En la Asamblea tienen “todas las opciones sobre la mesa” para el cese de usurpación
La opción militar es la menos popular entre los integrantes de la Asamblea Nacional, aunque no descartan que se endurezcan las sanciones financieras y diplomáticas contra Nicolás Maduro
El 23 de febrero marcó un nuevo momento para la oposición venezolana. Tras el intento fallido de ingresar toneladas de ayuda humanitaria a través de las fronteras con Brasil, Colombia y por vía marítima, debido a la represión de funcionarios civiles y militares bajo las órdenes de Nicolás Maduro y en conjunto con civiles armados, ahora dentro de la Asamblea Nacional se plantean “todas las opciones” para lograr el cese de la usurpación.
Esta fue la respuesta formal de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y que se juramentó como mandatario encargado del país, antes de la reunión con el grupo de Lima el 24 de febrero.
“Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha y seguirá luchando”, escribió Guaidó en Twitter.
Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando.
¡La esperanza nació para no morir, Venezuela!
— Juan Guaidó (@jguaido) 24 de febrero de 2019
Pero la respuesta del Grupo de Lima y la Unión Europea fue de buscar salidas pacíficas y democráticas a la crisis venezolana, y evitar una intervención militar en el país.
El Grupo de Lima ha tenido un comunicado impecable y con base a eso hay mucha actuación por delante, destaca Delsa Solórzano, parlamentaria y dirigente de Encuentro Ciudadano. “La Asamblea Nacional va a tomar todas las opciones que tenga que tomar para lograr la libertad de Venezuela”.
El parlamentario Williams Dávila (Acción Democrática – Táchira) alega que Juan Guaidó ha hecho seguimiento a los planteamientos de la comunidad internacional en distintos escenarios y ha hecho los ajustes a su discurso. “En el caso del Grupo de Lima no están de acuerdo con una intervención militar pero tampoco lo niegan. Tampoco hemos visto estos planteamientos en el Consejo de Seguridad”.
Hasta ahora, la fracción 16 de julio (que componen Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Convergencia) asume los riesgos de apoyar una misión militar extranjera, tal como lo dejaron claro en la sesión ordinaria del 27 de febrero.
El diputado Omar González (Vente Venezuela) asevera que con la aprobación de un proyecto de acuerdo para que se autorice una “misión militar de paz internacional” y “que autorice al presidente Juan Guaidó para que utilice la convocatoria de una coalición internacional que le ponga coto a Maduro y a su camarilla”.
Por ello, la aplicación de la Constitución venezolana, específicamente el artículo 187 en su numeral 11, es considerada fundamental por la fracción. En este apartado constitucional versa sobre las competencias del Parlamento venezolano y “autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.
El diputado independiente Luis Florido disiente de esta opción, pues considera que la aplicación de tal o cual artículo constitucional no resolverá la crisis venezolana.
“Ojalá y el problema en Venezuela se resolviera solo con la Constitución, ya estaríamos en democracia de ser así. Apelar a un artículo A o B no es la panacea y creo que eso hemos debido aprenderlo hace rato”, sentencia Florido.
El parlamentario larense, que perteneció a las filas de Voluntad Popular, señala que tanto la reunión del grupo de Lima como la del Consejo de Seguridad “abren un espacio para un esfuerzo diplomático que pueda resolver la gravedad de lo que acá ocurre.”
Lo importante es que nuestro caso está en primera línea del debate en la ONU, UE, OEA y Grupo de Lima, es decir, estamos muy acompañados, así que debe haber solución (…) Se requiere inteligencia, paciencia, prudencia pero también determinación para avanzar en una solución política que nos lleve a la democracia, con el liderazgo de nuestro presidente Guaidó y de la AN”, indica Florido.
Si un país decidiera tomar la vía de la intervención debe hacerlo de forma colectiva, en el seno de los organismos internacionales, explica por su parte Dávila. “La OEA perdió mucha entidad cuando no se logró concretar los 23 votos para aplicar la Carta Democrática, que daría pie a ese tipo de acciones preventivas multilaterales”.
Dávila opina que seguir insistiendo en el tema de intervención es “crear falsas expectativas, sobre todo cuando vemos las declaraciones de los últimos días. Hay que seguir presionando, luchando. El régimen cada día justifica y da razones para que la comunidad internacional actúe de manera colectiva”.
Además pone sobre la mesa la actuación de la Corte Penal Internacional. “Si deciden juzgar a Maduro y sus secuaces por delitos de lesa humanidad, ahí comienza a operar un mecanismo de intervención porque la comunidad internacional tiene a un organismo pidiendo la prisión de esa persona”.
Ya hay intervención
Carlos Valero, diputado de Un Nuevo Tiempo por Táchira, afirma que las decisiones y estrategias del poder Legislativo (en manos opositoras desde 2016) han sido tomadas en consenso con su presidente Juan Guaidó.
Y es que la estrategia mayoritaria de los partidos que se oponen a Maduro pasa por el cese de usurpación, la instalación de un gobierno de transición que coloque las bases para unas elecciones libres, y poder tener un nuevo presidente bajo un sistema democrático.
“El usurpador está jugando con candela y ha colocado a nuestro país al extremo de un conflicto bélico (…) En consecuencia, la opción militar la pone sobre la mesa es la usurpación. Nuestra opción de cambio político es la que hemos venido llevando hasta ahora”, menciona Valero.
El parlamentario tachirense alude a los señalamientos de una presunta intervención militar con el ingreso de la ayuda humanitaria por parte del régimen de Maduro, y que se realizaría el pasado 23 de febrero: “Nosotros estamos caminando sin armas hacia la libertad. En otras sociedades se ha logrado el cambio pacífico y esa es nuestra estrategia”.
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A pesar de ello, Valero también parafrasea a Guaidó. “Todas las opciones están sobre la mesa, porque en la medida en la que el régimen se vuelva más violento, más irracional, en la medida que la Fuerza Armada permitan que el monopolio de la fuerza física se lo deleguen a encapuchados y grupos irregulares, abren el juego para que nuestra nación sea liberada, como ha dicho nuestro presidente Guaidó, por todas las opciones posibles”.
Un Nuevo Tiempo se inclina por la respuesta social junto a presiones diplomáticas. “Preferimos continuar con la lucha cívica y democrática”, dice Valero, aunque no descarta aprobar ese acuerdo propuesto por la fracción 16 de julio “si así lo decide la unidad”.
Delsa Solórzano también asevera que “todas las opciones deben estar sobre la mesa. Nosotros estamos sufriendo una gran intervención militar de los cubanos, y es lo que nos tiene viviendo la crisis actual”.
Nosotros queremos nuestros problemas “a la venezolana”, puntualiza la dirigente. “Nadie está pensando en situaciones violentas que lo que hacen es alimentar los discursos de los izquierdistas sobre la dominación gringa. No estamos hablando de eso, estamos diciendo que hay una realidad y es que solos no podemos”.
Responsabilidad de proteger
Otra de las opciones planteadas en el caso venezolano es la “Responsabilidad de Proteger (R2P)”, una medida adoptada por Naciones Unidas en 2005 para dar apoyo a los pueblos víctimas de genocidios, crímenes de guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad.
Dentro del acuerdo de la fracción 16 de julio también hacen referencia a la «responsabilidad de proteger» de los Estados. González considera que la comunidad internacional no puede esperar “a que en Venezuela ocurra una situación como la de Ruanda”, en referencia al genocidio que se realizó en esa nación.
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Por tanto le abonan el terreno a este escenario de una misión militar extranjera, que “debería estar conformada por los países del hemisferio”, incluyendo a Estados Unidos, refiere González.
Por su parte, Florido recuerda que activar y aplicar el R2P “tiene sus complejidades”, aunque es un escenario reconocido por la comunidad internacional y existe “la motivación para hacerlo”.
Mientras que Carlos Valero sostiene que el avance la crisis venezolana hace más urgente la aplicación de este tipo de medidas. “Cuando el usurpador le entrega las armas a grupos irregulares, se coloca al margen de la comunidad internacional, y profundiza el concepto de Estado paria. Repito, es quien nos lleva a la confrontación”.
