En menos de tres días cerraron dos organizaciones vinculadas a derechos LGBT
Venezuela Igualitaria, con 12 años de ejercicio en Venezuela, y País Narrado, con tres, anunciaron el cese indefinido de sus actividades debido al aumento de la persecución contra defensores y organizaciones civiles. Desde quienes lideraron estas iniciativas señalan que no hay garantías para seguir
Dos organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBT en Venezuela cerraron en menos de tres días, se trata de Venezuela Igualitaria y de País Narrado. Ambas exponen que la crisis política, que ha derivado en un mayor cierre del espacio cívico les impide continuar con las actividades y que priorizan la seguridad personal.
Danny Toro, fundador de País Narrado, indica a TalCual que el cierre se debe a la propia situación país, «a las amenazas que enfrenta la sociedad civil en su conjunto por parte del régimen autoritario» y a que hoy los riesgos para la sociedad civil son muy altos. «Hemos visto una serie de amenazas masivas e indiscriminadas a defensores de derechos humanos, a líderes sociales», dice.
País Narrado funcionó desde 2021 y estaba enfocada en construir referentes positivos a través del fortalecimiento de historias de vida de la población LGBTIQ+ venezolana.
Hoy el precio de defender derechos en Venezuela es muy alto. Toro indica que el país no ofrece garantías para ejercer esta labor, sino todo lo contrario, representando un peligro muy alto. «En un contexto autoritario lo que toca es reajustarse y buscar nuevos espacios para seguir haciendo incidencia por los derechos de todas las personas dentro y fuera de Venezuela. No significa un cese de la incidencia, ni de la reivindicación LGBT, sino una medida necesaria frente al contexto cerrado y peligroso que enfrentamos los venezolanos», comenta el fundador de País Narrado.
Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio arreciaron las detenciones y la persecución contra la población, tras múltiples protestas en contra de los resultados emitidos parcialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron una victoria a Nicolás Maduro. Según las propias autoridades detuvieron a más de 2.200 personas, entre ellas más de 120 adolescentes, que han sido liberados por grupos; sin embargo, los últimos datos de Foro Penal señalan que a la fecha todavía 70 permanecen detenidos.
Otra de las organizaciones que cerró sus actividades es Venezuela Igualitaria con 12 años de ejercicio en el país. La institución compartió un comunicado el 12 de octubre en el que señaló que «con pesar anunciaban el cese indefinido», debido al actual contexto económico, social y político. «
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Ha generado condiciones que comprometen nuestra capacidad de continuar. Enfrentamos tiempos complejos, cuya solución no parece cercana en el corto ni mediano plazo, lo que nos obliga a priorizar nuestra seguridad económica y personal», se lee en el texto.
Venezuela Igualitaria agregó que consideraban que el retiro digno era la decisión más adecuada en este momento, reconociendo que aún desde lo individual pueden seguir aportando a la promoción del respeto a las diferencias.
También informaron que la Unidad de Apoyo Psicolegal Por todes cesa su labor de acompañamiento activo y que solo continuarán trabajando en las demandas presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, manteniéndolas vigentes y solicitando su resolución y que en las redes sociales de Venezuela Igualitaria seguirán compartiendo información relacionada a esta lucha.
Ya otras organizaciones vinculadas a la defensa de este grupo habían cerrado hace meses, debido a razones similares, como es el caso de Okay en Maracaibo, estado Zulia. «Okay era la única ONG LGBT en sentar posiciones claras y firmes ante las autoridades regionales, lo que provocó que se nos vetara de muchos espacios al punto incluso de recibir amenazas por parte de empleados de la Alcaldía de Maracaibo», expresa un representante de la organización a TalCual .
Por otro lado, agrega que la migración hizo que el equipo se redujera a sólo dos personas en el país, lo cual les hacía exponerse más y asumir liderazgos públicos por obligación y no porque así lo querían. «El tema de las asesorías legales también eran cuesta arriba, ya que no contábamos con los recursos económicos para poder trasladarnos o pagar honorarios», explica.
Danny Toro señala que las organizaciones LGBT no solo se enfrentan a un Estado autoritario sino a un Estado que no ha hecho nada por la inclusión de estas poblaciones y que por el contrario desde el discurso público se alienta a la homofobia y la discriminación.
El fundador de País Narrado dice que hace un año no era un escenario cerrar, pero sí lo era la persecución «eso no es nuevo, que existan amenazas a la sociedad civil».
A este contexto se suma la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, las cuales desde las organizaciones advierten que hará más empinado el camino para quienes integran este sector.
Acceso a la Justicia sostiene que se trata de una ley (cuyo proyecto nunca fue publicado en la página web de la Asamblea Nacional), que arropa a todas las organizaciones sin fines de lucro y va mucho más allá de las ONG, con excepción de aquellas entidades regidas por leyes especiales como los sindicatos, colegios profesionales y partidos políticos, entre otros.
«Una revisión de la ley, que aún no está vigente por no haber sido publicada en Gaceta Oficial, deja entrever que los mecanismos establecidos para esos fines más bien buscan coartar los derechos a la asociación, libre expresión y participación en los asuntos públicos», advierte Acceso a la Justicia.
«Sé que todas las organizaciones enfrentan desafíos, peligros y estos son debates que se están dando a lo interno, el tema de la continuidad y de cómo seguir frente a un contexto que es abiertamente adverso. La idea es que la sociedad civil siga incidiendo, seguir denunciando lo que pasa. En este momento es fundamental promover la democracia y la libertad, sin esto, ninguna otra reivindicación será posible en Venezuela», apunta.
La organización Caribe Afirmativo alertó que los cierres de estas organizaciones no son hechos aislados, sino que «representan violaciones al Derecho Internacional y Civil, ya que obedecen a un patrón de persecución y violencia estructural contra personas LGBT».
«En Venezuela no hay garantías plenas para las personas LGBT, ni hay leyes de protección con enfoque diferencial de género, además, se mantienen engavetados varios proyectos de ley, como el matrimonio civil igualitario, y tampoco se ha hecho efectivo el derecho al cambio de nombre de personas trans, intersex, queer y no binarias, establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil».
