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“En Venezuela reina un gobierno de ladrones”, por Marta de la Vega



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Miraflores ministros
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Marta de la Vega | @martadelavegav | abril 15, 2019

@martadelavegav


Esta declaración del 10 de abril de 2019 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ratifica lo que con miedo e indignación presenciamos a diario en el país. Un  denominador común desde hace poco más de 20 años de quienes acceden a la toma de decisiones y a la cúpula del poder en la devastada Venezuela hoy, es la falta descarada de escrúpulos para disponer del erario público, que ha permeado a todos los niveles de la administración y a todos los sectores sociales. Sus principales artífices, Chávez y su sucesor nombrado a dedo, Maduro, con todo el séquito de corruptos y ladrones de su entorno, por cuatro lustros, condujeron al desastre humanitario complejo que organismos internacionales de la mayor credibilidad y gobiernos democráticos del mundo denuncian en estos días.

Nos han robado la vida y los bienes. Sin piedad, saquearon las rentas de la República, destruyeron el aparato productivo, arruinaron la principal industria del país, Pdvsa, acabaron con el complejo industrial siderúrgico de Guayana, entregaron el arco minero a ladrones internacionales, expropiaron hasta quebrar a los sectores agrícolas y pecuarios, convirtieron la salud en una trágica realidad para las mayorías, consolidaron el fraude en que se había convertido la educación pública primaria y secundaria, envilecieron la educación superior con las violaciones reiteradas a los convenios universitarios entre el Estado y los gremios, la coacción económica y el despojo de la independencia de los centros de estudios.

Han reprimido brutal y sanguinariamente las manifestaciones pacíficas y han buscado quebrar la resistencia de los demócratas con persecuciones judiciales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas indescriptibles y exilio obligado para preservar la vida de muchos opositores al régimen, convertido desde el 10 de enero de 2019, no solo en gobierno ilegítimo, justificadamente cuestionada la presidencia de Maduro desde 2013, sino en banda criminal de usurpadores, sostenidos por la cúpula militar corrupta, la ocupación de fuerza de los cubanos castristas en todas las instituciones públicas, incluidos los carteles, y una red mafiosa del crimen organizado internacional, del terrorismo radical islámico y de las narco guerrillas del ELN y las FARC. Venezuela se ha convertido en botín y escenario geopolítico de las pugnas de gobiernos criminales contra países democráticos.

Ladrones incorregibles, los funcionarios del régimen usurpador acaban de protagonizar el 9 de abril un vergonzoso espectáculo en la OEA cuando se llevaron de la mesa de reuniones el logotipo que identifica el país, al ser expulsados del organismo interamericano. Fue reconocido Gustavo Tarre como embajador representante permanente de Venezuela, nombrado por el legítimo presidente interino Juan Guaidó, con el apoyo de la Asamblea Nacional.

Parte de la descomposición de las instituciones y del tejido social venezolano son las prácticas, tristemente existentes desde hace años, de policías delincuentes que extorsionan sin disimulo a los ciudadanos. La alcabala o “retén” de la Cota Mil, avenida que bordea las montañas del Ávila a mil metros del nivel del mar, desde la cual se ve el valle de Caracas, a la altura del Mirador, entre las urbanizaciones de La Florida y La Castellana, está dominada por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Mantienen un operativo descarado de “matraqueo”. Son, como decía un vecino, “una vergüenza vestidos de uniforme”.  Detienen a la persona, le piden los papeles del vehículo y si observan alguna omisión, los coaccionan a entregar dólares a cambio de devolverles el carro que, de lo contrario, van a “retener”. El colmo es que si el ciudadano cae en la trampa, lo acompañan dos policías hasta sus casas y esperan en la calle con el carro encendido a que les den, mínimo de 60 a 100 dólares, para devolverles el carro, después de haberlos regresado al sitio de alcabala de la Cota Mil ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

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