«En Venezuela hay un fujimorazo por entregas, por cuotas»
El diputado Juan Miguel Matheus sentenció que la Constitución de 1999 «no es el legado de Hugo Chávez, es de esta Asamblea Nacional», y «renuevan» su empeño de transformar este texto en «quicio fundamental de nuestra lucha por la democracia»
«Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República». Esas fueron las palabras del dictador Alberto Fujimori la noche del 5 de abril de 1992, en lo que se denominó un autogolpe de Estado o el llamado «fujimorazo».
El diputado Eustoquio Contreras, exparlamentario del Gran Polo Patriótico y ahora independiente, trajo a colación este evento al afirmar que «en Venezuela hay un fujimorazo por entregas, por cuotas», en referencia al «allanamiento» de las inmunidades de 18 diputados desde finales de abril de este año por parte de la asamblea constituyente.
En el debate sobre la «defensa de la vigencia de la Constitución de 1999 y ratificada por el pueblo soberano en 2007», durante la última sesión ordinaria antes del receso legislativo, los diputados coincidieron en que no se puede llamar allanamientos a las acciones que ha tomado la constituyente contra los parlamentarios, debido a que no cumple con lo establecido en el artículo 200.
En ese artículo se señala de manera taxativa que solo la Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria de uno de sus miembros, previa solicitud del TSJ. Los últimos afectados por estas decisiones fueron Juan Pablo García (Vente Venezuela – Monagas), José Guerra y Tomás Guanipa, ambos de Primero Justicia.
Durante el debate, Eutoquio Contreras aseveró que la fortaleza de esta Constitución es que es un «verdadero pacto social», pues fue defendida en 2007 por quienes se oponían a este nuevo texto en 1999, aunque a su juicio, el país marcha actualmente «más sobre los hechos que sobre el derecho» debido a la continua inobservancia de las leyes.
«¿Qué tipo de institucionalidad entonces asiste a un país?», cuestionó Contreras, al tiempo que reconoció el marco político del país, con una crisis institucional que «comenzó en diciembre de 2015» con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para «quitarle» los dos tercios de mayoría a la oposición.
«Se estranguló económicamente a la Asamblea Nacional y lo hizo quienes gobiernan en nombre del socialismo, después vino la persecución a los diputados (…) La ANC fue el acto seguido y de concreción al desconocimiento de este parlamento», recordó Contreras.
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El parlamentario además se refirió al escenario político actual y dijo que esa «combinación de matar el diálogo y después venir con una agenda radical pone el escenario por la vía de los hechos y la fuerza. La respuesta no debe ser pedir una intervención, necesariamente el país debe armarse de paciencia y más herramientas democráticas para llegar a una salida negociada».
Por su parte, el diputado Juan Miguel Matheus sentenció que la Constitución de 1999 «no es el legado de Hugo Chávez, es de esta Asamblea Nacional», y «renuevan» su empeño de transformar este texto en «quicio fundamental de nuestra lucha por la democracia».
El parlamentario de PJ dijo que como «señal de madurez política», la AN ha asumido la defensa de la Constitución «porque a pesar de las cargas que trae, nos queda aferrarnos al texto que tiene todos los caminos y cauces para transitar hacia la democracia», porque «nunca puede ser considerada letra muerta».
Matheus también hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional para que sean garantes de la vigencia efectiva de la Constitución, » el pueblo y este parlamento se los demanda».
El diputado Carlos Bastardo, suplente de Juan Pablo García, indicó que la Constitución «hecha a la medida» para el expresidente Chávez, «prontamente le quedó corta y por eso en 2007 buscó su reforma», algo que nunca respetó.
Respecto a los «allanamientos», señaló que no pueden considerarse como tales pues «no existen. Hablo de persecución política que han emprendido contra este parlamento, que poco a poco ha sido rebanado».
Por ello, como parte de la fracción 16 de julio -a la que también pertenece García- recomendó al presidente Juan Guaidó utilizar todos los mecanismos constitucionales, incluida la aprobación del artículo 187, numeral 11; así como reflexionar y avanzar en ciertos temas, particularmente el diálogo, que pidieron abandonar.
Además, la fracción solicitó que, pese al receso legislativo, se convoquen «inmediatamente» sesiones extraordinarias porque no «todo puede quedar en manos de la comisión delegada».
El diputado José Antonio España, a nombre de Cambiemos, criticó varias acciones que ha tomado el parlamento en los últimos días como el trabajo de la comisión especial para elegir directivos del Banco Central de Venezuela (BCV) o la falta de cumplimiento del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan).
España también solicitó a la comisión especial electoral, encabezada por Stalin González, sentarse a revisar la propuesta de su partido sobre un nuevo «estatuto electoral», que contempla, entre otras cosas, un nombramiento consensuado de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
Antes de finalizar la sesión, Juan Guaidó reiteró la designación de Carlos Jordá como CEO de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, así como el nombramiento de una comisión presidencial consultiva para la renegociación de la deuda venezolana.
Guaidó propuso al parlamento la designación del rabino Pynchas Brener como representante diplomático ante el gobierno de Israel y también se prevé el nombramiento de un embajador para Grecia. El diputado no dijo si entre esas propuestas se incluirá además un reemplazo para que asuma la representación ante República Checa, cargo al que renunció la abogada Tamara Suju en julio.
