Entre orgullo y miedo: marcha Lgbti en Venezuela en un año de represión sin precedentes
En un año marcado por la represión contra activistas y líderes políticos, la marcha del Orgullo en Venezuela cargó con un significado distinto. Sin consignas contra Maduro, se convirtió en un acto de resistencia silenciosa
La Hora de Venezuela
El día antes del desfile del Orgullo de Caracas de este año, las redes sociales se inundaron de mensajes de activistas y defensores de los derechos de la población Lgbti que explicaron por qué decidieron no asistir a un evento que planteaba preguntas urgentes sobre la visibilidad, la seguridad y los límites de la resistencia. El mensaje era sencillo: vivimos bajo una dictadura, sin la posibilidad de pedir lo que realmente necesitamos sin enfrentarnos a la persecución.
El acto que comenzó en Parque Cristal y llegó hasta la Zona Rental tuvo doce horas de música, baile y celebración. Aunque no hay cifras exactas de asistencia, llamó la atención una ausencia: Las ONG, los activistas y los grupos de defensa de los derechos humanos apenas tenían carrozas, pancartas o presencia visible. «Nuestra organización decidió participar de la forma más discreta posible», declaró una activista de una de las ONG más importantes de Venezuela. «El año pasado fuimos muy visibles. Pero desde las elecciones presidenciales, la comunidad queer se ha visto profundamente afectada. Con activistas detenidos o forzados al exilio, el panorama para la visibilidad y la organización LGBTIQ+ en Venezuela ha cambiado drásticamente.»
La marcha del Orgullo en 2023 había batido el récord en Caracas, con más de 25.000 asistentes inundando las calles según los organizadores y los medios de comunicación. Las embajadas asumieron un papel protagonista ese año, trayendo carrozas, distribuyendo folletos y organizando exposiciones de arte y actuaciones de artistas queer internacionales. Fue el mismo año en que 33 personas fueron detenidas en un bar gay de Valencia durante una redada, en la que los agentes se presentaron sin orden judicial y con escasa transparencia sobre los motivos de las detenciones. Más tarde, funcionarios del gobierno afirmaron que el local funcionaba como «club sexual», citando vagas «preocupaciones morales» como justificación.
En agosto de 2024, las autoridades venezolanas detuvieron a Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Ginebra para asistir a un acto de las Naciones Unidas. Los funcionarios le informaron que su pasaporte había sido anulado y lo mantuvieron incomunicado durante seis horas, negándole acceso a representación legal o contacto con su familia. Posteriormente fue puesto en libertad sin cargos formales ni documentación, en un lugar no relacionado con el aeropuerto.
Una semana después, agentes de policía no identificados intentaron detener al activista Lgbti Kody Campos cuando llevaron a cabo otra redada sin orden judicial en su domicilio en un barrio de Caracas, lo que suscitó gran preocupación por las detenciones arbitrarias y la persecución de defensores de los derechos humanos Lgbti. Los agentes decidieron no capturar a Campos cuando este hizo una transmisión en directo en Instagram para documentar el intento de detención.
Innumerables defensores de los derechos humanos y derechos de la población Lgbti han tenido que huir del país desde entonces, lo que representa una grave pérdida en un país con una de las legislaciones sexo y género-diversas más obsoletas de la región. Las leyes nacionales no aceptan el matrimonio igualitario, los derechos de adopción para las parejas del mismo sexo, el reconocimiento legal de las identidades trans ni protecciones integrales contra la discriminación. No hay penas claras para los delitos motivados por el odio, y las personas Lgbti se enfrentan a obstáculos sistémicos para acceder a la justicia, a una atención sanitaria libre de patologización, a una educación inclusiva y a la protección frente a la violencia institucional y policial.
Este año fue evidente la ausencia de consignas políticas manifiestas, mensajes que habían sido temas centrales en años anteriores. La mayoría de los carteles celebraban la diversidad sexual, la autonomía y el derecho a amar libremente, pero casi ninguno mencionaba la violencia que ensombrece la vida de los homosexuales en Venezuela. Pocos mencionaron a Maduro, los abusos policiales o a los activistas encarcelados. Casi nadie denunció el apoyo del Estado a las iglesias que predican contra los derechos Lgbti y de las mujeres. El silencio fue sonoro.
«No tenemos información sobre nuestra situación como comunidad vulnerable: no hay estadísticas sobre discriminación, muertes violentas, acoso, persecución o violencia contra la población LGBTQ+. Los últimos datos que encontré son de 2017», explica Santiago, poeta queer caraqueño de 27 años.
«¿Cómo se supone que la gente va a entender que nuestras vidas están en riesgo sin datos que lo respalden? Esto también es responsabilidad del gobierno hacia sus ciudadanos».
Santiago también expresó su preocupación y decepción por los mensajes compartidos en la marcha del Orgullo de este año: «Debo confesar que estoy decepcionado por lo que he visto hoy. Entiendo que queramos celebrar y sentirnos libres, pero la realidad es otra. Celebrar en este contexto parece fuera de lugar. Varias personas me han dicho que mi pancarta (que decía vidas desangradas por el odio) era demasiado negativa, pero estamos viviendo una realidad dolorosa. No quiero que me obliguen a celebrarlo. Para nosotros, la marcha del Orgullo debería ser una protesta, una revuelta, un grito de resistencia».
En años anteriores, las organizaciones monitoreaban y documentaban la violencia durante la marcha del Orgullo. Este año esa labor no se llevó a cabo formalmente, pero aun así un colectivo queer consiguió rastrear dos incidentes. «Uno procedía de una chica trans que dijo haber sido acosada verbalmente durante el desfile. El otro tuvo que ver con una pareja que se estaba despidiendo con un beso delante de su casa después del evento. Dos policías se les acercaron y les extorsionaron, acusándolos de cometer “actos lascivos en público”».
Para Antonia, una estudiante bisexual de 23 años de Barinas, llegar a la marcha del Orgullo de Caracas este año se sintió como una prueba de resistencia.
«Normalmente, el consejo estudiantil de la universidad pone tres autobuses para que podamos venir a celebrarlo, pero este año no hubo nada. Dijeron que era por falta de recursos», explica. La información era escasa hasta que se enteraron de que el PSUV, el partido gobernante en Venezuela, proporcionaría un único autobús en Barinas, además de comida y agua para ese día. A pesar de los crecientes obstáculos a los que se enfrenta el activismo queer, Antonia agradece el espacio y ve signos de progreso: «Cada año veo más representación bisexual. Más de la mitad de la población LGBTQ+ es bisexual, pero aún nos enfrentamos a mucho estigma e invisibilidad. Este año he visto muchas banderas. Incluso con todos los contratiempos, parece que más gente se está abriendo».
Desde las elecciones presidenciales de 2024, cubrir las protestas en Venezuela es cada vez más difícil. Actualmente hay más de 16 periodistas encarcelados, y la mayoría de los medios de comunicación han suspendido la cobertura sobre el terreno debido a la oleada de detenciones que se produjeron a continuación. Este año, tras el abrupto cese de la financiación de USAID, casi todos los medios de comunicación independientes han reducido o interrumpido su cobertura dentro de Venezuela, especialmente en cuestiones de género y derechos humanos. La fuerte ausencia de cobertura mediática en la marcha del Orgullo de este año no fue una coincidencia. Los periodistas sobre el terreno optaron por no llevar distintivos de prensa, por temor a ser reconocidos por las fuerzas policiales. Muchos ni siquiera estaban de pauta. Acudieron como particulares, captando momentos para sí mismos y no para publicarlos en medios o agencias.
Ana, periodista de Yaracuy especializada en derechos sexuales y reproductivos en Venezuela, explica que la mayoría de los equipos de comunicación de las ONG fueron despedidos debido a la grave escasez de fondos. “Solemos trabajar en comunicados de prensa durante el Mes del Orgullo: recopilamos datos, lanzamos campañas y ofrecemos cobertura en directo del evento”, dice. «Los portavoces acuden a las redes sociales y a la prensa. Pero este año, el riesgo para los activistas es demasiado alto. Muchos han optado por el silencio. La defensa se ha reducido al mínimo».
«La persecución de las ONG ha hecho casi imposible que dispongan de recursos y medios para ayudar a la comunidad. La prueba está aquí mismo: como pueden ver, no es ni la mitad de la gente que asistió el año pasado», dice un antiguo voluntario anónimo de País Narrado, una ONG que cerró sus operaciones el pasado octubre, durante la ola de represión sin precedentes que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio. «Por desgracia, tienes que adaptar tu trabajo a las circunstancias sociopolíticas; si no, te censuran».
País Narrado fue una de las dos ONG que cerró sus operaciones en 2024 debido a la «falta de garantías y amenazas masivas e indiscriminadas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales», como dijo Danny Toro, fundador de la ONG, al diario TalCual el año pasado. «Por eso hay menos activismo, menos participación y menor concurrencia, sobre todo de grupos minoritarios y económicamente vulnerables. La tarea que tenemos por delante es monumental», añadió el antiguo voluntario.
Además, las organizaciones LGBT no sólo se enfrentan a un Estado autoritario, sino a uno que no ha hecho nada por promover la inclusión de estas poblaciones y que, por el contrario, fomenta activamente un discurso homófobo y discriminatorio.
Pao, une adolescente no binaria, acudió a la marcha del Orgullo acompañada de su madre y su padre. «Vine porque estos espacios se han vuelto cruciales para mí. Sobrevivir como persona trans es difícil, sobre todo en un lugar como Venezuela», cuentan. «El año pasado, un profesor de religión intentó llevarme a terapia de conversión. Mi familia me acepta por lo que soy, pero eso no significa que todos lo hagan».
La madre de Pao añade: «A veces es difícil comprender por lo que pasan nuestros seres queridos cada día. En este caso, sabíamos que el comportamiento del profesor era inapropiado y le incomodaba , pero no lo reconocimos inmediatamente como terapia de conversión. En Venezuela, no es como en Estados Unidos, donde (las personas sexo y género diversas) son enviadas a campamentos. Aquí es más sutil, está normalizada y a menudo la difunden profesores, líderes religiosos e incluso personal de salud, sin que se sepa lo que es».
Carla va vestida haciendo honor a la bandera bisexual: maquillaje atrevido y un conjunto rosa y morado brillante. «Como persona queer, me siento marginada, dejada de lado, a veces incluso odiada. Y este tipo de espacio es fundamental, incluso terapéutico para mí», explica pausadamente. “No se trata sólo de nuestros derechos, sino de nuestra soledad, de nuestro derecho a sentir amor y a ser amadas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
