disponibles, 20 sedes de organizaciones políticas, académicas o sociales fueron vandalizadas, se realizaron cinco detenciones arbitrarias con desapariciones forzadas de corta duración y hubo un intento de secuestro.
Durante el primer semestre del año, según el informe, en el país se registraron 2.383 protestas, 56% de ellas relacionadas a exigencias por derechos económicos, sociales y culturales como vivienda, trabajo y acceso a combustible.
Sólo durante el mes de julio ocurrieron al menos 1.311 movilizaciones, 913 ocurrieron los días 29 y 30. 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos. En las protestas poselectorales entre 24 y 26 personas fueron asesinadas y al menos 1.500 fueron detenidos como una «cuota». También se aplicó la llamada «operación tun tun» para generar miedo en la población, además de visibilizar «castigos ejemplarizantes».
Como principal vocero de la represión identificaron al gobernante Nicolás Maduro, a quien vinculan con «la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados».
4. Cerco contra las ONG
Desde enero, la Asamblea Nacional 2020 –de mayoría oficialista– amenazó con la aprobación de la «Ley para la Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales», que finalmente fue aprobada el 15 de agosto con nuevas modificaciones.
Se han documentado 592 ataques o incidentes de seguridad contras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos durante el primer semestre del año. La mayoría fueron situación de estigmatización (388), intimidación y hostigamiento (124), además de amenazas (68).
También se han detenido de forma arbitraria a varios defensores, la primera de ellas fue la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Durante las protestas poselectorales se detuvo a Kennedy Tejada, Edward Ocariz, Henry Gómez, Yendri Velásquez y Edni López.
5. Limitaciones a votantes y sus derechos
Debido a las trabas y restricciones, se estima que más de 4,5 millones de venezolanos en el exterior no pudieron inscribirse o cambiar su domicilio en el Registro Electoral. Apenas se incorporaron 604.964 nuevos votantes y 847.999 actualizaron sus datos o cambiaron de residencia.
El CNE modificó el nombre (completo o parcialmente) de 170 centros de votación, donde votan al menos 158 mil personas; se eliminaron 68, lo que implicó la reubicación de más de seis mil electores; y se crearon ocho nuevos.
El día de la elección se registraron algunos retrasos, debido a fallas en las máquinas. En 28,2% de los centros se registraron puntos proselitistas en las cercanías. La presencia de testigos electorales de oposición, que fueron perseguidos tras las elecciones, se limitó en 55,8% de los centros de votación. Las copias de actas también fueron negadas en 30,5% de los lugares monitoreados.
Además se registraron 86 actuaciones de colectivos armados para intimidar a los ciudadanos. Por estas actuaciones hubo un fallecido y varios heridos de bala.
6. Libertad de expresión vulnerada
Antes del 28 de julio, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, cuatro periodistas habían sido detenidos. Después de las elecciones, otros 10 periodistas (algunos con vinculaciones políticas como Biagio Pilieri, José Camero y Roland Carreño) han sido arrestados.
También se han registrado restricciones en redes sociales, como la suspensión de X en el país por órdenes de Maduro, y el bloqueo a 58 páginas web relacionadas a medios de comunicación o formas de esquivar la censura (VPN). También se documentaron 98 violaciones a la libertad de expresión, los principales hechos calificados como intimidación y hostigamientos verbales y judiciales, y el cierre de 17 emisoras de radio.
El gobierno también dispuso de una aplicación de denuncias sobre servicios, la VenApp, para la persecución por motivos políticos. En dicha aplicación se creó una nueva ventana para «denunciar a los delincuentes que han atacado al pueblo», dijo Maduro, quien promovió directamente la delación de personas identificadas como opositoras.
7. Intimidación del ELN
Según el informe, este año se han registrado dos ejecuciones extrajudiciales cometidas por motivaciones políticas. Una de ellas fue el asesinato de José Sánchez Acevedo, de 23 años, quien habría sido secuestrado en el municipio Lobatera (Táchira) por presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y llevado a territorio colombiano. El joven, supuestamente, tendría bajo su responsabilidad cinco centros electorales.
«En diferentes momentos se denunció la intimidación de presuntos integrantes del ELN contra las personas involucradas en la campaña de Edmundo González Urrutia», dice el informe. Esto ocurrió en Capacho Nuevo y en el municipio Guásimos.
Las casas de dirigentes políticos como el alcalde de Rubio, Jackson Carrillo, fueron marcadas. En total, ocho activistas fueron amenazados por presuntos miembros del ELN. Según un estudio de Insight Crime, la guerrilla del ELN estaría presente en ocho de los 24 estados del país.
8. Cierre de comercios
Según el informe, al menos 24 establecimientos comerciales fueron cerrados por el Seniat como represalia por haber prestado algún servicio a la campaña de Edmundo González. Los locales fueron multados y cerrados por un lapso entre cinco y 30 días.
También se registraron 17 casos donde se retuvieron bienes contra quienes prestaban servicios a la campaña opositora. «El objetivo del decomiso, focalizado en el aspecto logístico de las concentraciones, era aumentar los niveles de ineficacia de la campaña electoral, intentando generar un mayor aislamiento». 49 personas fueron detenidas en medio de estos decomisos.
