Entre registros y terroristas, por Nelson Freitez
Twitter: @nefreitez
Dos décadas en Venezuela de gestión de organismos del Estado de «inteligencia y contrainteligencia», civiles y militares, parecerían suficientes para que hubiesen identificado con precisión quiénes son y dónde localizar a «grupos terroristas». Agrupaciones cuyas actuaciones puedan haber perjudicado «…gravemente a un país…con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país…», tal como reza el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Los sujetos de esa ley están nítidamente identificados en los distintos «frentes» de los «grupos armados irregulares» (GAI) que la ONG FundaRedes ha venido documentando con precisión geográfica y caracterización de sus actividades delictivas, por lo menos desde la última década, difundiéndolo ampliamente. Incluso introduciendo denuncias en los órganos del Estado con competencia para la investigación criminal.
Tales GAI han extorsionado, secuestrado, ajusticiado, expropiado unidades productivas y ocupado con armas, distintas zonas del territorio nacional, con énfasis en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar. La multiplicidad de denuncias sustanciadas y presentadas en distintos órganos del poder público de tales entidades, como en medios de comunicación y redes sociales, por personas y organizaciones sociales y gremios económicos, avalan la evidente existencia y multiactividad de tales grupos.
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He allí a «grupos terroristas» de origen extranjero, cuya beligerancia ha desatado incluso un muy reciente y acentuado conflicto armado en la frontera de Apure con Colombia desde el 21 de marzo del presente año, que aún persiste y pareciese extenderse desde su foco inicial. Es tal la documentación que se ha acopiado sobre tales GAI, tal como ha suministrado en sustanciados informes la señalada ONG, ante la Fiscalía Superior del estado Táchira e incluso en la Presidencia de la República de Colombia, contemplando información sobre desplazamientos de sus efectivos y zonas de ocupación en diversos lugares del país.
De tal manera que si los «órganos de inteligencia del Estado» venezolano se dispusieran a elaborar un «registro» de tales personas «naturales y jurídicas» contarían con una fuente consistente y actualizada de información sobre «grupos terroristas».
La lógica prevaleciente en el grupo en el poder político en el país no solo evita considerar las violentas actuaciones de tales GAI contra propiedades y personas de origen nacional como «actos terroristas» sino que los considera aliados de un mismo proyecto de dominación política. Por lo cual les brinda coberturas, coordinación e insumos para sus operaciones políticas, sociales y comunicacionales y, lo más grave, les ha permitido su permanencia y movilidad durante años afectando severamente la soberanía nacional.
Por el contrario, la cúpula en el poder considera al espectro de organizaciones de la sociedad civil, independientes del control estatal y oficial, como «enemigos internos» y emite la reciente Providencia Administrativa 001-20201, en el marco de la Ley Antiterrorista, desde la cual pretende obligar a todas las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en un «registro» para demostrar que sus actividades «no propician a la delincuencia organizada ni financian al terrorismo». Por tanto, deben suministrar información sobre las poblaciones que atienden y las organizaciones que les respaldan para realizar sus labores.
Esta precalificación de «sospechosos de terrorismo» aspira convertirse en una «espada de Damocles» que en fecha inmediata (1° de mayo) pueda crear, en principio, un temor generalizado en el mundo de la sociedad civil organizada, paralizar sus labores y, posteriormente, alegando el «no registro» desatar una represión, primero selectiva a ONG emblemáticas y, luego, generalizarla a un mayor volumen de organizaciones; además de inhibir los aportes de los entes cooperantes de diversas partes del mundo, solidarios con las poblaciones afectadas por la emergencia humanitaria en el país y con la promoción y defensa de derechos humanos.
Las ONG venezolanas están claramente dedicadas a atender a miles de personas que, en la devastación generada por la emergencia humanitaria y por la cada vez más absoluta desatención del Estado, se encuentran en la inanición y la intemperie.
Un sector de estas ha documentado exhaustivamente las gravísimas violaciones a los derechos humanos y las ha presentado en diversas instancias del sistema internacional de los derechos humanos.
Esas voces son las que aspiran callar. Las que ponen en evidencia colapsos de servicios, agravamientos, fallecimientos evitables. Y las que han identificado y sustanciado cómo, bajo prácticas de «terrorismo de Estado», se ha ajusticiado, torturado y desaparecido en el país, tal como lo señala, entre otros, el informe de septiembre de 2020 de la Misión de Verificación de los Hechos del Consejo de DDHH de la ONU. Definitivamente el terrorismo está en otro lado, no es en la sociedad civil organizada dónde debe ser registrado.
Nelson Freitez Amaro es cooperativista. Sociólogo y Doctor en Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV).
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