En tres y dos, por Teodoro Petkoff
El Tribunal Supremo mantiene el suspenso. Decidió no decidir… por ahora. Corrió la arruga cinco días más, pero rechazó la ponencia que proponía abrir juicio a los cuatro almirantes y generales. Habrá que esperar por la próxima ponencia. Bien mirado, es lógico que haya sido así. Todavía el proceso de deslinde interno en el organismo es bastante fluido y no se puede decir que esté completamente coagulado. Pero una cosa es evidente: el Tribunal Supremo, al igual que la Asamblea Nacional, no es ya un potrero donde Chávez pasta a su gusto. Ambos poderes han venido experimentando cambios políticos en su seno, a tenor de lo que ha tenido lugar en la opinión pública. Varias veces hemos expresado el criterio de que parte del enorme sentimiento opositor existente en el país no percibe aún lo mucho que ha avanzado en estos tres años y todavía algunos de sus sectores se sienten en minusvalía.
De aquellos tiempos en que los opositores no hacían sino marchitas que permitieron a Chávez bautizarlos de «escuálidos», a los de hoy, en los cuales en la calle oposición y gobierno están de tú a tú, hay una gran diferencia. Igualmente, de aquellos tiempos, todavía recientes, en los cuales Chávez tenía en un puño a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo a estos de hoy, cuando son visibles los cambios ocurridos en la correlación de fuerzas en ambos organismos, ha corrido mucha agua bajo los puentes.
La ruptura de Miquilena con Chávez ha tenido consecuencias sísmicas. Esa ruptura -lección de kindergarten para el obtuso sectarismo que pide partida de bautismo antichavista a quienes se aproximan al campo opositor- ha sido significativa para abrir la posibilidad de encontrar salidas institucionales y constitucionales a la crisis política que vivimos. Las únicas, por lo demás, admisibles porque son las democráticas. Las salidas golpistas, a las cuales algunos obcecados apuestan, eventualmente conducirían a la sustitución del gobierno de Chávez por alguna especie de engendro goriloide y constituirían el camino más directo a la violencia implacable que conoce, por ejemplo, Colombia. Desde luego, ni en la Asamblea ni en el TSJ los cambios se han completado y todavía son frágiles. Pero la tendencia está clara y lo que hay que impedir es que el golpismo la aborte.
¿Que las decisiones del TSJ tienen una carga política? Pues claro que la tienen y más en casos como los que actualmente le toca conocer. Pero que tengan esa carga no significa que deban apartarse del Derecho y la justicia. En el caso de los altos oficiales para los cuales se discute el actual antejuicio de mérito son perfectamente compatibles la justicia y la política
