¿En qué consiste el ajuste silencioso y tardío que aplica el gobierno sobre la economía?
El plan económico ha dado algunos resultados parciales, como la desaceleración de la inflación y un ritmo menor de depreciación de la tasa cambiaria, pero a costa de una contracción aún mayor de la economía, según expertos
Sin anunciarlo con bombos y platillos como hizo en agosto de 2018 con el «programa de recuperación económica», el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo en los últimos meses un ajuste económico que ha arrojado algunos resultados parciales, como la desaceleración de la inflación, aunque según expertos a costa de una contracción aún mayor de la economía, que acumula una caída de 63,4% entre 2013 y el primer trimestre de 2019, según cálculos de la Asamblea Nacional (AN).
Al no contar con el antiguo caudal de la renta petrolera, cuyo descalabro se ha visto agravado por las sanciones financieras y comerciales aplicadas por EEUU y países europeos, el gobierno se ha visto obligado a aflojar los controles y liberar la economía para sobrevivir, señala el economista Víctor Álvarez, exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez.
El gobierno ha permitido mayores grados de libertad para que las empresas e inversionistas construyan sus acuerdos sin la intervención de los entes públicos, tal como lo hizo con la activación de las mesas de cambio en la banca, medida que erradica el control que venía ejerciendo el Banco Central de Venezuela (BCV) a través del Dicom, explica el economista.
“Sin lugar a dudas, el régimen intenta compensar la caída de la renta y el impacto de las sanciones a través del levantamiento de los controles y de una creciente liberalización de la economía para que esta se reactive y le genere los ingresos fiscales que ya no le aporta el petróleo ni puede obtener a través del impuesto inflacionario”, dijo Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería.
Entonces, ¿en qué consiste ese plan silencioso y tardío de ajuste económico? En primer lugar, la administración de Maduro ha recortado el gasto público al reducir la monetización del déficit fiscal, es decir, el Estado ha dejado de financiarse como lo venía haciendo con emisión de dinero sin respaldo, una de las raíces del problema inflacionario que enfrenta Venezuela.
En efecto, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, señala que la monetización ha disminuido, lo que explica en parte la desaceleración de la tasa de inflación, que hasta enero registró tasas mensuales superiores a 100% por nueve meses consecutivos
En los últimos meses, el indicador de alza general de precios se ubicó por debajo de 50%, según el registro que divulga la Comisión de Finanzas del Parlamento. En marzo, la inflación fue de 18,1%, en abril de 44,7% y en mayo de 31,3%; datos que contrastan con los ente emisor, según los cuales la inflación en marzo se situó en 34,82% y en abril en 33,78%.
Sin embargo, eso no quiere decir que Venezuela salió del ciclo hiperinflacionario en el que se encuentra desde noviembre de 2017, cuando la tasa mensual fue de 56,7%, según el Parlamento. Se requiere de al menos un año con una inflación por debajo de 50% para poder decir que el país dejó atrás la hiperinflación.
“Estamos en una nueva etapa del ciclo, donde ya no tenemos las tasas monstruosas que hubo el año pasado. Después de inflaciones cercanas e incluso superiores a 200%, en este momento estamos por debajo de 50%. Este es el fruto del ajuste chavista. Antes registrábamos tasas semanales de 20%, luego de 10% y ahora se está moviendo en torno a 5%, que sigue siendo una calamidad. Nuestra inflación semanal es la anual en Perú”, dijo Oliveros en el foro Perspectivas políticas, económicas y sociales para el segundo semestre de 2019, que organizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Para hacer el ajuste, Maduro escogió el ancla que le pareció “menos peligroso y de menor costo”: la restricción del crédito.
“En Venezuela, el ancla que antes usábamos era el tipo de cambio por ser una economía petrolera, pero el chavismo escogió el menos perverso para él, pues en su lógica la gente agarraba el crédito ‘barato’ para comprar dólares”, expresó Oliveros
A partir del 11 de febrero, el Banco Central decidió ajustar aún más el corset y subió el encaje bancario marginal de 60% a 100%. Se trata de una política monetaria que obliga a las instituciones financieras a mantener un porcentaje de los depósitos totales en el ente emisor y que prácticamente ha hecho desaparecer el crédito.
En condiciones normales, la banca presta entre 60 y 70 bolívares de cada 100 que capta, según Ecoanalítica. En este momento, su capacidad de prestar es de 12 de cada 100 bolívares. “Esto tiene un efecto muy fuerte sobre la economía”, dijo el economista.
La medida seca al mercado de bolívares al imposibilitar a la banca otorgar créditos, lo que baja la demanda de dólares y mantiene relativamente estable el tipo de cambio.
Abajo los controles
Víctor Álvarez recuerda que la liberación de la economía comenzó con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios; el Convenio Cambiario N° 1 que permite la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional; la Resolución 1905-01 del BCV que autoriza la libre compraventa de divisas entre privados a través de la banca; y la Providencia Administrativa N° 00071 del Seniat, que permite facturar en divisas.
“El relajamiento del marco legal e institucional para atraer inversiones en el Arco Minero del Orinoco es otra de las maniobras de un gobierno urgido de recursos para sobrevivir”, añadió el exministro de Hugo Chávez.
El 6 de mayo, el Banco Central autorizó a la banca pública y privada la compra y venta de divisas por parte de personas naturales y jurídicas a través de mesas de cambio, una medida que prácticamente decretó la muerte del férreo control de cambio que le ha concedido al Estado la exclusividad en el manejo de las divisas desde el año 2003.
El 13 de mayo iniciaron formalmente las operaciones de compraventa de divisas, medida que, según la resolución N° 19-05-01 emitida por el BCV, representa una profundización de “las bases de la flexibilización cambiaria dispuesta en el Convenio Cambiario N°1 a fin de dinamizar las operaciones de compra y venta de monedas extranjeras a través de los operadores especializados”.
La administración de Maduro también permitió la liberación de precios. El director de Ecoanalítica indica que es más una concesión, pues el gobierno no ha derogado la Ley Orgánica de Precios Justos que Maduro aprobó en 2014, ni la Ley de Precios Acordados adoptada en 2017 por la asamblea constituyente.
“Siguen vigentes, pero el gobierno decidió no aplicarlas. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero no las está aplicando, por eso los precios se comportan como se comportan”, indica el experto
Ahora bien, ¿puede el gobierno mantenerse en el poder por hacer el ajuste?
Según Oliveros, no, pues no tiene dólares, ni la capacidad de generarlos o de pedirlos prestado. “Es una tremenda restricción y esta economía no puede crecer sin divisas”, subraya.
En 2018 el gobierno generó una caja de 4.000 millones de dólares, de los cuales 3.100 millones se quedaron retenidos en enero luego de que el Departamento de Estado dio el control de bienes, activos y propiedades del gobierno de Maduro en cuentas bancarias en Estados Unidos al presidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Juan Guaidó, juramentado el 23 de enero como presidente encargado de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países, incluyendo Estados Unidos.
En ese mes, la administración del presidente Donald Trump anunció sanciones contra Pdvsa que bloquean todos los bienes e intereses en la propiedad de la petrolera estatal sujetos a la jurisdicción de EEUU, obligan a que las ganancias de su filial Citgo se depositen en una cuenta bloqueada en ese país y prohíbe la exportación de crudo desde Pdvsa a territorio norteamericano y de diluyentes de EEUU a Venezuela.
Por las sanciones, el gobierno de Maduro no tiene manera de volver a insertarse en el sistema de comercio internacional de pago. El economista Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas de 2007 a 2008, advirtió que las sanciones impactan y limitan en extremo el financiamiento global del plan macroeconómico, la operación de reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa del gobierno central y de Pdvsa, la recuperación de la industria petrolera nacional y el acceso a mecanismos del mercado mundial de bienes y servicios, como bancos corresponsales, cartas créditos, mercados financieros, y transporte marítimo y aéreo.
Pese al ajuste, Maduro tampoco podría mantenerse en el poder por lo que ha significado el colapso de los servicios públicos. Puede que haya liberado los controles, pero sin electricidad el sector industrial no puede producir los bienes que escasean en el país y sin gasolina no se puede transportar la mercancía a los centros de consumo.
Según Álvarez, el gobierno no cuenta con los recursos para evitar el colapso de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y de la infraestructura de autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc.
Promover la inversión en estos sectores exige una profunda modificación y actualización del actual marco legal y regulatorio, plagado de aberrantes controles y requisitos que propician la corrupción. Requiere también el fortalecimiento de la eficiencia institucional a través de la simplificación y automatización de los trámites y procedimientos administrativos”
Oliveros añade como cuarto elemento el colapso de los ingresos fiscales. Para que el gobierno no dependa del Banco Central en términos de financiamiento monetario, tendría que recaudar más impuesto interno, pero esa base de recaudación no puede subir porque la economía está extremadamente contraída.
“Es prácticamente imposible que Maduro pueda sustituir el financiamiento monetario por interno a través de impuestos, y si eso no lo logra no puede sacarnos del ciclo hiperinflacionario. Sin transición política no habrá transición económica, y aquí el modelo chino no es viable”, sentenció Oliveros.
