En la corte penal internacional, por Gioconda Cunto de San Blas
Twitter: @daVinci1412
Uno diría que la separación de los dos personajes en esa foto es producto de la distancia social obligatoria en estos tiempos de pandemia, que la omisión del apretón de manos protocolar al término de la reunión apunta al ansia de protegerse del coronavirus, que el escenario está diseñado para servir de arquetipo a las normas de seguridad de la Organización Mundial de la Salud en tiempos pandémicos, de donde derivaría la frialdad interpersonal que rezuma la foto.
Una de las normas, sin embargo, es violada por los protagonistas de la escena: el uso de mascarillas protectoras, un desliz que hace posible al observador captar la seriedad incómoda de Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y la mueca de muchacho regañado del fiscal general (minúsculas obligatorias) Tarek William Saab al término de su reunión.
¿Qué ocurrió para generar esa contrariedad silenciosa? Hagamos un poco de historia. En septiembre de 2018, seis países americanos (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) pidieron a la CPI abrir un proceso contra funcionarios de alto nivel de Venezuela por abusos a los derechos humanos, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales durante las protestas contra el gobierno en 2014 y 2017, siendo esta la primera ocasión en que Estados miembros refieren ante el tribunal a otro Estado miembro.
Meses antes, en febrero de 2018, un examen preliminar bajo la responsabilidad de la fiscal Bensouda había sido admitido, con el objeto de analizar los crímenes presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad del Estado al menos desde abril de 2017, en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política en Venezuela.
Tras el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, en julio de 2020 y el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos presentado ante las Naciones Unidas en septiembre de 2020 —informe en el que se señaló directamente a 48 altos funcionarios no solo de tener conocimiento sino también de ordenar y planificar los crímenes que se les atribuyen—, la Fiscal Bensouda determinó que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”, es decir, crímenes de lesa humanidad, con lo cual el proceso pasa a la fase tres (de cuatro). Esa fue la noticia que le tenía la Fiscal Bensouda al fiscal Saab a su llegada a La Haya, en visita solicitada por su jefe.
En dicha fase tres, la CPI debe evaluar ahora si el Estado venezolano ha investigado y juzgado debidamente a los responsables de los delitos. En declaraciones de Alí Daniels, de la organización Acceso a la Justicia, “una vez que se declara que hay crímenes de lesa humanidad no basta con que se juzgue a funcionarios de bajo nivel o a autores materiales. Debe hacerse responsables a quienes toman las decisiones y a quienes implementan las políticas para cometer esos delitos. Eso es algo que no ha ocurrido en Venezuela, no hay ni siquiera funcionarios de mediano rango juzgados. En la cuarta fase se evaluaría si es de interés de la justicia internacional sancionar estos crímenes, que lo es, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque siguen ocurriendo. No estamos hablando del pasado, sino del presente venezolano”.
Al regreso de su viaje, el fiscal dio seguridad, impasible, “del compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar, tal como lo ha realizado el Ministerio Público y los tribunales competentes, a los responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Ese mismo día, la sala de casación penal del TSJ confirmó la sentencia, cinco años de cárcel, por “corrupción espiritual” para la juez María Lourdes Afiuni, cargo inexistente en nuestro ordenamiento legal, inventado por la anterior fiscal general Luisa Ortega Díaz, para complacer a su entonces jefe y mantener cautiva a la “presa del presidente”.
Hoy la exfiscal disfruta de su “exilio”, pasando por opositora, sin que jamás le hayamos escuchado una palabra de disculpa por sus abusos en el cargo y por los dolores causados.
Mientras tanto, la jueza Afiuni sigue en casa por cárcel, ahora con serios problemas de salud, más de los que ya sufrió mientras estuvo injustamente encarcelada. “La presa del Comandante”, libro de Francisco Olivares, da cuenta detallada de sus sufrimientos. Ese es el “compromiso del Estado venezolano” del que alardea el fiscal Saab, la justicia de la inexistente “corrupción espiritual”, para quien ose enfrentar los caprichos de un Estado perverso.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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