EN CLAVES | ¿Qué dice el informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela?
En el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se describe el «clima general de temor» que se instauró en Venezuela luego de las elecciones presidenciales, así como las continuas fallas de la administración de Nicolás Maduro para cumplir con las recomendaciones en materia de DDHH
El viernes 27 de junio el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó su último informe sobre la situación venezolana ante del Consejo de la ONU. El funcionario describió el «clima general de temor» que se instauró en Venezuela luego de las elecciones presidenciales, así como las continuas fallas de la administración de Nicolás Maduro para cumplir con las recomendaciones de su Oficina.
En el documento se evidenció un aumento de las violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad y a la seguridad, así como del derecho a un juicio justo y al debido proceso tras las presidenciales, que desataron una ola de protestas en rechazo a los resultados emitidos por el CNE y que fueron brutalmente reprimidas por los cuerpos de seguridad.
A las detenciones masivas de esos días contra opositores, miembros de la sociedad civil o ciudadanos que solo observaban los hechos, se sumó la persecución y el encarcelamiento selectivo de personas, todo parte de una política «ejemplarizante» para frenar el disenso.
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¿Por qué se elabora y qué tiempo abarca el informe? El documento se hizo por mandato del Consejo de Derechos Humanos, que pidió una actualización exhaustiva y una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado en informes anteriores.
El informe abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025.
Protestas poselectorales. Según datos oficiales citados en el informe, 28 personas fallecieron durante las manifestaciones en rechazo a los resultados anunciados por el CNE. Entre los miles de detenidos se contaron a mujeres, indígenas, adolescentes y personas con discapacidad.
Aunque las autoridades han anunciado la liberación condicional y por fases de 2.006 personas, la sociedad civil ha podido corroborar 1.500 de estas liberaciones, incluyendo 191 mujeres y 173 adolescentes.
Desapariciones forzadas. La Oficina del Alto Comisionado documentó 84 casos de desapariciones forzadas (62 hombres, 15 mujeres y siete adolescentes) por periodos que van de uno a 159 días.
Otras 36 personas, entre ellas tres mujeres, continúan desaparecidas. Al menos 20 personas, a pesar de conocerse su paradero, permanecen incomunicadas.
En 41 de estos casos, respectivamente, los funcionarios del Sebin o la Dgcim fueron los presuntos responsables.
Uso de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Oficina recibió las denuncias de 32 personas que fueron víctimas de tortura y tratos crueles, en particular contra cuatro mujeres, una de las cuales estaba embarazada, 15 adolescentes (una niña) y tres personas con discapacidad.
En 20 de los casos los presuntos responsables fueron agentes militares, organismos de inteligencia militares y civiles, ocho por la Policía, y en cinco casos los responsables no fueron identificados.
También se denunció los largos periodos de incomunicación como formas de tortura, esto en represalia a reclamos sobre las duras condiciones de detención; así como la negación de atención médica o acceso a la medicación, alimentación o agua para su consumo y necesidades de higiene, en particular de mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores o con problemas de salud.
El Alto Comisionado ha hecho seguimiento a 75 personas privadas de libertad que padecen problemas de salud y documentó la muerte de tres personas detenidas como consecuencia del deterioro de su salud.
Presos extranjeros. Se documentó la detención y desaparición forzada de 28 personas de ciudadanía extranjera de al menos 13 países, incluida una mujer. Tres han sido liberados. Hasta la fecha, a ninguna se les ha concedido acceso a servicios consulares.
¿Todos son terroristas? La Oficina del Alto Comisionado afirmó que «todas las personas detenidas vinculadas al contexto electoral fueron acusadas de delitos de terrorismo y otros cargos conexos», incluyendo adolescentes. Señaló que este tipo de legislación en Venezuela contiene delitos «que no se ajustan al principio de legalidad y seguridad jurídica».
Estas personas fueron sometidas a audiencias virtuales que no cumplían normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo, y de sistemas de comunicación defectuosos que afectaban negativamente al derecho a la defensa.
Bajo arresto prolongado. En el informe se destacó que ocho personas siguen detenidas arbitrariamente, pues los tribunales no han dictado una orden de excarcelación tras el cumplimiento de su condena.
«En al menos cuatro casos adicionales, uno del 2021, de personas a punto de ser puestas en libertad o que ya lo habían sido, se abrieron nuevas causas contra ellas basadas en los mismos hechos por los cuales fueron condenados, violando así el principio de doble incriminación».
También se documentaron al menos 81 personas bajo detención preventiva que, aunque pueden acceder a medidas cautelares de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal (art. 230), siguen bajo arresto.
Detención de opositores y sociedad civil. La Oficina del Alto Comisionado insiste sobre la criminalización, detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas opositoras o aquellas consideradas como tal. Entre las 58 detenciones de opositores, señalan al excandidato presidencial Enrique Márquez. Además, sumaron la detención de al menos 10 periodistas, ocho defensores de derechos humanos y seis trabajadores humanitarios.
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Entre mayo y julio de 2024, la Oficina recibió denuncias de «represalias» contra personas vinculadas a la campaña electoral opositora: 99 de acoso e intimidación, 64 de vigilancia y amenazas, incluidas de muerte, 30 de cierres ilegales de negocios o confiscación de bienes, al igual que 27 detenciones arbitrarias bajo cargos de terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio y conspiración contra militantes y proveedores de servicios.
Exilio forzado y clandestinidad. En el informe se registró que desde el 29 de julio de 2024, al menos 75 hombres y 41 mujeres, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, «se sintieron obligadas a abandonar el país, o a esconderse, por temor a sufrir persecución».
¿Qué pasó con los funcionarios en Venezuela? La Oficina del Alto Comisionado recuerda que en febrero de 2024 la administración de Nicolás Maduro decidió expulsar a los 13 funcionarios que trabajaban en territorio venezolano, luego de un llamamiento por la detención de la activista Rocío San Miguel.
En noviembre del año pasado, la administración Maduro anunció que estaba dispuesta a permitir el retorno de los oficiales al país, pero hasta la fecha solo uno de ellos trabaja en Venezuela. «El resto del personal internacional asignado a este equipo realiza su trabajo a distancia. A pesar de las garantías dadas por las autoridades en varias ocasiones de que se permitiría el regreso de más personal, y tras una serie de solicitudes presentadas oficialmente por el ACNUDH a este respecto, en el momento de redactar el presente informe no se han concedido visados adicionales para el pleno regreso del personal», se señaló.
¿Qué dicen sobre la crisis social y económica? El Alto Comisionado hace énfasis sobre los «importantes desafíos» que enfrentan los venezolanos «para acceder a servicios de salud, a un trabajo decente y a un nivel de vida adecuado». Señala el aumento de la inflación, la inminencia de sanciones sectoriales o el cumplimiento excesivo de las mismas como parte del problema.
Destaca además el salario mínimo estacando desde marzo de 2022 y que equivale a 130 bolívares, pese a los anuncios de incrementos en el llamado «salario integral», que incluye bonos que no inciden en los cálculos de beneficios laborales. También documenta al menos cinco casos de suspensión de salarios a personal docente del Ministerio de Educación, además de despidos injustificados de trabajadores públicos.
Otra cuestión es la escasez de medicinas o insumos médicos en hospitales y centros ambulatorios, especialmente en poblaciones alejadas que atienden a comunidades indígenas. Señalan la terminación del apoyo a pacientes con fibrosis quística o la continuación de un marco restrictivo contra el aborto.
Sobre la población indígena. La Oficina del Alto Comisionado observó que la falta de demarcación de los territorios de pueblos indígenas «contribuyó a permitir actividades mineras ilegales, así como la presencia de grupos armados no estatales u organizaciones delictivas» o el desplazamiento forzado de las comunidades, la degradación ambiental y la contaminación del agua.
Además, destacó los enfrentamientos entre mineros ilegales y población indígena en el estado Amazonas. «El 4 de septiembre de 2024, un guardián territorial Indígena Ye’kwana y defensor del medio ambiente murió a causa de las heridas sufridas tras ser atacado por individuos no identificados».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
